El esperado anuncio del acuerdo final con el Fondo Monetario Internacional (FMI), cuyo texto deberá ser sometido al Congreso en una sesión crítica para el futuro del Frente de Todos, se demora. Sin embargo, el presidente Alberto Fernández pretende concretarlo antes del final de la semana o, cuando mucho, en la previa de su discurso de apertura de sesiones legislativas del martes, lo que le permitiría dotar a su mensaje del contenido que necesita de manera imperiosa: el de una refundación, una hoja de ruta para encarar una segunda mitad de mandato apenas suficiente para dejar su impronta.
“Está casi listo, quedan pocos detalles por cerrar”, le dijo a Letra P una fuente oficial con conocimiento de los entresijos de la negociación con el Fondo. Sin embargo, aclaró de inmediato que dichos “detalles” pueden ser pocos en número, pero no en importancia. El más importante de ellos es el futuro de las tarifas de servicios públicos, con la consiguiente reducción de subsidios para iniciar el viaje de ida hacia el equilibrio fiscal y el test que eso supondrá para la unidad del Frente de Todos.
El Presidente, cuya relación con el cristinismo es hoy particularmente tensa, entiende que la reciente difusión de un borrador que plasmaba el estado de las conversaciones fue una zancadilla de ese sector para condicionar el formato final del entendimiento. Desde la otra orilla –sí, sorprende hablar de facciones tan marcadas cuando se trata de una alianza que tiene en sus manos el futuro del país y, además, está integrada por corrientes internas de un mismo movimiento político– lanzan sospechas de que, en verdad, Alberto lo hizo: la idea, afirman, fue mostrar condiciones más duras del organismo para que, comparadas con el resultado final, la tarea de Martín Guzmán luzca más apegada al interés nacional. ¿Quién dirá la verdad? Por ahora, vot 1.
El tema de las tarifas es acuciante y concentra en estas horas la negociación a tres bandas con el FMI, que tiene como protagonistas al propio organismo, al peronismo instalado en la Casa Rosada y al sector que responde al Instituto Patria. La dinámica es dual: Fernández acuerda hacia adentro y Guzmán trata de vender ese resultado afuera. O viceversa.
La cuestión es espinosa. Según la mencionada filtración, el FMI imponía un aumento de las tarifas de servicios públicos del 60% promedio, mientras que el Gobierno hasta ahora había anunciado apenas 20%. Las puntas parecían muy alejadas y el Fondo no deja de advertir a los negociadores argentinos que cualquier actualización debe tener en cuenta la inflación crucero del 50% vigente. La respuesta de Guzmán ha sido la ya famosa “segmentación”.
Ese fue el motivo de uno de los primeros cortocircuitos serios que se recuerdan entre albertismo y cristinismo, que salió a la luz en mayo del año pasado, cuando el subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo, desautorizó públicamente a su superior jerárquico al limitar al 9% subas tarifarias que este pretendía mucho mayores.
Desde el Gobierno se filtró entones que Guzmán había obtenido del Presidente el aval para deshacerse de ese funcionario molesto, pero la reacción del cristinismo hizo que Basualdo quedara atrincherado en su silla. El ministro dijo y repitió desde entonces que la demora de este último en poner en marcha el esquema de segmentación tarifaria había sido superado y que pronto se verían los resultados de “un trabajo de dos años”.
Lo que se ha conocido en la materia, sin embargo, no parece tan sesudo. En efecto, la imposición progresiva de aumentos mayores al promedio o del pago de tarifa plena en barrios acomodados de la Ciudad de Buenos Aires y en los barrios cerrados del Gran Buenos Aires es algo que cualquier persona podría definir pintando de rojo un mapa del AMBA. Realmente no hacen falta dos años para una tarea semejante.
Ahora, cuando el cristinismo se planta en 20 y el FMI pide 60, quedan expuestas las insuficiencias de un mecanismo rudimentario. Sin un avance sobre usuarios y usuarias, ya sea residenciales como empresariales, de mayor poder adquisitivo que no están radicados y radicadas en zonas acaudaladas, será muy difícil juntar esas puntas dispares. Asimismo, pueden ya escucharse, por anticipado, las quejas de personas que sí habitan en ellas aun cuando su capacidad económica es limitada.
La interna feroz del Frente de Todos solo ha estado disimulada en este tema sensible y hoy se advierte en toda su dimensión la medida en la que eso ha entorpecido la gestión.
¿Habrá fumata blanca con el Fondo? Se supone que sí, pero esas carencias mencionadas –no resueltas cuando debía ser– harán que las heridas solo se profundicen entre las facciones de Todos. El tratamiento en el Congreso del acuerdo para la refinanciación de la deuda de 44.500 millones de dólares con el organismo puede deparar sorpresas tan ricas para el análisis político como preocupantes para el futuro de la gobernabilidad.
