La asignación en el presupuesto nacional de una partida específica para las actividades de Extensión Universitaria en 2021 marca un hito para las casas de estudio del país. La medida es histórica porque se trata de la primera vez que las universidades contarán con recursos destinados para esa área: hasta el momento, debían derivar fondos destinados a salarios, mantenimiento e investigación para cubrir los diferentes proyectos de vinculación con la comunidad. Motorizada por la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU), la inyección de unos 500 millones de pesos que se distribuyeron conforme criterios de proporcionalidad y cantidad de estudiantes, configuró una clara señal política de la administración de Alberto Fernández para promover acciones de despliegue territorial que relacionen las cátedras con su radio de influencia.
Héctor Aiassa, rector de la Universidad Nacional Tecnológica Nacional (UTN), y Pablo Domenichini, rector de la Universidad Nacional Guillermo Brown (UNAB), están al frente de la comisión de Extensión del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). Integrante del bloque peronista en el organismo que reúne a todas las universidades del país, Aiassa explica que “el extensionismo universitario es muy amplio porque incluye desde el compromiso social institucional que vía extensión se hace presente con programas de capacitación y formación de servicio a la comunidad, hasta una transferencia de tecnología en el marco de un convenio con el sector privado o el sector público”.
Desde 2007, el CIN también cuenta con la Red Nacional de Extensión Universitaria (Rexuni), que reúne a autoridades de Extensión de distintos puntos del país y tiene como actual coordinadora a Liliana Elsegood, responsable del área en la Universidad Nacional de Avellaneda (Undav).
En diálogo con Letra P, Elsegood asegura que la posibilidad de contar con presupuesto propio es "una reivindicación histórica, porque la universidad argentina, según la Ley de Educación Superior y la Reforma de hace más de 100 años, se construye sobre la base de la docencia, la investigación y la extensión. Hasta ahora, solo estaban pensadas presupuestariamente la docencia y la investigación. Se trata de un reconocimiento a una parte fundamental en la construcción de conocimiento y en la relación de la universidad con la realidad, con la cotidianeidad, el territorio”.
Juan Pablo Itoiz, secretario de extensión de la Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires (Unnoba) y excoordinador de la Red, también celebra la medida y asevera que cuenta con “consenso pleno”.
“Desde que se confirmó el renglón presupuestario y se instrumentó, no escuché una voz universitaria que cuestionara la distribución de los fondos. Que fuera instrumentado a través del presupuesto nacional fue un objetivo cumplido por parte de la red. No es dinero que discrecionalmente la SPU le da a las universidades, sino que quedó establecido por ley y eso garantiza estabilidad presupuestaria”, afirma Itoiz, actual presidente de la UCR de Junín.
Si esta medida impulsada por la SPU puede leerse como el reconocimiento a un área que representa “a los primos pobres de la universidad” -tal como la define Elsegood- también marca una impronta que interpela a la Educación Superior ante un contexto de crisis inédita producto de la pandemia: cómo aporta, construye y proyecta su rol en la sociedad.
“El mayor impacto se produce cuando se ofrecen actividades de formación profesional, que van desde una actividad básica hasta un matricero. Son oficios a los que a veces no se les da envergadura porque no es un título de grado o porque impacta en una franja de la sociedad que no estuvo en los claustros universitarios. Sin embargo, son una herramienta poderosa de movilidad social ascendente, de resultados muy rápidos y con resultados concretos”, explica Aiassa.
Ignacio Jawtuschenko, secretario de extensión de la UNAB, señala que la agenda de trabajo de su área “tiene que ver con la expansión temática que implica la generación de capacidades laborales, la transferencia de conocimientos en función de demandas puntuales, para salir del modelo ofertista e identificar problemas con otros actores del territorio y elaborar soluciones programáticas con actividades de capacitación y espacios de elaboración de contenido”.
Pone como ejemplo el trabajo del Centro Universitario Pyme que se está estableciendo en el Parque Industrial de Almirante Brown, donde hay casi 300 empresas instaladas, y se propone como “una usina de soluciones tecnológicas y de conocimiento en el corazón de la producción de la región”.
Para Elsegood, la partida aprobada en el presupuesto es "vital para dar becas de extensión para estudiantes y graduados, abrir convocatorias”, sobre todo para las universidades que son consideradas las más chicas, o que tienen menos historia. "Somos con orgullo las del bicentenario. Fuimos creadas con una misión muy específica: la inclusión de un universo de ciudadanas y ciudadanos que veían en cierto modo restringido el acceso a la universidad".
“Esa misión -explica la psicóloga y parte del equipo fundacional de la Undav- es la política de distribución del conocimiento. En nuestras instituciones, el 90% del alumnado es primera generación de universitarios. En nuestro paradigma, la universidad es una organización más de la comunidad y eso definirá el lazo que se establece con las organizaciones sociales, las políticas y con los tres niveles de gobierno: nacional, provincial y municipal”.
