Con la luna de miel acortada, Sergio Massa entendió la indirecta no tan solapada de Cristina Fernández de Kirchner: después de cerrar los 25 días del régimen de dólar soja, con la venta de la cosecha por U$S 8.123 millones, y mientras prepara el anuncio del dólar tech, el ministro de Economía arma una agenda para esta semana con el foco puesto en lo social. Con el slogan del Quini 6, el bono para combatir la indigencia "sale o sale", auguran en la Casa Rosada.
El calendario de Massa, que en la Cámara de Diputados se jactaba del mote de "El señor de los Alivios", comenzará este martes con un acto en Malvinas Argentinas junto al presidente Alberto Fernández. En el Palacio de Hacienda evitan adelantar la letra chica del anuncio, pero sí anticipan que será sobre la tarifa social para clubes de barrio. También estará sobre el escenario del ministro de Turismo y Deporte, Matías Lammens. El fin de los subsidios está cerca: este fin de semana, la secretaria de Energía, Flavia Royón, contó que un 35% de los hogares no lo solicitaron y dijo que un 40% de ese porcentaje podría anotarse. "El objetivo es que todos se inscriban, incluyendo aquellos que tengan tarifa social", señaló la funcionaria, en declaraciones al programa radial "Toma y Daca" en AM 750.
En el horizonte inmediato, el ministro se anotó dos encuentros para terminar de definir "una ayuda económica a sectores vulnerables". Si bien aún no hay fecha, el tigrense tiene previsto reunirse con la titular de la ANSES, Fernanda Raverta, y con el ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta. En el círculo íntimo del intendente de Hurlingham en uso de licencia no confirman la cita. En los últimos días, el entorno de Zabaleta anticipó un posible regreso al municipio para preparar la antesala electoral 2023. El preaviso dejó en Balcarce 50 la sensación de que podría haber un recambio ministerial en ciernes, que no solo se limitaría a esa cartera.
Ajeno a los rumores, el ministro estuvo en el auditorio que escuchó a Máximo Kirchner: el diputado, que no hablaba en público desde el intento de magnicido de su madre, hizo desde Morón un virtual lanzamiento de campaña frentefodista. "Les vengo a pedir nada de miedo, todo coraje, nada de odio, todo amor; a organizarse, a militar; a preguntar cómo está el otro, la otra; a dar un paso hacia adelante para los que quieren volver atrás, otra Argentina es posible", arengó, con slogan incluido.
Después del hilo de Twitter de CFK con tirón de orejas para Massa, se esperaba que en el discurso del titular del PJ bonaerense, colmado de acusaciones contra la cúpula del PRO, se colara algún mensaje interno cifrado. Así fue: "La pregunta que me hacía es por qué nuestro país fue puesto de rodillas por las cerealeras a las que hubo que generarles otro dólar para que liquidaran lo que se produce en nuestro suelo", fue la queja por elevación, además de ponerse del lado del sindicato SUTNA en el conflicto de los neumáticos que puso en vilo al oficialismo la semana pasada. El team massista se había inclinado más por los empresarios del caucho. "No puede ser visto como un drama cuando planteamos cuestiones que no funcionan bien de nuestro gobierno", intentó desdramatizar.
El bono para los sectores más marginados está en la galera hace semanas. La promesa massista de anunciarlo aplacó los ánimos cristinista y también los de Juan Grabois, que desactivó la salida del Frente Patria Grande del bloque del oficialista en la Cámara de Diputados. En el decreto del dólar soja quedó plasmado que parte de lo recaudado ayudaría a financiarlo, sin el porcentaje final que es pieza de actual negociación entre la vicepresidenta y el ministro.
Sin Salario Básico Universal (SBU) en la mesa, una idea que Martín Guzmán y Silvina Batakis ya habían desechado, el camino quedó allanado para la concreción del proyecto que redactó la senadora Juliana Di Tullio, titular del bloque Unidad Ciudadana. Mientras el SBU proponía que un universo de 7,5 millones de personas recibiera 14 mil pesos, el texto más factible de la dirigente cristinista sellaba una prestación equivalente a la canasta básica alimentaria (15 mil pesos), con un costo fiscal del 0,09% para este año, para 1,7 millón de beneficiarios.
