Poco después de la medianoche, la Cámara de Diputados aprobó este viernes por 135 votos positivos, 110 negativos y dos abstenciones el nuevo régimen para los biocombustibles. La norma, que ahora deberá ser tratada por el Senado, establece una reducción del 10 al 5% en el corte obligatorio mínimo para el biodiésel producido en base a soja y maíz por cada litro de gasoil, y mantiene en 12% el corte de bioetanol elaborado en base a caña de azúcar en cada litro de nafta. Luego de muchas horas de debate, con casi 50 oradores, el resultado de la sesión retrató también las posiciones divergentes que cruzaron a los diferentes bloques parlamentarios, y que se manifestó en la votación dividida de algunas fuerzas opositoras.
El texto contó con el rechazo de la mayoría de la oposición, pero esa geografía cambió en dos provincias que producen bioetanol: Tucumán y Jujuy. Las bancas radicales y macristas de ambas provincias votaron junto con el Frente de Todos, incluyendo voces cerradamente opositoras como las del tucumano José Cano. El oficialismo llegó a los 135 votos con el respaldo de la neuquina Alma Sapag, del MPN; de los dos integrantes del bloque Acción Federal, Felipe Álvarez y Antonio Carambia; y de los seis miembros del interbloque Unidad y Equidad para el Desarrollo que encabeza el mendocino José Luis Ramón. También cosechó otros dos apoyos en una división del interbloque lavagnista, con el voto positivo de Eduardo Bucca y Andrés Zottos, del bloque Justicialista.
La iniciativa cosechó distintos comportamientos en la bancada macrista. El riojano Julio Sahad y el fueguino Héctor Stefani se abstuvieron, mientras que los cordobeses Luis Juez y Adriana Ruarte decidieron ausentarse junto con la bonaerense María Piccolomini.
El apoyo unánime de los representantes tucumanos y jujeños responde al porcentaje de corte para la industria zucoalcoholera, que se eleva a 12 puntos. Sin embargo, hubo resistencias para los otros biocombustibles elaborados en base a maíz y soja.
La nueva norma fija en 5% el corte para el biodiésel y fue rechazada por fuerzas provinciales como el bloque Córdoba Federal, que responde al gobernador mediterráneo Juan Schiaretti. Lo mismo sucedió con los santafesinos Luis Contigiani, del Frente Progresista Cívico y Social; y Enrique Estévez, del partido Socialista. Los cordobeses y los santafesinos forman parte del sector del lavagnismo que se mantuvo en contra de la iniciativa, junto a los tres escaños del bloque Consenso Federal, liderado por Alejandro "Topo" Rodríguez.
Además, el proyecto faculta a la Secretaría de Energía para reducir el corte hasta el 3% "cuando el incremento en los precios de los insumos básicos para la elaboración del biodiésel pudiera distorsionar el del combustible fósil en el surtidor, o ante situaciones de escasez por parte de las empresas elaboradoras".
En cuanto a las naftas, se mantiene el 12% de corte mínimo obligatorio de bioetanol, mientras que en el caso del combustible elaborado a base de caña de azúcar, se fijó que el corte mínimo deberá ser del 6%, mismo porcentaje establecido para el bioetanol a base de caña de maíz.
"Adaptamos el marco regulatorio a nuevos escenarios y generamos con la nueva norma herramientas que den previsibilidad, sustentabilidad, y seguridad jurídica al sector", argumentó el miembro informante del oficialismo y presidente de la comisión de Energía, Omar Félix.
En representación de Juntos por el Cambio, Jimena Latorre (UCR) expuso los motivos del rechazo al sostener que el oficialismo propone un "castigo al que invirtió y un incentivo a la mediocridad" y calificó al proyecto como "regresivo, intervencionista e inconstitucional".
En mayo pasado, el Gobierno extendió "la vigencia del Régimen de Promoción para la Producción y Uso Sustentables de Biocombustibles establecido por la Ley Nº 26.093, hasta el 12 de julio" de este año, o "hasta que entre en vigencia un nuevo Marco Regulatorio de Biocombustibles, lo que ocurra primero". Si la Cámara alta resuelve acompañar la iniciativa surgida en Diputados, la nueva normativa regirá hasta el 31 de diciembre de 2030, con posibilidad de prórroga por cinco años más.
