Una estimación basada en datos oficiales que recorrió algunos despachos da cuenta de que el nuevo proyecto de ley de "alivio fiscal" a monotributistas le costará al Estado unos $17.000 millones este año, entre la "deuda" retroactiva que dejará de pedir la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y la suba adicional en los topes de facturación que plantea el texto. Para poner en dimensión, el costo fiscal de subir el piso a partir del que los trabajadores formales pagan Ganancias fue de $45.000 millones. Con un tercio de ese dinero, la iniciativa busca salir por arriba al malhumor que incendió a gran parte de cuatro millones de contribuyentes, que esta semana amanecieron deudores del Estado sin previo aviso.
Ahora, el nuevo proyecto beneficiará, sobre todo, a los contribuyentes de las categorías A, B y C, las más bajas, que representan al 75% de los inscriptos al régimen simplificado. La estimación puede ser menor, porque no contempla cuánto puede ingresar con el plan de pagos que propone el proyecto para capturar algo del 53% de morosidad monotributista.
El miércoles, una foto del presidente Alberto Fernández con Sergio Massa, el ministro de Economía, Martín Guzmán, y su secretario de Hacienda, Raúl Rigo, ponía fin a un dolor de cabeza en el oficialismo y en millones de monotributistas, que tenían, desde el lunes, una nueva deuda con el fisco. Fue una consecuencia imprevista de haber votado en abril y reglamentado en mayo una ley que, entre otras cosas, aumentaba el impuesto desde enero. Faltó en ese encuentro la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont. Dicen en su entorno que trabajaba en los detalles del proyecto que se difundió al día siguiente.
La comedia de enredos tiene varios capítulos. El primero fue en diciembre de 2019, cuando la ley ómnibus con la que Fernández pidió pista para sus primeras medidas suspendió la fórmula de movilidad jubilatoria, que era la misma que se usaba, a fin de año, para actualizar el impuesto y las escalas del monotributo. El Gobierno demoró una actualización y la AFIP, con el aval de Economía, la incluyó en el proyecto de ley "puente", para aliviar el tránsito desde el régimen simplificado a autónomos. Envió ese texto el 30 de diciembre de 2020. Diputados lo votó en abril y el Senado, en mayo. En ambas cámaras hubo una rotunda mayoría, apenas tres abstenciones en total y ninguna alerta sobre la retroactividad, ni desde el oficialismo ni desde la oposición. Las reglamentaciones de AFIP y de Economía no enmendaron nada. Y, hasta el miércoles, la AFIP sostenía que lo único que podía cambiar el curso de los hechos era una nueva ley. Como nadie la vio, la oposición tampoco capitalizó el error. En el Frente de Todos descuentan una rápida gestión parlamentaria para tener media sanción en Diputados en dos semanas e inmediatamente, el aval del Senado.
El combo de alivios oficiales tiene dos patas. Por un lado, la urgente: esa deuda retroactiva a febrero surgida de actualizar las escalas y los aportes 35,3% desde el inicio de 2021 no existe más. La AFIP no la perseguirá y, si alguien ya la abonó, tendrá saldo a su favor con el fisco. Por otro, el "regalo" con el que alguien en falta pide perdón, la caja de bombones o la botella de vino: habrá un retoque extra en los topes de facturación, que beneficiará sobre todo a los monotributistas de categorías más bajas. Los contribuyentes con más espalda podrán optar, además, por quedarse en el monotributo incluso con una facturación 1,5 veces superior al tope. Esto último eclipsa por un tiempo a la ley "puente", el tránsito con facilidades hacia el régimen de autónomos.
En limpio, del universo de 4,08 millones de monotributistas, 2,09 millones están en la categoría más baja y 2,9 millones se estacionan en las letras A, B y C. La categoría A, verá incrementado su tope de facturación 77% desde diciembre de 2020, a $370.000 anuales; la categoría B pasará de $313.109 a $550.000 (76%); y la C, de $417.479 a $770.000 (84%). La cuota, en todos los casos, aumentará 35% pero desde julio.
Fernández delegó en Massa la presentación del nuevo proyecto de ley, al igual que sucedió con la modificación en Ganancias. El anterior había sido impulsado por Marcó del Pont, que había centrado su trabajo en el "puente" entre el monotributo y autónomos. Esta vez, el Frente busca salir rápido de la desprolijidad y evita el pase de facturas, quizás para no pasarse de categoría.
