Las empresas alimenticias tendrán un verdadero martes 13 la semana próxima. Ese día, en la Cámara de Diputados, un plenario de las comisiones de Legislación General, Salud, Industria y Defensa del Consumidor buscará dar dictamen al proyecto de ley de etiquetado frontal que cuenta con media sanción del Senado y que las compañías resisten. En las firmas alimenticias se resignan y admiten que el proyecto que instaura los octógonos en las etiquetas de los alimentos y bebidas avanzará sin cambios. Les queda influir en la reglamentación.
"El bloque del Frente de Todos tiene la voluntad de dictaminar sin modificaciones el proyecto que viene con la media sanción del Senado, ya que es el que mejor busca proteger la salud de las y los argentinos", dijo la diputada Florencia Lampreabe.
Las compañías intentaron influir en distintos frentes. Manifestaron en distintas reuniones con legisladores sus críticas al texto que votó el Senado por amplia mayoría. También le prendieron velas al Secretario de Relaciones Económicas Internacionales de Cancillería, Jorge Neme, que buscó avanzar en una norma distinta y consensuada a nivel Mercosur. Ahora comenzaron a apuntar los cañones a la reglamentación que deberá hacer el Poder Ejecutivo.
Este miércoles, la Coordinadora de Industrias Alimenticias (Copal), que canaliza la oposición empresaria al proyecto, difundió un nuevo comunicado. "Lejos de obstaculizar el debate, nuestro sector busca lograr una propuesta que permita informar de manera comprensible, correcta y veraz al consumidor -el verdadero beneficiario- sin desatender la mirada y las preocupaciones del sector productivo", indicó la central que preside el también titular de la Unión Industrial Argentina (UIA) Daniel Funes de Rioja.
"La industria de alimentos y bebidas nucleada en COPAL busca ser parte de la solución: #QueremosUnEtiquetadoFrontal que informe correctamente al consumidor y que permita a la industria mejorar el perfil nutricional de los alimentos y bebidas en forma gradual", agregó la entidad que agrupa a 35 cámaras de productores de alimentos y bebidas.
Letra P contó que las empresas no se oponen a un etiquetado frontal, pero sí al sistema de octógonos negros que adoptaron Chile y otros países. Critican fundamentalmente dos cosas. Una, que el esquema de un sello por cada exceso de azúcares, grasas saturadas, grasas totales, sodio y calorías no genera incentivos para reducir las cantidades de esos nutrientes perjudiciales. La otra, la falta de coordinación en Mercosur. Brasil y Uruguay avanzan con sistemas distintos y más benignos para los fabricantes. El proyecto que, todo indica, se convertirá en ley, menciona que las disposiciones se aplicarán "de manera complementaria" con los procesos que se defina en el Mercado Común, pero no incluye la palabra mágica "armonización". El Mercosur "es el ámbito dispuesto para este tipo de regulaciones (...) y el comercio intrabloque genera importantes oportunidades de desarrollo para nuestros países", indicó Copal.
Las compañías comenzaron a orientar los cabildeos hacia el Ejecutivo. El proyecto de ley no define cuál será la autoridad de aplicación. Lo más probable es que sea el Ministerio de Salud, pero las alimenticias apuestan a un triunvirato que también contemple a las carteras productivas: el Ministerio de Desarrollo Productivo y el de Agricultura. Eso permitiría, dicen, una visión más equilibrada o un oído más contemplativo a sus requerimientos. Entre otras cosas, deberán definirse plazos (no más de dos años) y etapas de aplicación. Los umbrales a partir de los cuales se debe incluir el octógono son los de la Organización Panamericana de Salud (OPS).
La otra aspiración de las empresas es involucrar a la Comisión Nacional de Alimentos (Conal) en la reglamentación fina. Por ese organismo pasan todas las definiciones en materia de regulación alimenticia y allí hay representantes técnicos de todas las provincias.
