LA BOMBA DE LOS PRECIOS

Una salida política al debate chivo de la segmentación de la tarifa de gas

El proyecto que amplía beneficios a tres millones de personas en zonas frías del país mete una cuña en la interna Guzmán-Basualdo. Rosca vs. Excel, un clásico.

La discusión por la segmentación de los subsidios a las tarifas de los servicios públicos fue la gota que rebalsó el vaso de la interna en el Ministerio de Economía semanas atrás y expuso al Gobierno a una crisis de alta gama. De a poco, la política empieza a ofrecer algunas respuestas para salir por arriba de ese laberinto. El Frente de Todos, junto a otros bloques parlamentarios de la Cámara de Diputados, ideó un proyecto para beneficiar a más de tres millones de usuarios de gas que pasarán a pagar entre un 30 y un 50 por ciento menos sin afectar los recursos fiscales a través de un fondo existente.

 

El jefe de la bancada oficialista, Máximo Kirchner, se sentó a discutir con Alejandro “Topo” Rodríguez (Consenso Federal), José Luis Ramón (Unidad y Equidad Federal) y con Liliana Schwindt (Frente de Todos) una iniciativa para extender los beneficios de la zona fría de la Patagonia a otras localidades del país. Esto ocurrió el año pasado. Había tres proyectos en danza. Luego de una ardua puesta en común y en diálogo permanente con el Enargas, a cargo de Federico Bernal, se llegó a un principio de texto unificado que fue presentado la semana pasada.

 

Tras la foto con Rodríguez, Ramón y Schwindt, Kirchner se reunió con los intendentes e intendentas de Olavarría, Azul, Carlos Tejedor, Bahía Blanca, Tandil, y Necochea, entre otros distritos. La nueva ley de "zonas frías" no es solamente una iniciativa de carácter económico. Es también social y territorial.

 

"Lo que no gasten en los servicios lo van a poder destinar a comprarle un piyama a su nieto", sostuvo María Celia Gianini, la intendenta de Carlos Tejedor. En ese encuentro también participó Fernanda Raverta, titular de la Anses, quien rápidamente recordó el efecto de “círculo virtuoso” que tuvo (y aún mantiene) la Asignación Universal por Hijo (AUH). Lo que algunos todavía ven como un gasto, no es otra cosa que derechos adquiridos. Kirchner escuchaba con atención hasta que tomó la palabra: “Este es uno de los mejores proyectos que tenemos para mostrar de cara a la sociedad y que fue consensuado con otros bloques. Debemos construir los consensos necesarios en torno a iniciativas que le mejoran la vida a millones de compatriotas”.

 

La iniciativa que extenderá un beneficio a más de tres millones de nuevos usuarios lejos estuvo de pensarse como parte de la disputa entre el ministro de Economía, Martín Guzmán y el subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo, en torno al rol de los subsidios, aunque cayó en el momento justo. De alguna manera, la política comenzó a brindar una primera respuesta sobre la tan mentada segmentación de las tarifas de los servicios públicos.

 

Letra chica

La llamada “Ley zona fría” se enmarca en la extensión del Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas creado en 2002 para reducir las tarifas de los usuarios de la Patagonia.

 

Este instrumento se financiaba con un cargo del 7,5 por ciento de las facturas del resto del país (de las zonas más cálidas y templadas). No implicaba una erogación directa del Estado sino que constituía una transferencia de los propios usuarios de las zonas más templadas del país hacia las más frías.

 

El diputado Ramón había intentado dialogar con el entonces ministro de Energía de Cambiemos Juan José Aranguren sobre la posibilidad de extender los alcances del Fondo a otras regiones frías del país. El exShell lo escuchó 15 minutos. La respuesta fue no positiva. Es más, el gobierno de Mauricio Macri  redujo en 3 puntos el financiamiento para el Fondo que mejoraba la calidad de vida a más 700.000 usuarios de las regiones donde el consumo de gas es vital, mientras se multiplicaron exponencialmente las tarifas y se dolarizaron los contratos.

 

El año pasado, tras el aumento del consumo como consecuencia de la mayor permanencia en los hogares en el contexto de la pandemia, el Fondo Fiduciario arrojó un saldo positivo de 2100 millones de pesos que no habían sido destinados a ningún hogar. Con ese dato, Ramón, Rodríguez y Schwindt le llevaron a Kirchner la propuesta para ampliar el número de beneficiarios a diferentes localidades de la provincia de Buenos Aires, Mendoza, San Luis, San Juan, Córdoba y Salta.

 

Ahora se propone que más de 3 millones de nuevos usuarios pasen a pagar entre un 30 y un 50 por ciento menos de sus facturas de gas, según la situación de vulnerabilidad de cada hogar. Por ejemplo, aquellos que perciban algún plan social, jubilados y jubiladas, monotributistas sociales, y electrodependientes, tendrán una reducción del 50 por ciento.

 

El proyecto se propone además restituir el cargo al máximo del 7,5 por ciento habilitado por la propia ley de creación de este instrumento. Para este año, según la actualización tarifaria ya definida por el Enargas, el recargo sería de 5,23 por ciento, lo que generará un impacto mínimo en las facturas de los usuarios de zonas templadas y cálidas de no más de 5 pesos por factura, según calculan los impulsores de la iniciativa.

 

“Para esto nos votaron”, manifestaron algunos mandatarios comunales durante el encuentro con Kirchner. El jefe del bloque oficialista en la Cámara baja repite en diferentes ámbitos que la reactivación económica no puede ser a cualquier precio, sino que debe ser armónica, algo bastante distinto al crecimiento heterogéneo que se percibe en las cifras oficiales. En ese sentido, apuestan a que la política brinde soluciones creativas con instrumentos que, señalan, sepan sortear a las planillas de Excel que pululan por Economía.

 

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