El Gobierno iniciará acciones judiciales contra Edesur y Edenor por un acuerdo firmado durante la gestión de Cambiemos que considera “lesivo” para las finanzas públicas. Después de un año de demora en la decisión, el ministro de Economía, Martín Guzmán, parece haber cedido a la presión interna y avanzó con la denuncia a las distribuidoras por un convenio que involucra miles de millones de pesos, en una acción que puede verse como un coletazo de la interna oficial en el área energética y también como el preludio de las discusiones que asoman en el horizonte del Presupuesto 2022.
La tensión dentro del Frente de Todos (FdT) continúa en un área clave para la economía como es el sector energético. La situación tuvo su pico máximo en mayo pasado cuando Guzmán intentó echar, fallidamente, al subsecretario de Energía eléctrica, Federico Basualdo, y en los últimos días retornó con los cuestionamientos del jefe de la bancada del oficialismo en Diputados, Máximo Kirchner, a los recortes en subsidios proyectados para 2022. "Uno puede prever matemáticamente cuál debería ser el aumento (de las tarifas), pero también tiene que ver cómo está la sociedad. Uno no puede actuar en base simplemente a cuentas matemáticas", advirtió.
Tras la derrota en las PASO, el escenario de disputa se trasladará a la discusión parlamentaria del Presupuesto 2022, que, según los cálculos del Centro de Economía Política (CEPA), contiene un potencial incremento de tarifas del 30 por ciento en las facturas de luz del AMBA y una reducción de los subsidios a la demanda de gas natural y GLP del 39 por ciento, mientras que el Programa Hogar (acceso a garrafas) recibiría una merma del 34 por ciento. En ese contexto, había otro capítulo subterráneo que en la interna oficial y del cual Letra P dio cuenta en marzo de este año.
Desde hace un año, el ministro de Economía tenía en sus manos un informe del Ente Nacional de Regulación Eléctrica (ENRE) sobre un acuerdo firmado con Edesur y Edenor por el entonces presidente Mauricio Macri y su responsable del área de Energía Gustavo Lopetegui, en el que se denunciaba la licuación de una deuda millonaria y, a su vez, el reconocimiento de “ingresos no percibidos” por 101.000 millones de pesos como consecuencia del congelamiento de tarifas aplicado entre 2006-2015. La maniobra terminó de consolidarse cuando ambas compañías computaron en sus balances parte de esos números en carácter de ingresos.
Guzmán no quería pelearse con las eléctricas en medio de su intento por aumentar las tarifas un 30 por ciento, incremento que terminó en tan solo un 9 por ciento en 2021. Basualdo le había enviado al ministro de Economía el trabajo del ENRE junto a un pedido explícito para derogar, vía administrativa, lo que consideraba un regalito de la gestión anterior a las prestadoras. El rechazo de ese convenio llegó recién después de las PASO.
Lesividad
“Frente a la gravedad de las irregularidades acreditadas en el Acuerdo de Regularización, de conformidad con el Artículo 17 de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos, la Administración tiene la obligación de revocar dicho acto por razones de ilegitimidad en sede administrativa, salvo que estuviere firme y consentido y hubiere generado derechos subjetivos que se estén cumpliendo, supuesto en que sólo se podrá impedir su subsistencia y la de los efectos aún pendientes mediante declaración judicial de nulidad”, sostiene parte del texto que se publicó el martes en el Boletín Oficial, en el que Economía, finalmente, informó que denunciará judicialmente el acuerdo firmado por Macri y Lopetegui con las dos distribuidoras del AMBA.
En Economía, indicaron a Letra P que el pasado 27 de agosto se incorporó el dictamen del área jurídica y se remitieron las actuaciones para la intervención de la Procuración del Tesoro de la Nación (PTN), “en razón de la trascendencia económica e institucional de la cuestión”.
La maniobra consumada en el acuerdo ahora denunciado incluyó dos movimientos. Las empresas reclamaban una compensación por el congelamiento de tarifas del período 2006-2015. Para ello aplicaron dos cálculos con diferentes fórmulas, en base a los tarifazos realizados por Cambiemos en 2017. El resultado fue que Edenor debía haber incrementado sus ingresos en 56.946 millones de pesos y Edesur en $44.067 millones.
La auditoría del ENRE sostiene que esos números fueron manipulados. La Procuración del Tesoro asintió. “Ha mediado desviación de poder, en tanto revela una finalidad distinta a la enunciada en su texto, que sólo puede calificarse como de obtención de ilegítimos beneficios económicos a favor de las empresas particulares, pues sin causa ni razón justificada en derecho, utiliza metodologías de cálculo que, en todos los casos, resultan perjudiciales a los intereses del Estado”, sentenció.
No solo se habría actuado en perjuicio del Estado nacional, sino que el ENRE determinó que las concesionarias recibieron más recursos por subsidios que por lo que se anotaron contablemente como “ingresos no percibidos”. Conclusión: Edesur y Edenor le deberían al Estado 47.000 millones de pesos.
Esta auditoría del ENRE forma parte de la causa penal iniciada por el diputado nacional oficialista Rodolfo Tailhade que tramita en el juzgado federal N°5, a cargo de María Eugenia Capuchetti. Letra P se comunicó con ambas distribuidoras para obtener un descargo respecto de la decisión oficial, pero no emitieron opinión.
La otra maniobra fue la licuación de deudas por multas y atrasos con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa). Según el ENRE, solo por sanciones se le habrían licuado a Edesur una deuda de 9400 millones de pesos y otros $7700 millones a Edenor. Además, dichas sanciones, cuyos montos deberían haber retornado en pesos a usuarios y usuarias, terminaron computándose a cuenta de “futuras inversiones”.
“Que este cambio de destino de los fondos de penalidades por el compromiso de inversiones futuras, sin el cumplimiento de la condición que habilitaba tal cambio, afecta de nulidad la causa del Acuerdo de regularización de obligaciones por vulnerar los derechos de los consumidores y usuarios”, indicó Economía en la Resolución 590/2021 publicada este martes.
Esta nueva carta, que seguramente formará parte de la discusión presupuestaria para 2022, también se jugaría a la hora de que las distribuidoras reclamen nuevos aumentos tarifarios para el próximo año.
