23|11|2022

Sin la utopía de la estatización, el Gobierno sigue de cerca el futuro de Edesur

23 de noviembre de 2022

23 de noviembre de 2022

Habrá controles para garantizar inversiones durante el proceso de venta. Los intendentes del conurbano también piden garantías. La deuda con Cammesa es clave.

El anuncio de la salida del grupo italiano Enel de la concesión en poder de Edesur abrió una carrera para el ingreso de un nuevo jugador en el territorio sur de la región metropolitana, con más de 2,5 millones de usuarios. Por esa densidad, el Gobierno estará detrás de cada uno de los movimientos, debido a que se trata de un negocio que requiere de inversiones con recupero a mediano plazo, expertise para el desarrollo de las prestaciones y un nivel de negociación política para atender las necesidades de un negocio con precios regulados por el Estado y con fuerte impacto en el humor social. Ese escenario puso condiciones de prioridad y conveniencia en el acuerdo entre privados, pero que deberá pasar el filtro del equipo económico de Sergio Massa.

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Hay una quincena de empresas argentinas que están en condiciones de qudarse con el millonario negocio de Edesur, una firma que aún le queda una extensa concesión de la prestación de servicio de la distribución de la energía eléctrica en una región que representa alrededor del 25% del consumo del país, concentrado en apenas una porción de la provincia de Buenos Aires. Para el mundo de los negocios, se abrió una gran expectativa ante la posibilidad de que un grupo nacional se quede con el manejo que siempre estuvo en manos extranjeras. Aunque el precio de las acciones todavía no está definido, en total, la italiana pretende recuperar activos por 21.500 millones de euros con sus salidas de Rumania, Argentina y Perú. En este último país, los negocios son rentables, aclararon fuentes de la empresa consultadas por Letra P. Pero en Argentina, las inversiones son diversas, como centrales eléctricas y termoeléctricas.

 

La nacionalización de la distribuidora es una utopía. Si bien Edesur acumula deudas con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) por 120.000 millones de pesos, lo que significa poco menos de un año de facturación, el Estado sólo tiene un cuarto de la participación en la empresa encargada de venderle a las distribuidoras la electricidad que generan las mayoristas. “Puede haber un esquema de participación de directores del Estado en una nueva empresa, pero no es algo que se evalúe por estas horas”, admitió una fuente del gobierno consultada por este portal. Esa opción es un viejo reclamo de los intendentes del conurbano, que quieren ganar terreno en las decisiones de inversiones con una mirada política. Sin embargo, choca también con los condicionamientos que impuso el nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

 

Los jefes municipales se encuentran en la línea de fuego ya que cuando se disparan los consumos eléctricos, en invierno y verano, aparecen los apagones cotidianos. "El primer día, las quejas van contra Edesur. En el segundo, también. Pero sin solución, desde el tercer día las protestas se enfocan en los intendentes, quienes no tienen ningún poder de cambiar las cosas. Por eso los funcionarios municipales encabezan las protestas y piden la estatización del servicio", destacó una fuente cercana a un  referentes peronistas del conurbano bonaerense.

 

"Como vecinos es una batalla que no nos es ajena, que cada uno desde su lugar la venimos llevando hace muchísimos años. Lo importante es marcar que, más allá de que como militantes y representantes de diferentes instituciones le venimos poniendo el cuerpo, desde la gestión de Martín Insaurralde y de todo su equipo tenemos la decisión política de dar todas las batallas que sean necesarias para lograr dos cosas fundamentales: el restablecimiento del servicio y también la revisión del contrato que brinda Edesur, que no pasa ningún análisis técnico", sostuvo en enero de este año la intendenta interina de Lomas de Zamora, Marina Lesci, en una marcha que vecinos y funcionarios del populosos distrito del sur del conurbano bonaerense realizó a las oficinas que la empresas eléctrica tiene en pleno centro de la ciudad.

 

Las críticas a Edesur tienen origen en el Instituto Patria, desde donde le pusieron freno a los reclamos de actualización de tarifas que hicieron las concesionarias de la distribución eléctrica. De hecho, fue un foco de tensión que tuvo el exsecretario de Energía Eléctrica Federico Basualdo, cercano a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, con el exministro de Economía, Martín Guzmán. El propio Sergio Massa buscó ponerle límites a Edesur y Edenor con la fijación de tasas ajustadas por el costo del servicio eléctrico ante los incumplimientos de pago con Cammesa. Las concesionarias pagaban en torno al 50% de intereses por atraso, pero tenían la posibilidad de darle un rendimiento del 75% en plazo fijo.

 

Un funcionario de alto rango en la Secretaría de Energía le confió a Letra P que "ahora entra en juego un rol más activo en el control de las inversiones y del cuidado de los activos de Edesur ya que, ante el proceso de desinversión, que no llevará menos de ocho meses, el temor es que se dejen de cambiar cables, comprar transformadores e incluso dejar distintos recursos de la empresa en situación de obsoletos una vez terminada la participación de Enel en Edesur".