Un año de la novela Vicentin puede percibirse como una década. La historia del millonario default pasó, en doce meses, de un intento frustrado de expropiación del presidente Alberto Fernández a una pelea feroz por el verdadero valor de la cerealera que está a punto de venderse y de lo que dependerá el pago de la deuda a los acreedores.
La novela, que comenzó en diciembre de 2019 con el cese de pagos de 1.400 millones de dólares, tuvo su punto más álgido la noche del 8 de junio de 2020, cuando el Presidente, envalentonado por las encuestas alimentadas por el manejo de la pandemia, anunció en conferencia de prensa la expropiación de la cerealera. La simple mención de la palabra significó el fin del período de gracia que concedía Juntos por el Cambio (JxC) por la desconocida pandemia y activó la grieta en la era del Frente de Todos (FdT). El fuego duró un par de semanas, hasta que Fernández dio marcha atrás con la medida.
En este mes de junio, el panorama es totalmente distinto. No hay vestigios de presencia estatal en el futuro de la firma, sino, por el contrario, avanza la venta de hasta un 90% de sus acciones a tres gigantes del agro. En este marco, Vicentin empezó a ser cuestionada por su verdadero valor y desató una confrontación entre algunos acreedores de peso y la Sindicatura concursal, que tasó los fierros. Cuánto valga la empresa implicará que los acreedores puedan evaluar la viabilidad de la propuesta concursal en unos meses.
La semana pasada, los bancos internacionales IFC, FMO, Natixis New York Branch y Rabobank exigieron al juez una valuación independiente de los activos de Vicentin “habida cuenta de las múltiples y graves deficiencias que exhibe el Informe complementario de la Sindicatura”.
Este cuestionamiento no es nuevo. Desde mediados de 2020, cuando se empezó a manejar hipótesis de nuevos esquemas para administrar la cerealera tras caerse la expropiación, todos se preguntaban cuánto realmente valía la firma con un balance que resultó ser negativo y escandalizó a los acreedores. Su miedo era, justamente, que los activos no alcanzaran para pagar la deuda.
Este viernes, los síndicos del concurso, Ernesto García, Diego Telesco y Carlos Amut, tuvieron una respuesta picante y llena de suspicacias: “En este sentido, cabría preguntarse el porqué del interés de la valuación del activo en esta oportunidad”. Al mismo tiempo se conocía la desestimación del pedido por parte del juez del concurso, Fabián Lorenzini, quien ya habló de la “tarea faraónica” que conlleva el concurso como para seguir abriendo instancias.
A su vez, los síndicos critican que la banca internacional se base en informes de los veedores puestos por el Comité Provisorio de Control, compuesto por los trabajadores y cuatro acreedores, entre ellos, los bancos en cuestión. Estos veedores afirman que la cerealera tiene un patrimonio neto tres veces menor a los 1.253 millones de dólares que la Sindicatura estableció y cuestionan la metodología empleada. En el ambiente del agro siempre se sostuvo que la cerealera no puede valer más de 700 millones de dólares.
“La medida propuesta deja en evidencia la clara complacencia entre los acreedores firmantes y la veeduría, ya que parece un pedido más bien de los veedores que de los propios integrantes del comité”, agrega la Sindicatura.
Por último, el comunicado de los síndicos deja en claro la intención de que no se abra otra ventana más que pueda demorar el proceso de venta que Vicentin tiene avanzado con la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA), Molinos Agro S.A., del Grupo Pérez Companc, y Viterra Argentina S.A., de la multinacional Glencore, que daría pie a la propuesta concursal. Hasta que Vicentin no pague su millonaria deuda, la novela no tendrá un punto final.