LEY DEL CANNABIS MEDICINAL

El Gobierno quiere encender un negocio de U$S450 millones al año

Kulfas presenta el proyecto de ley el miércoles en el Consejo Económico y Social. Foco en pymes y economías regionales. Claves del borrador que irá al Congreso.

El Gobierno tiene todo listo para presentar el proyecto de ley para desarrollar las industrias del cannabis medicinal y el cáñamo industrial. El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, pensaba hacerlo el lunes 24 de mayo, pero las restricciones corrieron el acto para este miércoles 2, si no hay nuevos cambios en la agenda. El ámbito para dar a conocer la normativa antes de que llegue al Congreso será el Consejo Económico y Social. Allí se mostrarán los lineamientos con los que el Ejecutivo espera disparar un sector capaz de generar, al menos, U$S450 millones al año, según estimaciones oficiales.

 

Esos cálculos, medianamente conservadores, corresponden al Consejo para el Cambio Estructural del Ministerio de Desarrollo Productivo. La Cámara Argentina del Cannabis (Argencann), que impulsó la iniciativa, sostiene que un adecuado marco normativo puede generar "ingresos de divisas por 1000 millones de dólares en los próximos diez años". Eso "si se permite la exportación de flor seca, fitopreparados, especalidades medicinales y el uso de derivados de cannabis en alimentos, bebidas y productos veterinarios, entre otros", de acuerdo con Pablo Fazio, presidente de la entidad que nuclea a emprendedores y pequeñas empresas y que trabajó con el Gobierno para impulsar la regulación.

 

"Sobre fines de mayo, el proyecto seguramente estará entrando en el Congreso de la Nación", dijo Kulfas el martes 19 en radio Con Vos. "Esto significa generar una nueva industria en Argentina, lo que requiere regulación", añadió. Los emprendedores detrás del proyecto esperaban tener el esquema normativo listo (proyecto de ley y resoluciones complementarias) hacia fin de año.

 

Como contó Letra P, el proyecto de ley que el presidente Alberto Fernández anunció en la Asamblea Legislativa comenzó a esbozarse el año pasado, con una gestión de Argencann. El borrador propone la creación de un organismo que se llamaría Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (Ariccame), que tendrá a su cargo toda la regulación de la industria, desde la emisión de autorizaciones para importar, producir y exportar hasta las sanciones ante incumplimientos.

 

Letra P accedió a un borrador del proyecto de ley en el que, según las fuentes consultadas, se encuentra la columna vertebral de lo que será el texto definitivo. Se busca "establecer el marco regulatorio de la cadena de producción, industrialización y comercialización de la planta de cannabis, sus semillas y sus productos derivados para uso industrial y medicinal —incluyendo la investigación científica— con vistas a satisfacer el mercado local y generar exportaciones". Y agrega que "con el establecimiento de un marco legal e institucional apropiado, la Argentina podrá entrar en un sendero de convergencia en materia de desarrollo de capacidades productivas y de generación de empleo, pudiéndose poner rápidamente a la altura de sus competidores regionales inmediatos, los cuales ya cuentan con algunos años en el desarrollo del sector".

 

La Ariccame, organismo autárquico que quedaría bajo la Jefatura de Gabinete, "reglamentará y controlará el almacenamiento, fraccionamiento, transporte, distribución, trazabilidad y el uso de las semillas de la planta de cannabis, del cannabis y de sus productos derivados con fines medicinales o industriales". Según el texto, "la agencia expedirá las autorizaciones administrativas que permitan la importación, exportación, cultivo, producción industrial, fabricación, comercialización y adquisición, por cualquier título de semillas de la planta de cannabis, del cannabis y de sus productos derivados con fines medicinales o industriales". El borrador le da a esta agencia un rol amplio, que debe coordinar con otras dependencias, desde el Instituto Nacional de Semillas (INASE) hasta la Unidad de Información Financiera (UIF) para detectar eventuales casos de lavado de activos.

 

"El primer objetivo del presente Proyecto de Ley consiste en establecer un marco legal que autorice –a través de un fuerte esquema regulatorio– las etapas de siembra, cultivo, producción, almacenamiento, transporte, comercialización, importación, exportación, y posesión de semillas de cannabis, de la planta de cannabis, y de sus derivados, con fines de aplicación medicinal, terapéutica o de investigación científica. Se busca impulsar una ley que posibilite y fomente los proyectos de inversión pública, privada o mixta en los distintos segmentos de la cadena sectorial del cannabis medicinal", se establece en el texto que trabajaba el Ejecutivo. "Un segundo objetivo del Proyecto consiste en legalizar los diferentes eslabones productivos y de comercialización del cáñamo o cáñamo industrial y sus subproductos".

 

El atractivo por legalizar un mercado hasta ahora informal es global. Según Standard & Poor's, a mediados de 2019 el cannabis movía U$S150.000 millones en el mundo, pero el 90% de forma ilícita. Con Canadá y Uruguay entre los países que se pusieron a la vanguardia para legalizar incluso el uso recreativo, el mercado formal pasó de cero a U$S9100 millones anuales en ocho años. Un informe reciente de Grand View Research proyectó que esa cifra se multiplicará casi por diez entre 2021 y 2018, hasta los U$S84.000 millones.

 

En Argentina, la tracción está en Argencann y los grandes laboratorios y firmas de consumo siguen el tema con atención, pero en silencio. El proyecto de ley tiene ese espíritu pyme y cooperativo. "La Ariccame contemplará muy especialmente el propósito de contribuir al desarrollo de las economías regionales y de promover la actividad de cooperativas y de pequeños y medianos productores agrícolas, atendiendo asimismo la perspectiva de género", sostiene el texto.

 

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