La hoja de ruta del tratamiento en comisión del proyecto de Presupuesto 2023 dentro de la Cámara de Diputados parecía avanzar sin sobresaltos: dictamen de mayoría para el lunes 24 y una sesión prevista para el miércoles y jueves de la semana próxima con un inédito intervalo nocturno. Sin embargo, una controversia pondrá a prueba los acuerdos que se estaban tejiendo entre el Frente de Todos (FdT) y Juntos por el Cambio (JxC). La diferencia no saltó por un tironeo entre las dos principales fuerzas del recinto, sino por una polémica pública entre el bloque de la Unión Cívica Radical (UCR), que salió a cuestionar un proyecto impulsado por la Coalición Cívica (CC) para terminar con el Régimen de Promoción Industrial de Tierra del Fuego, que funciona desde 1972 mediante la ley 19.640.
La iniciativa ingresó la semana pasada y lleva la firma de las ocho diputadas y los tres diputados de la Coalición Cívica. Este lunes por la noche, luego de una reunión interna que mantuvo el bloque de la UCR con distintos economistas, el Comité Nacional del partido, que preside el gobernador jujeño Gerardo Morales, salió con un comunicado a rechazar "en forma tajante" el proyecto. Anticipó que les dio a sus legisladoras y legisladores una instrucción precisa: "No se le prestará consideración ni acompañamiento alguno".
La áspera respuesta radical a sus socios de la Coalición Cívica desnudó el debate interno que hay dentro de JxC sobre los enfoques respecto al Presupuesto 2023. El plan de cuentas nacionales para el próximo año también fue acompañado por una "separata", donde el Ejecutivo propuso revisar todas las exenciones impositivas y beneficios fiscales que otorga el Estado federal como una posibilidad de echar mano a esas partidas para enfocar el recorte de recursos.
El tema fue mencionado por el ministro Sergio Massa cuando se presentó ante la comisión de Presupuesto, que preside Carlos Heller. Lo planteó como una forma de que las personas beneficiadas se vean obligadas a revalidar y explicar los gastos tributarios que les dedica el Estado. Desde entonces, no hubo un sólo movimiento en ese sentido del oficialismo y tampoco de la oposición para tomar ese guante. Hasta que la Coalición Cívica metió ese proyecto la semana pasada.
Este lunes, ante la respuesta del radicalismo, el partido que fundó Elisa Carrió hizo su descargo. En otro comunicado, el espacio aseguró que dará "todos los debates" para "terminar con los privilegios que se financian con el dinero de todos los argentinos". "Quienes piensen que el federalismo y la soberanía nacional se ponen en juego por la eliminación de un régimen que no es más que un esquema de subsidio desde millones de consumidores de todo el país a un par de empresarios, deberían revisar sus conceptos de federalismo y soberanía", disparó la fuerza que preside el diputado Maximiliano Ferraro.
Con la intención de anular el régimen de promoción industrial fueguino, la CC busca tomar la propuesta de Massa de meterse en los gastos tributarios. La separata no hizo crujir los acuerdos del oficialismo, sino de la oposición. Según pudo reconstruir Letra P, el gobernador Gustavo Melella sigue el tema, pero no estaría en estado de alerta debido las garantías que le habría dado el ministro de Economía de no avanzar con el recorte del régimen. La misma lectura se puede escuchar entre los representantes del FdT y, hasta ahora, la posibilidad de rediscutir el régimen parecía lejana.
Al pronunciamiento de la CC y la oposición de la UCR, le falta la opinión del PRO para que comience a delinearse la posición final de JxC sobre un tema que podría embarrar el resto de los acuerdos para sacar el Presupuesto 2023 antes de noviembre. Ese hilo continuará este martes y buscará acelerar los debates hasta el jueves.
El debate sobre Tierra del Fuego se suma a otras negociaciones en marcha para sellar acuerdos. Giran en torno a los subsidios para el transporte público y también para las transferencias directas a la distribuidora mayorista de electricidad CAMMESA, en un momento donde las mayores deudas contraídas corresponden a las empresas del AMBA y la provincia de Buenos Aires y no del resto del país. Sobre estos temas, según supo este portal, están interviniendo directamente los gobernadores. Es la confirmación técnica de que avanza la redacción de la letra chica del Presupuesto para que no sólo llegue al recinto sin problemas, sino que tampoco tenga obstáculos en el Senado y sea sancionado antes del comienzo del Mundial de Qatar.
En ese contexto surge el régimen fueguino, a instancias de una propuesta de Massa que habría sido más orientada a contener los planteos del staff del Fondo Monetario Internacional que a desatar tormentas indeseadas en medio de la negociación previa a cerrar los respaldos para aprobar el Presupuesto.
Los cuestionamientos del proyecto para concluir con el régimen son lapidarios. "Durante el 2022 el gasto tributario para sostener al régimen promocional alcanzará los 290.309 millones de pesos", repasa el texto y advierte que "solo un 13% del gasto tributario se traduce en salarios pagados a los trabajadores del régimen". El cálculo surge para crear una "una asignación especialmente dirigida a garantizar el 80% de los ingresos de los trabajadores que actualmente se desempeñan en el marco del régimen promocional".
Es un fondo para afrontar el eventual despido de más de 11.000 personas que trabajan en el sector industrial fueguino. La propuesta es que dure cinco años como "un plazo lo suficientemente extenso que asegure que se cumplan las condiciones para su reinserción laboral" en la provincia "Los números son claros, actualmente el régimen emplea a casi 11.000 trabajadores que perciben en promedio un salario bruto de aproximadamente 270.000 pesos. Eso significa que la masa salarial bruta anual generada asciende a 39.000 millones de pesos". Significa el 13% de los 290.309 millones de pesos previstos para el año que viene y es uno de los argumentos que utilizará el bloque conducido por Juan Manuel López para defenderse de los cuestionamientos que ya reciben por el eventual impacto negativo de los despidos masivos.
