La decisión de la empresa Enel de poner en venta a Edesur tomó por sorpresa a propios y a extraños. Los dueños del grupo italiano enviaron, durante la madrugada del martes, la comunicación oficial y abrieron un proceso que tendrá al Gobierno con plena atención sobre la llegada de un nuevo cuadro accionario. Lo llamativo fue que el presidente Alberto Fernández y su gabinete se enteraron de la situación a través del comunicado que la dueña de la distribuidora de energía eléctrica que opera en el sur del AMBA envió primero a los medios de comunicación y, luego, a la Comisión Nacional de Valores (CNV).
"En cumplimiento de las normas vigentes, tengo el agrado de dirigirme a Uds. en mi carácter de apoderada de Empresa Distribuidora y Comercializadora Sur Sociedad Anónima (“EDESUR”), a fin de confirmar que, en el día de la fecha, la sociedad controlante Enel SpA ha presentado su plan estratégico para el periodo 2023-2025. En dicha presentación -entre otros aspectos- anunció como parte de su proceso de transición energética, la intención de desinvertir en ciertos activos de su propiedad, entre los cuales hizo referencia a Argentina", señaló la comunicación, como Hecho Relevante, en la CVN.
Las fuentes del Gobierno contactadas por Letra P confirmaron que la empresa había dejado algunas señales de sus intenciones de desinvertir, pero "no era nada firme ni tampoco confirmado". Tal fue la desconexión de los últimos días, cuando se tomó la decisión en Milán, que el comunicado de prensa se conoció en la Argentina durante la madrugada y se difundió en los medios de comunicación local durante la mañana del martes, apenas un rato después de finalizado el partido en el que Arabia Saudita derrotó a la Argentina por la copa del mundo que se desarrolla en Qatar.
"El proceso llevará tiempo, debido a que Edesur tiene una deuda financiera importante que tendrá que negociar con la empresa que quiera tener el control de las acciones. Todo deberá ser presentado ante el Ente Regulador de Energía (ENRE), el organismo que dará la conformidad para que se aplique un acuerdo", aclaró una fuente de la Secretaría de Energía consultada por este portal. De hecho, destacó que, "por tratarse de un servicio concesionado que tiene precios regulados, el proceso es central para el Gobierno, ya que dependen millones de personas de su funcionamiento".
Enel contempla dejar para fines de 2023 su operación en Edesur, como también en las centrales térmicas Generación Costanera y Dock Sud. También incluye a la central hidroeléctrica El Chocón-Arroyito, a pesar de que, la semana pasada, el gerente general de la empresa, Daniel Garrido, le había adelantado a Diario Río Negro la intención de renovar la concesión, que vencerá en agosto del año próximo. "Puede haber una renovación, que se incluya en la negociación; o bien una extensión de la concesión. Son alternativas que se evalúan", señaló la fuente gubernamental.
La falta de una comunicación directa con el gabinete económico desnudó la fría relación que mantenía la empresa con el Gobierno, quien debía decidir, entre otras cosas, por la continuidad de la concesión de El Chocón. De hecho, el contacto con las empresas de energía se había congelado durante el debate del plan de segmentación, en medio de una división de aguas dentro del oficialismo que encontró su punto máximo de tensión con el enfrentamiento entre el exministro de Economía Martín Guzmán y el entonces subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo. Esa situación dejó al margen del debate a las empresas, que preveían conflictos en la implementación del programa de quita y reducción de subsidios exigidos por el Fondo Monetario Internacional (FMI) en el acuerdo de renegociación de la deuda externa.
La llegada del ministro Sergio Massa, que ubicó a Flavia Royón en Energía, desactivó las internas, pero mantuvo las tensiones del sector kirchnerista que permanece en esa área con la controladora de Edesur. Sucede que los funcionarios que responden a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner se hacen eco de los constantes reclamos de los intendentes del sur del conurbano bonaerense por deficiencias en el servicio de distribución, que cuenta con 2,5 millones de usuarios.
Por eso, el jefe del Palacio de Hacienda seguirá con atención el proceso de ofertas y negociaciones entre la italiana Enel y los interesados por controlar Edesur, aunque "el Gobierno no intervendrá en las relaciones entre privados", aclaró la fuente consultada. El anuncio de la desinversión llegó justo cuando se implementará en todas las prestaciones energéticas la segmentación que eliminará, en partes o de manera total, los subsidios del Estado. Esa decisión, sin embargo, no mejoraba el cuadro económico y financiero de las empresas, según aclararon desde una de las firmas del mercado.
En el Capital Markets Day que realizó este martes en Milán, la compañía estatal italiana anunció que lanzará un plan de venta de activos por 21.000 millones de euros, saliendo de mercados como Argentina, Perú y Rumanía, para reducir su deuda, incluyendo en estas desinversiones la cartera de su negocio de gas en España, donde es la principal accionista de Endesa con una participación del 70%, y argumentó: "Los últimos tres años se han visto afectados por el efecto combinado del brote de COVID-19, los conflictos geopolíticos y los fenómenos meteorológicos extremos relacionados con el cambio climático".
