Las disputas del Frente de Todos (FdT) con la Justicia generaron este martes un nuevo capítulo, luego de que el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, rechazara un pedido de audiencia con legisladores del oficialismo que hace una semana solicitaron una reunión privada, para tratar la actualidad del Consejo de la Magistratura, uno de los temas que divide aguas entre los diferentes poderes del Estado.
Rosatti recurrió al Reglamento para la Justicia Nacional y al expediente en trámite que tiene el senador cordobés Luis Juez -quien judicializó la demora en su nombramiento como delegado del Poder Legislativo ante el Consejo de la Magistratura- para rechazar este martes el pedido de audiencia que firmaron las senadoras Juliana di Tullio y Lucía Corpacci junto al presidente del bloque oficialista en la Cámara de Diputados, Germán Martínez.
El presidente de la Corte, que abrió una disputa política con el oficialismo luego de declarar como inconstitucional la reforma del Consejo de la Magistratura que aprobó el kirchnerismo en 2006, apeló al artículo 72 del Reglamento, que sostiene que "cuando los litigantes y profesionales soliciten audiencia con alguno de los jueces del Tribunal, ella tendrá lugar siempre que dichas personas obtengan la presencia de la contraparte o de su letrado en la causa contenciosa de que se trate".
En este contexto y con el reglamento como argumento, Rosatti apeló al amparo que presentó el senador Juez y que todavía tramita la justicia en lo Contencioso Administrativo Federal para rechazar la reunión privada con la delegación del peronismo oficialista.
Ante la decisión del magistrado, la senadora Di Tullio, publicó en sus redes sociales: "La Corte Suprema de Rosatti va a decidir sobre nuestras decisiones violando la independencia del Poder Legislativo; esas decisiones van a afectar a terceros, contrariamente a lo que falló esa misma Corte hace un año, pero se niega a recibirnos".
El diputado Martínez escribió en Twitter: "Democrático el Supremo Rosatti. Declaró inconstitucional una ley del Consejo de la Magistratura, que llevaba 15 años. Emplazó al Congreso. Repuso una ley derogada. Invadió competencias legislativas. Paralizó al Consejo. Y no concede una audiencia. ¿Calidad institucional? Bien gracias".
De esta manera, el oficialismo sumó un nuevo round a su pelea con el Poder Judicial, luego de que de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner fuera condenara a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en la causa Vialidad, y la que el FdT denuncia como "amañada" para proscribir políticamente a la expresidenta.