El Gobierno comenzó a regularizar las deudas que las distribuidoras eléctricas del país mantienen con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa). El área de Energía ya firmó acuerdos con empresas de Formosa y Santiago del Estero y las próximas prestadoras en carpeta son las de Santa Fe y Chaco, entre otras. Edesur y Edenor, que juntas representan el 22 por ciento del total de los más de 150 mil millones de pesos adeudados, quedarán para más adelante.
Como adelantó Letra P en febrero último, parte de esos pasivos se computarán para cancelar deudas de clientes residenciales afectados por la crisis económica en el contexto de la pandemia. A su vez, las distribuidoras podrán canjear parte de lo que deben por un plan de inversiones, que deberá ser aprobado caso por caso.
Según indicó la Jefatura de Gabinete en su informe ante el Senado, la deuda total de las distribuidoras del país, incluidas grandes compañías integradas verticalmente y cooperativas, ascendía a los 137 mil millones de pesos a septiembre del año pasado.
Ante el congelamiento tarifario que operó hasta junio de este año, empresas como Edesur, Edenor y EPE Santa Fe apalancaron su operación diaria endeudándose con Cammesa. La situación, más que describir algo anecdótico, explica la crisis estructural del sistema. Las distribuidoras no le pagan a la administradora del mercado mayorista eléctrico y, a su vez, la compañía que está integrada por las empresas del sector pero fondeada por el Estado no puede pagar las importaciones de gas que se necesitan para la generación de energía térmica.
Si en abril de 2019 la cobrabilidad de Cammesa era del 91 por ciento, según lo informado por Santiago Cafiero, en abril de este año había descendido al 61 por ciento.
A septiembre del año pasado, Edesur –integrada verticalmente en la italiana Enel, una sociedad que ganó millones en los últimos años- mantenía una deuda con el Estado de 14.148 millones de pesos, mientras que Edenor (Pampa Energía), otros $16.306 millones. En Buenos Aires le siguen Eden con una deuda de 3006 millones de pesos, Edelap ($2.847 millones) y Edea ($2.428 millones).
Luego de las dos grandes distribuidoras del AMBA, la que más le debe al Estado es la santafesina EPE, con una deuda de 12.316 millones de pesos.
EMSA, la empresa distribuidora de Misiones, tiene una deuda con el Estado nacional de 9.185 millones de pesos, mientras que la rionegrina Edersa adeuda $8.172 millones. Por su parte, la cordobesa EPEC le debe a Cammesa $5.325 millones.
El objetivo del Gobierno es que el 50 por ciento del total de la deuda con la compañía mayorista se canjee en función de dos variables. Por una parte, contra las facturas impagas de su clientela, la mayoría residencial. Por otra, se les exigirá a las distribuidoras un plan de inversiones y/o un programa de eficiencia energética.
Hasta el momento, ya se rubricaron acuerdos con las distribuidoras de Santiago del Estero y Formosa. Esta última (REC y Energía FSA) mantiene una deuda por 233 millones de pesos. Los próximos acuerdos serán con Santa Fe y Chaco. La distribuidora chaqueña adeuda 7.905 millones de pesos.
La política de canje estará orientada a incentivar la inversión de las concesionarias en infraestructura eléctrica, transformadores, cables y equipos. A su vez, el saldo de las deudas domiciliarias apunta a amortiguar la compleja situación económico sanitaria de clientes residenciales, comerciales e industriales, incluidos clubes de barrio y entidades de bien público.
La situación financiera de las grandes distribuidoras es muy diferente a la de las cooperativas. Así quedó establecido en la Resolución 371/21, publicada el pasado 28 de abril. Según el texto rubricado por el secretario de Energía, Darío Martínez, las cooperativas podrán solicitar la regularización del 40 por ciento del total de su deuda “en virtud de la función social que cumplen”.
En Chubut, la Cooperativa Comodoro Rivadavia adeuda 5.858 millones de pesos, mientras que la de Trelew, otros $4017 millones. La CAF de Neuquén le debe al Estado nacional $2.291 millones, la de la bonaerense Villa Gesell tiene una cuenta pendiente de $1.116 millones y la de Concordia (Entre Ríos), otros $252 millones.
El detalle de los pasivos que las distribuidoras del país mantienen con Cammesa funciona como un prisma para comprender la situación de quiebra de todo el sistema energético, donde la necesidad de recursos es estructural.
Durante la primera semana de mayo, la empresa mayorista le reclamó al Tesoro 67.000 millones de pesos para pagar la importación del gas que utilizan muchas generadoras térmicas, asfixia presupuestaria que lejos estaría de solucionarse con el ahorro fiscal que supone la segmentación de tarifas o la reducción de los subsidios.