Cualquier cosa que se escriba puede resultar pronto superada por una disruptiva carta abierta de la vice, pero una inspección rápida de las dos cuentas de Twitter institucionalmente más relevantes del país arrojaba un contrapunto provisorio, pero interesante.
En efecto, el último posteo del Presidente refería a las bondades de un acuerdo que –dice– ahora sí sienta las bases del progreso nacional; el de Cristina, en tanto, remitía a la conferencia que pronunció en Honduras, titulada "Los pueblos siempre vuelven". ¿Será que piensa que, dado lo pactado con el organismo, Argentina deberá seguir aguardando ese momento redentor?
"Ni esperamos ni descartamos" una carta o pronunciamiento ruidoso, le dijo a Letra P una fuente oficial familiarizada con esos enjuagues, miembro del ala que se para enfrente del cristinismo de paladar negro. "Mientras tanto, si no hay apoyo, por lo menos que haya silencio", completó entre risas.
Más allá de algunas definiciones de dirigentes afines a la exmandataria pero políticamente marginales, ni ella ni el jefe de los diputados oficialistas, Máximo Kirchner, se habían pronunciado sobre el acuerdo pasadas 24 horas de su anuncio. En medio de una catarata laudatoria de tuits y pronunciamientos de gobernadores, incluso opositores, resultó interesante lo escrito por dos que, ya sea parte o próximos al cristinismo, debieron hacer equilibrio entre las imposiciones simultáneas de la militancia y la responsabilidad de gestionar.
Ambos, Axel Kicillof y Jorge Capitanich, se expresaron y respaldaron el pacto, aunque con cierta frialdad.
El primero se limitó a calificarlo como uno que solo salva las papas en el corto plazo; el segundo saludó que se haya evitado un ajuste duro, pero sugirió que este, tarde o temprano, llegará. Y algo más, que realmente no requiere comentarios: al cierre de esta nota, el ministro del Interior, Eduardo de Pedro, que desde la crisis posterior a las PASO ya dejó en claro que no es un funcionario binorma, había retuiteado al gobernador bonaerense y no al jefe de Estado, su superior jerárquico.
Tal como había anticipado Letra P, Alberto Fernández tenía tomada desde hacía días la decisión de firmar el texto más viable que quedara sobre la mesa cuando se acabara el margen para el toma y daca. Es más, había indicado que el anuncio podía ser inminente, pero que los detalles quedarían para febrero y la aprobación en Washington, para el inicio de marzo. Así resultó todo.
Lo que prima es el alivio porque nadie en el Gobierno está contento con el principio de acuerdo, ni siquiera Martín Guzmán, quien por algo fue, en el tramo final, incluso más exigente que el propio jefe de Estado y tensó la cuerda justo hasta el punto previo a su ruptura. "Lo que se sacó es el mejor acuerdo posible, no más que eso", le dijo a este medio la fuente aludida más arriba.
Ningún proceso de endeudamiento delirante como el que dejó el macrismo deja lugar a un fortalecimiento del país. Pese a eso, al mal tiempo, buena cara. Si la provisoria prescindencia de Cristina Kirchner –que en algún momento devendrá en apoyo, crítica o resignación ante el margen que dejó la herencia recibida– tiene un valor para el Presidente es que demuestra, una vez más y en un momento agónico, que es él quien tiene la lapicera y el poder.
Ya sea –perdón por la insistencia– que la vice exprese pronto apoyo, crítica o resignación y señalamiento al centroderecha que la sucedió en la Casa Rosada, hay cosas que le caen pesadas.
Lo que viene en materia de tarifas –un aumento del 20%, al que se sumará lo que se imponga, segmentación mediante, a los sectores de mayores ingresos– no es de su agrado, pero eso está hablado y descontado en la interna. El secretario de Energía, Darío Martínez, participó en las discusiones internas y hasta con técnicos del Fondo en los últimos dos largos años de gestiones para aproximar posiciones en torno a un tema que, al día de hoy, eleva los subsidios a 2,4% –a lo que hay que añadir 0,6% en transporte– del Producto Bruto Interno (PBI). El tamaño de eso que Guzmán definió en su momento como un "subsidio prorricos" resulta llamativo dado que el país cerró el año pasado con un rojo presupuestario de 3,1% del PBI, kilómetro cero del arrugue de barrera que se viene. Dicho lo anterior, cabe esperar que el subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo, deponga las armas que en su momento pusieron al rojo vivo la interna oficial.
Si el cristinismo se resigna a lo que viene en materia de tarifas, lo que lo irrita son otras cosas. Primero, que el país se disponga a experimentar revisiones trimestrales de la marcha del programa, una lamentable intervención de hecho en su política económica. Segundo, que, en el acuerdo, el FMI –o, más bien, los países poderosos que marcan el ritmo en él– haya desechado sine die el reclamo nacional contra las sobretasas que penalizan a los deudores recalcitrantes, algo que eleva en unos 1.000 millones de dólares anuales la factura argentina. Tercero, que el mismo sea a los diez años que establecen los programas de Facilidades Extendidas –que en este caso comenzarán a contarse cuando caduque, en dos años y medio, el Stand-byfallido del macrismo– y no a 20 como pretendían tanto Cristina, como Fernández y Guzmán. El problema es que ni una ni otra cosa existen hoy en el estatuto del organismo y la expectativa de que el mundo se adecue a los deseos argentinos demuestra que la esperanza es la perdición de los débiles.
Pese al gesto simbólico que el Gobierno obtuvo en octubre del Grupo de los 20 (G20), el primero de esos temas dormirá probablemente en algún cajón en Washington. Sin embargo, la refinanciación más larga, que suavice mucho más los ajustes esperados y limite mucho menos la capacidad del Estado de estimular el crecimiento y la promoción de los sectores sociales postergados, sí es una posibilidad palpable.
En efecto, el Fondo decidió tratar en su Reunión de Primavera –boreal– y poner efectivamente en vigor antes de fin de año un nuevo Fideicomiso de Resiliencia y Sustentabilidad (RST en inglés), que en principio contaría con un capital de 50.000 millones de dólares y permitiría estirar a 20 años la devolución de créditos. Eso, que representa el triunfo de una causa defendida por la Argentina –principal deudor del FMI– más que ningún país, es la principal carta que Guzmán podría poner sobre la mesa para calmar a la vice y ayudar a que el Frente de Todos mantenga algo parecido a la cohesión.
La reconversión de un acuerdo de Facilidades Extendidas aún vaporoso en el anuncio del último viernes en un RST es un acuerdo de palabra logrado por Guzmán, pero este espera –y presionará en pos de ello– para que figure en el texto que antes de marzo debería aprobar el Board. Una vez más, el ministro puede pedir que Cristina le crea: dados todos los antecedentes conocidos, no es poca cosa que el FMI le haya aceptado el pedido de incluir en su comunicado oficial la idea de que "el sendero fiscal acordado (…) permitirá aumentos del gasto en infraestructura, ciencia y tecnología y protegerá los programas sociales focalizados". Una herejía inaudita.
Lo obtenido, dadas las limitaciones, no es poco, pero habrá que trabajar bastante la interna para enfriar las cabezas. Al fin y al cabo, el cristinismo no cree haber venido a este mundo para que su legado sea el equilibrio fiscal.