La guerra política del cannabis bonaerense

Sobre el impacto que puede tener el tema en materia económica hay pocas dudas. Las proyecciones oficiales que hace el Ministerio de Producción de la Nación hablan de una actividad que generaría, en cuatro años, 500 millones de dólares en ventas al mercado interno y otro U$S50 M en exportaciones. La producción, cosecha y elaboración promete, además, crear unos diez mil nuevos empleos.

No es noticia: en el mundo, la demanda de cannabis para la industria farmacéutica está en alza y Argentina busca ponerse en línea. El año pasado, el presidente Alberto Fernández cambió la reglamentación de la ley de marihuana medicinal y autorizó el autocultivo. Ahora, Kulfas manda un proyecto para ordenar el escenario nacional, donde hay provincias que, como Jujuy, crearon empresas del Estado para producir y exportar las flores de marihuana que se utilicen en la elaboración de aceites y cremas.

El gobierno bonaerense había mostrado reflejos para moverse rápido con un tema que se instaló en la agenda pública en forma vertiginosa. En febrero de este año, pocos meses después de que la Nación cambiara la reglamentación de la ley nacional, la Gobernación le puso firma a un proyecto propio.

La ley de cannabis de Kicillof, que fueron a presentar a la Cámara de Diputados la ministra García y el ministro de Salud, Daniel Gollán, habilita en primer lugar el autocultivo en hogares y sedes de “clubes cannábicos”, un modelo importado de Europa. Además, autoriza la investigación científica, crea un banco de semillas y contempla la distribución gratuita de aceites en hospitales y centros de salud.

Dentro del enfoque sanitario de la cuestión, en la Gobernación bonaerense -según pudo saber Letra P- hay decisión de avanzar firme con la idea de crear un nuevo laboratorio público exclusivo para la producción y elaboración propia de productos medicinales, un “aceite PBA”.

Esos aspectos del proyecto no fueron problemáticos durante la discusión en Diputados. Salvo algunos “cruzados” que se oponen a cualquier tipo de legislación en ese sentido, en la oposición hay un amplio consenso sobre la necesidad de legislar en materia de cultivo a pequeña escala y producción industrial para una planta cuya penalización parece destinada a evaporarse del Código Penal “por imperio de la costumbre”.

El conflicto se centró más bien en el enfoque que el proyecto de Kicillof proponía para la administración de todo lo relacionado a la producción de marihuana y cáñamo; una “Agencia Provincial de Cannabis” que funcionaría como un ente autárquico, con el mismo modelo con el que fue creada, durante la administración de Daniel Scioli, la Agencia de Recaudación de Buenos Aires (ARBA).

De allí saldrían, por ejemplo, las habilitaciones y las patentes para instalar proyectos de producción de marihuana, por las que se establecería el pago de un canon a la Provincia.

Los intendentes de la oposición y algunos del oficialismo que vienen trabajando en el tema reaccionaron rápido. Le hicieron sentir la resistencia a un viejo experto de la rosca legislativa, Carlos “Cuto” Moreno, quien participó en la redacción de la ley y se convirtió en la espada legislativa de la ministra de Gobierno para hacer avanzar con el proyecto.

“Con esta agencia, quieren monopolizar el control de las habilitaciones y crear una ventanilla única en La Plata, con un modelo burocrático. El problema es que esto va a seguir su curso, con o sin la Provincia de por medio”, sintetiza un diputado opositor que hace años viene defendiendo en La Plata los intereses del intendente de su distrito.

El eje central del conflicto fue la figura de la Agencia, que no abre nada de juego para la oposición. El bloque de JxC objetaron ese punto en el debate en comisiones y terminó firmando un dictamen de minoría que, en su lugar, crea un Instituto Provincial del Cannabis con participación de los municipios.

“Crear un organismo de cero con el modelo de una agencia provincial es una idea que nos parece directamente nefasta”, dicen fuera de micrófono referentes cambiemistas que estuvieron trabajando en el tema, un lote que tiene como referentes a la médica Alejandra Lordén y a Santiago Nardelli, pero también a la radical tandilense Melisa Greco, activa militante por el cannabis medicinal. “Una agencia impone un modelo de burocratización y centralidad cuando hay que pensar en aprovechar esta ventana de oportunidad que está generando la demanda del producto e ir hacia un modelo donde sean los propios municipios quienes habiliten o no las producciones locales”, argumentan.

En última instancia, lo que va a ocurrir de acá a un tiempo es que la marihuana dejará de ser considerada una ‘sustancia peligrosa’. Entonces, ¿para qué necesitamos tener una agencia? No existe una agencia del trigo, de la soja…”, reclaman.

Con esos argumentos, macristas y radicales le dejaron claro al Frente de Todos que, si hacían uso de la mayoría en Diputados para hacer avanzar con el proyecto de ley, la trabarían indefinidamente en el Senado, un freezer que Kicillof conoce largamente.

El proyecto quedó entonces en un limbo. Tiene despacho de comisiones y el oficialismo tiene número para sacarla en Diputados. De hecho, en las últimas sesiones estuvo incluso en el orden del día, pero todo indica que, si la negociación no cambia de eje o el gobierno no acepta dar marcha atrás con la figura de una Agencia de Cannabis, allí quedará hasta perder estado parlamentario. 

Mientras tanto, la marihuana, como la naturaleza, se abre paso y muchos intendentes ya trabajan en esquemas productivos, preparados para ir más allá. Ocurre en General Lamadrid, el primer municipio del país autorizado a cultivar cannabis, donde el radical Martín Randazzo ya tiene las hectáreas listas para plantar y espera el OK sobre las semillas que se utilizarán.

“Se viene un boom y la Provincia se va a quedar mirándolo de afuera”, avisan en Juntos por el Cambio.