Se lo esperaba, pero los tiempos se precipitaron: el 1 de noviembre, Jorge Ferraresi dejará el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat para volver a la intendencia de Avellaneda y tratar de alambrar ese territorio importante del conurbano bonaerense para las elecciones del año que viene. Antes de él había hecho lo propio Juan Zabaleta para regresar a Hurlingham y se espera que en el primer bimestre Juan Manzur haga lo propio para dar pelea junto a Osvaldo Jaldo en Tucumán.
El gabinete nacional ha dejado de ser vidriera y el manejo de cajas importantes ya no asegura la construcción de prestigio y poder. Ante efectos de un ajuste fiscal que comenzarán a notarse más y más –incluso desde esta misma semana–, el Frente de Todos da señales inequívocas de desconfianza respecto de la suerte que podría caberle en la disputa más grande, la presidencial. En ese sentido, Clarín cita una encuesta que le pone números a un temor que se encuentra en los diálogos sin repreguntar demasiado: ¿si el ballotage de noviembre de 2023 fuera entre Juntos por el Cambio y el sector libertario?
El panperonismo ve cómo varios de sus referentes importantes se refugian en lo local para hacer control de daños. No hay forma de entender la tendencia sino como una señal de debilidad que se derrama.
El reemplazo y el juego de espejos
La cartera que deja Ferraresi quedará en manos de Santiago Maggiotti, intendente de Navarro en uso de licencia y quien ya prestaba servicios en el ministerio. La continuidad de políticas parece asegurada.
Sin embargo, el reflejo del peronismo de defender lo defendible no solo se da a nivel nacional. También se replica más abajo y Axel Kicillof también podría ver como se le vacía el gabinete. La desconfianza se extiende como una mancha de aceite.
Falta un año exacto para que se abran las urnas, pero la necesidad de evitar que el dólar y la inflación se escapen más y generen un estallido político obliga al Gobierno a tomar medidas de ajuste que se dan de bruces con los tiempos políticos. He allí la causa principal del desaliento peronista.
En los próximos días comenzarán a llegar a 5,5 millones de hogares y negocios facturas de luz con quita de subsidios y lo propio ocurrirá con 3,7 millones respecto de las de gas. El disgusto de muchas familias impactará también en los números de inflación, que engrosarían 0,3 punto porcentual el índice de octubre. La vida no transcurre en ese concepto ambiguo que es "la Nación", sino en los territorios. Hacen bien los intendentes en uso de licencia de velar por sus intereses en sus pagos chicos.
Según un estudio elaborado sobre el proyecto de Presupuesto 2023, que tendría esta semana sanción en la Cámara de Diputados, la partida destinada a educación sufriría un recorte del 15%. Roberto Baradel le pedirá explicaciones a Sergio Massa y ya anticipó el rechazo de Suteba.
Si, como afirman Gobierno y oposición, el ajuste es inevitable, todos los sectores deberían sufrir sus consecuencias con el mayor criterio de equidad posible. Todo, sin embargo, tiene una excepción, que una vez más es el Poder Judicial, dueño de la interpretación de la Constitución y las leyes y, claro, de la defensa inexpugnable de sus propios intereses. La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional visitará este lunes a la Corte Suprema para bloquear, antes de que nazca, la introducción en el Presupuesto de la obligatoriedad de que los jueces y juezas paguen, como si fueran personas normales, el impuesto a las Ganancias. Parece que no lo son porque no será así.
La escasez y el conflicto
Para muestra del nivel de complejidad del escenario que enfrente el peronismo basta el planteo salarial del sindicato de Camioneros, que consta de un pedido de aumento del 131%. Pese a un artículo de la "ley de leyes" que mejora la posición de sus afiliados en materia de Ganancias, Pablo Moyano desespera a Kelly Olmos y se muestra inflexible. “Si (los empresarios) vienen con un 130% y medio, lo analizaremos", prometió.
