LA PLATA (Corresponsalía Buenos Aires) El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires rechazó este lunes la decisión del presidente Alberto Fernández de pagar con bonos los fondos coparticipables, después de que la Corte Suprema de Justicia ordenara restituirle un porcentaje quitado en 2020. La postura surgió después de una reunión de emergencia en la sede de Uspallata, en la que el alcalde Horacio Rodríguez Larreta y sus funcionarios anunciaron el envío de un nuevo escrito al máximo tribunal denunciando el incumplimiento de la medida. En paralelo, la administración de gobierno de la Ciudad aseguró que se instruyó al procurador general, Gabriel Astarloa, para que inicie una demanda penal contra los funcionarios responsables de ejecutar la cautelar, entre ellos, la presidenta del Banco Nación, Silvina Batakis.
“La Corte resolvió que se entregue al gobierno porteño el 2,95% de los fondos coparticipables. La sentencia no afecta los fondos que reciben las provincias. Además, los recursos de la coparticipación son extrapresupuestarios, se deben transferir diariamente y no pueden ser reemplazados discrecionalmente por otra forma de financiamiento. Tal como lo establecen las normas republicanas en un país con división de poderes, los fallos se cumplen, no se interpretan”, aseguró el gobierno porteño a través de un comunicado.
Además de Batakis, se estima que los otros funcionarios y funcionarias que podrían ser denunciados por el Gobierno de la Ciudad son el jefe de Gabinete, Juan Manzur; el ministro de Economía, Sergio Massa; el procurador general del Tesoro, Carlos Zannini; y otras autoridades del Banco Nación, la entidad responsable de realizar las transferencias automáticas de la coparticipación a la administración porteña.
Más temprano, en un hilo de Twitter, el presidente Alberto Fernández había anunciado que le pagaría con bonos una parte de los recursos por coparticipación que la Corte ordenó restituirle a la Ciudad, mientras disponía de acciones legales para batallar contra el fallo del máximo tribunal, que, sostiene, se excede en sus funciones y viola la división de poderes. “Instruí a la JGM (Jefatura de Gabinete) para que reasigne los únicos recursos disponibles del ejercicio 2022 y los transfiera a una cuenta del Banco Nación a nombre del GCBA (Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires)”, había dicho el mandatario por la mañana.
En el mismo mensaje, había aclarado: “Dicha transferencia comprenderá, en bonos, el dinero correspondiente a 90 días de vigencia de la medida cautelar, a la espera del fallo definitivo, o a una ley del Congreso que le asigne a este pago los recursos presupuestarios pertinentes”.
Uno de los primeros en rechazar la decisión de la Casa Rosada fue el ministro de Gobierno porteño, Jorge Macri. “Las sentencias no se discuten, se cumplen, y la Corte ordenó restituir los fondos. Pero, como siempre, el Presidente hace todo a medias. Pagar con un bono a 90 días es seguir perjudicando a la gente. Gobiernen con seriedad”, chicaneó vía redes sociales.
Quien sí celebró la decisión de la administración central por acatar parte del fallo de la Corte fue la exministra de Seguridad Patricia Bullrich, quien aseguró que “el gobierno no pudo romper el Estado de derecho de la Argentina”. Con esto, confirmó también que retiraría la denuncia por “sedición y traición a la patria” contra Fernández y 17 gobernadores que apoyaron la decisión de no acatar el fallo que ordena devolver fondos a la Ciudad.
Larreta salió a comunicar su decisión luego de una reunión de emergencia realizada en el edificio de Uspallata, luego del anuncio del Presidente sobre la utilización de bonos para cancelar parte del pago que dictaminó hacer el máximo tribunal.
