ROSARIO (Corresponsalía Santa Fe) Una disputa empresarial y gremial por el millonario servicio de la carga de embarques agita el corazón agroexportador en el Gran Rosario. La estiba es un negocio suculento en los puertos de la región que desde hace un par de años emprende una pulseada no sólo comercial sino también política. Esta última semana se reactivó la discusión por la torta de la actividad entre dos empresas privadas, la cooperativa que históricamente monopolizó los servicios y el sindicato de trabajadores, poniendo en alerta al negocio agroexportador por trasladar la pelea de la Justicia a los muelles.
La última noticia es que el Ministerio de Trabajo de la Nación decretó la conciliación obligatoria para que el Sindicato Unidos Portuarios Argentino (SUPA), que opera en Puerto General San Martín y Timbúes, dos localidades del norte del cordón industrial del Gran Rosario donde se ubican cerealeras y aceiteras como Dreyfus, Bunge, AGD, Cargill, ACA, COFCO, Renova, levante las medidas de fuerza. Sin embargo, la situación no se reduce a un mero reclamo gremial, que desde este lunes atrasó embarques, sino que deja entrever una extensa novela de fondo.
Es preciso comenzar por recordar que el actor central de la estiba durante décadas fue la Cooperativa de Trabajo Portuarios Ltda. que dirigió Herme Juárez, quien a su vez atendía del otro lado del mostrador como secretario general del SUPA. Es decir, era la patronal y el líder gremialista a la vez. “Vino Caliente” fue una presa fácil para las fauces político-judiciales que enfocaron contra sindicalistas en los últimos años del gobierno de Mauricio Macri y quedó preso.
Allí se abrió una ventana y derivó en una puja por quedarse con el negocio, momento en que entró en juego la empresa Milisenda y Servicio y Asesoramiento Portuario (SAP). Si bien la Cooperativa ofrecía un buen servicio, estas dos ingresantes al negocio lo hicieron con una zanahoria: pesificaron y bajaron la tarifa. Música para los oídos de las cerealeras. El sindicato acusó a las firmas de lograr ese incentivo a costas de los aportes y obligaciones laborales.
Una vez que la intervención de la cooperativa finalizó, con Juárez fuera de la estructura y con nuevos dirigentes, asomó la discusión por los contratos por el estibaje. Esta temporada hubo menor movimiento por la sequía, por lo que la disputa fue intensa. La cooperativa quiso rememorar aquellos años de monopolio absoluto, pero Milisenda y SAP ya estaban dentro del negocio. Por eso, en el ámbito privado se habló con suspicacia acerca de la denuncia del SUPA en los tribunales federales de Rosario por el no pago de tasas de las firmas rivales de la cooperativa, y solicitando cautelares para que no puedan operar.
A principios de octubre logró su cometido, pero semanas después las privadas dieron vuelta el fallo en segunda instancia y el sueño del retorno al monopolio se truncó. Allí es cuando se picó toda la historia. El SUPA sostiene su reclamo por los supuestos incumplimientos previsionales de las firmas privadas de estiba, mientras que enfrente lo niegan rotundamente y denuncian maniobras para correrlos del medio.
La semana pasada todo se movió entre asambleas. De hecho, consultado por Letra P, el presidente de la Cámara de Puertos Privados Comerciales, Luis Zubizarreta, descartó tensión gremial. Este lunes el tono cambió: el sindicato avisó que presionaría con medidas de fuerza en las terminales portuarias y todo empezó a oler a caucho quemado. Por eso intervino Trabajo. Además se agendó una reunión entre la cámara empresaria y el SUPA para este jueves. Según averiguó este medio, al ser una disputa con un trasfondo denso, no parece haber una solución terminante como sucede con los reclamos salariales.
