Al igual que el año pasado y en medio de la negociación con el FMI para la restructuración de la deuda, la administración de Alberto Fernández volvió a mostrar la falta de coordinación y la disparidad de criterios que persiste en el área energética con la convocatoria por separado a dos audiencias públicas donde se analizarán y debatirán los aumentos en juego para las facturas de gas.
A fines de diciembre, la intervención del Enargas encabezada por el cristinista y segundo vocal del Instituto Patria, Federico Bernal, anunció la realización de una audiencia pública el 19 de enero en la que se tratarán los ajustes tarifarios transitorios destinados a recomponer los ingresos específicos de las distribuidoras y transportadoras de gas.
Ahora, la que salió a convocar a otra audiencia pública es la Secretaría de Energía, la oficina que conduce el neuquino Darío Martínez y depende del ministro de Economía, Martín Guzmán, para considerar qué porción del precio del gas natural van a afrontar los usuarios y qué parte cubrirá el Estado con el pago de subsidios a las petroleras.
Según la resolución 2 que Energía publicó en el Boletín Oficial, la nueva audiencia tendrá lugar el 31 de enero y para saber cuáles serán los porcentajes de aumentos que afrontarán los clientes residenciales por el valor del gas habrá que esperar que las autoridades de Energía suban a la web el informe técnico y económico que contiene el monto de las compensaciones tarifarias que seguirá pagando el Gobierno y las subas finales que se trasladarán a las boletas.
Actualmente, los hogares y las pymes están pagando por el gas un precio que ronda 1,60 dólar por millón de BTU. El Estado, por su parte, cubre con subsidios la diferencia entre ese valor y el precio promedio del Plan Gas 2020-2024 de 3,50 dólares por MMBTU que reciben las petroleras.
El año pasado, Guzmán y Martínez habían intentado elevar la porción a cargo de los usuarios a 2,70 dólares por MMBTU para achicar la cuenta de los subsidios en casi 1.000 millones de dólares. Para lograr eso llevaron adelante una audiencia pública a mediados de marzo, donde plantearon la necesidad de aplicar aumentos del 26% al 35% en el valor del gas para no tener que incrementar la carga de subsidios.
Ese ajuste fue frenado por el interventor del Enargas, quien terminó imponiendo la postura de un incremento tarifario mínimo del 7% promedio orientado únicamente a mejorar los ingresos de las distribuidoras.
Otra vez a la carga
Como hace diez meses, Guzmán y Martínez vuelven a la carga para tratar de achicar los subsidios y descargar un mayor porcentaje del precio del gas sobre los usuarios, pero, a juzgar por las últimas señales que emitieron los funcionarios kirchneristas del área energética, dando cuenta de que los próximos aumentos no van a superar el 20%, no sería extraño que sucediera otro déjà vu que volviera a archivar los incrementos que Economía tiene en carpeta para el gas.
En tanto, en el marco de la audiencia que tiene en curso el ente regulador; tanto las distribuidoras Metrogas, Naturgy, Gasnea, Gas Pampeana, Gas del Sur, Gasnor, Litoral Gas, Gas Cuyana y Gas del Centro, como las transportadoras TGN y TGS procedieron a elevar los pedidos de aumentos destinados a actualizar sus ingresos.
Los incrementos solicitados para mejorar sus cajas oscilan entre el 70% y 120% y tienen un impacto final en las facturas de los hogares que fluctúa entre el 25% al 40%.
Metrogas, la distribuidora con mayor cantidad de usuarios del país que está bajo el control de YPF, requirió una recomposición del Valor Agregado de Distribución (VAD) del 76,3% que, en caso de ser concedida, implicaría una suba del 25 % en las boletas.
Naturgy, la distribuidora del Gran Buenos Aires en manos españolas, planteó una actualización del 83%, la cual que tendría un impacto final del 29%. En tanto, las dos operadoras manejadas por Camuzzi (Pampena y Gas del Sur) solicitaron ajustes del 80% al 120%, que, trasladados a los usuarios, equivaldrían a subas del 25% al 40%. En el caso de Ecogas (controlante de Gas Cuyana y Gas del Centro), los aumentos elevados son del 72% con impacto final del 24%. Por su parte; Gasnor, Litoral Gas y Gas NEA presentaron pedidos de incrementos del 77% al 82% que tienen una incidencia final en las facturas del 25 al 33%.
Por el lado de TGS y TGN, los aumentos solicitados van del 80% al 87% y representan un ajuste en las facturas del 8% promedio.
Más allá de los porcentajes, todas las gasíferas privadas destacaron que son mejoras transitorias y parciales que están muy alejadas de las subas salariales y las variaciones inflacionarias acumuladas en los últimos tres años y en ningún caso cubren las actualizaciones de los costos e ingresos que prevén los contratos de concesión.