Decir que la disputa sobre la composición del Consejo de la Magistratura es un tema que le interesa a la cúpula política del país y resulta ajena a los intereses inmediatos de una población agobiada es decir solo media verdad. No hay duda de que la ciudadanía de a pie así lo siente y que ese es un dato que la dirigencia debería evaluar cada vez que se ensimisma en sus reyertas. Sin embargo, aunque no se lo perciba de ese modo en la calle, la forma en la que se compone y actúa el organismo encargado de nombrar y remover a los jueces y a las juezas es de importancia vital para el sistema democrático. La mala noticia es que ni eso está exento de controversia en el país de la crisis permanente.
"La Corte falló contra la maniobra de Cristina Kirchner para sumar un lugar en el Consejo de la Magistratura", tituló Clarín. "La Corte le marcó un límite a Cristina y agregó otra preocupación a su frente judicial", señaló La Nación. "Voto cantado de la Corte Suprema: revocó la designación del senador Doñate en el Consejo de la Magistratura", estimó Página/12. Los matices de los medios más importantes no es lo que debería sorprender, porque las diferencias de línea editorial son naturales. Lo grave es que, 28 años después de la creación del organismo, no exista un consenso de los actores del sistema sobre cómo se lo debe conformar, cuáles son los límites tolerables para las picardías y que el principal tribunal del país laude esas disputas con las cartas marcadas.
Con tres votos –Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda– contra uno, el tribunal que debería tener cinco miembros sentenció que Martín Doñate nunca debió incorporarse al Consejo como representante por la segunda minoría del Senado y que ese lugar corresponde a Luis Juez, de Juntos por el Cambio. Aquello fue, en verdad, una picardía del peronismo al filo del reglamento, que dividió su bancada fingiendo diferencias de criterio solo para quedarse con la mayoría y la segunda minoría del cuerpo legislativo y sus respectivos representantes en el Consejo.
La queja del Frente de Todos se parece a los gestos que Wanchope Ábila les dedica a los jueces de línea cada vez que lo pescan en su pecado recurrente de la posición adelantada.
Sin embargo, hay que recordar que esa movida fue una respuesta a otra decisión de la Suprema Corte, que en diciembre último se dio cuenta de que una ley –¡de 2006!– que había ampliado de 13 a 20 el número de miembros del organismo que regula el Poder Judicial era inconstitucional.
La política y la administración de justicia –lamentablemente, tantas veces son lo mismo– generan disputas en las que todos y, a la vez, nadie tiene la razón. El problema es que, más allá de grietas ideológicas y modelos económicos en pugna, también la institucionalidad argentina carece de los mínimos consensos sobre sus reglas de juego. Igual, como el Consejo de la Magistratura está paralizado sine die, no hay de qué preocuparse. ¿O sí?
En efecto, con Rosatti a la cabeza, el organismo no funciona, no cubre vacantes y, por caso, no formaliza a los ganadores de concursos que deberían reemplazar a los interinos vitalicios Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi en la Cámara Federal porteña que tiene a maltraer a la vicepresidenta. Juez y parte, Rosatti es a la vez presidente del Consejo y miembro de la Corte que toma decisiones sobre su conformación… ¿Está bien eso?
En ese sentido, cabe prestarle atención esta vez a lo que dijo el supremo que se expresó en minoría, Ricardo Lorenzetti, quien señaló que atender la cuestión de la falluta división del bloque de Todos suponía una intromisión de un poder sobre las atribuciones de otro.
¿Y dónde está el referee?
De modo esperable, Juntos por el Cambio celebró el fallo y exigió su inmediato cumplimiento, lo mismo que el interesado directo, Juez. De modo esperable también, el peronismo amenaza con un escándalo.
El bloque del Frente de Todos en el Senado se presentará este miércoles para señalar que el fallo de la Corte es inaplicable e intrusivo en las facultades de la Cámara alta, lo que derivará en un choque de poderes y ya levanta amenazas –inocuas– de juicio político.
