El anuncio de la salida de Federico Basualdo de la Subsecretaría de Energía Eléctrica tomó de sorpresa a la pata kirchnerista del Frente de Todos. Este viernes, cerca de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner desmintieron la información que repetían desde el mediodía a Letra P fuentes de la Casa Rosada, del Ministerio de Economía y de la Secretaría de Energía. La interna de la coalición gobernante sumaba, así, un nuevo e insólito capítulo, con despidos transmitidos por funcionarios de peso en los medios pero sin confirmación en papel membretado. Por cómo quedó planteado el enfrentamiento, el Presidente debía decidir por estas horas si validaba la continuidad del funcionario de CFK o sostiene a su ministro.
El ministro de Economía, Martín Guzmán, parecía convertir una derrota -el aumento en las tarifas de electricidad de "apenas" un dígito en el área metropolitana después de dos años de congelamiento- en un empate con gusto a triunfo: el incremento, del 9%, tendría una segunda ronda en unos meses para completar -dicen en el Palacio de Hacienda- una suba del 15 por ciento en el año. Con respecto al gas, el interventor del Enargas, Federico Bernal, difundió por los medios un incremento de entre 4 y 7 por ciento a nivel país que todavía no fue comunicado a las distribuidoras ni a las transportistas. La segmentación de tarifas de acuerdo a los ingresos de los habitantes se implementaría el año que viene.
Pasadas las 16, sin embargo, Basualdo no solo no había efectivizado su renuncia, sino que el sector de la coalición que responde a la vicepresidenta negaba el pedido de dimisión, decía que el funcionario permanecería en su cargo y afirmaba que el único aumento de las tarifas de 2021 sería de 8%.
"Nunca existió el pedido de renuncia a Federico Basualdo", replicaron fuentes del entorno de Cristina. "Las operaciones de prensa no contribuyen a conducir la política sectorial en un momento tan delicado para el país", agregaron. "En las próximas horas se dará a conocer" el aumento por única vez del 8%, insistieron y terminaron de plantear el enfrentamiento con el ministro.
Basualdo y Bernal, alfiles de la vicepresidenta, desafiaban abiertamente al ministro y al secretario de Energía, Darío Martínez, y minimizaban el mantra presupuestario que reza que los subsidios energéticos no pueden aumentar en términos reales este año.
Guzmán militó la salida de Basualdo e instruyó a Martínez para que le pidiera la renuncia. Tuvo el aval del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero. La batalla, termine como termine, dejará heridas en el frente interno, con Fernández tensionado entre el ministro que considera que Basualdo es uno de los "funcionarios que no funcionan" y la accionista mayoritaria del Frente de Todos.
Hasta este viernes, el profesor de Columbia mantenía un diálogo franco con CFK, aunque los términos durísimos que la Casa Rosada filtró para comunicar la salida de Basualdo no cayeron nada bien en el círculo de la vicepresidenta.
El horizonte tarifario de Guzmán mutó con el tiempo. Su intención inicial de aumentar en línea con la inflación o un poco menos cambió a un plan B que el ministro anticipó a comienzos de abril en una entrevista con CNN: un aumento plano de dos dígitos este año, dividido en dos partes, para luego sí avanzar con la segmentación y la quita de subsidios a los sectores de más altos ingresos.
Según los cálculos de Guzmán, mantener congeladas las tarifas supondría un aumento del gasto del orden del 0,5% del PBI. Para el kirchnerismo no es tanto, pero el ministro prefiere destinar esos recursos a obra pública y no a pagar facturas de luz y gas de hogares de barrios cerrados, como ocurre en la actualidad. Las planillas fiscales muestran que, en el primer trimestre del año, el Ejecutivo gastó 185.925 millones de pesos en subsidios económicos a energía y transporte y $106.759 millones en gastos de capital. Dicho de otra forma: por cada peso que va a la obra pública, el Estado gasta 1,7 pesos en subsidios. En marzo, el gasto en subsidios trepó casi 70% anual.
Guzmán repite en intervenciones públicas que el Presupuesto es su programa macroeconómico y que salió, en definitiva, con los votos del Congreso. No dice que eso hubiera sido imposible sin el aval de la presidenta del Senado. Es una manera de involucrar al resto de la coalición en la discusión sobre la finitud de los recursos para subsidiar la energía, aunque Bernal destaque que el gas es un derecho humano y que no es su función preocuparse por su impacto fiscal. ¿Tendrá impacto esta pelea a la hora de que el Congreso vote el eventual programa económico que se acuerde con el FMI, por ejemplo?