“Me dirijo a usted con el objeto de poner en su conocimiento el peligro cierto de que las Centrales Térmicas se queden sin combustibles líquidos y sin el gas imprescindible para la generación eléctrica producto de la imposibilidad de pagar dichos insumos esenciales”, reza el encabezado de una carta que envió Ariel Kogan, vicepresidente de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa), a Guzmán el pasado 4 de mayo. Un día antes, IEASA (ex Enarsa), la empresa encargada de realizar las importaciones de gas, le remitió al ministro un pedido similar.
“La situación actual es que existen compromisos y/o deudas vencidas por un total de 101.098 millones de pesos, representando un incremento del 38 por ciento respecto del nivel de deuda del inicio del año. En ese contexto, se adeuda un 34 por ciento de la transacción de enero de 2021 por una suma de 19.909 millones de pesos, el 100 por ciento de la transacción del mes de febrero, como así también deudas vencidas con IEASA por 24.922 millones”. Este es el estado de situación crítico descripto por Kogan en la nota a Guzmán, que al cierre de esta edición no había tenido respuesta por parte del Ministerio.
“Están reteniendo los pagos”, sostuvo a Letra P uno de los directores de IEASA. El pasado 3 de mayo, y con los coletazos frescos del fallido despido del subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo, desde esta empresa estatal también trazaron un panorama negro del sector:
“Se pone en su conocimiento que no se están atendiendo las necesidades financieras necesarias para hacer frente a la demanda de gas asumida por parte de IEASA, conforme a las instrucciones recibidas de la Secretaría de Energía. El contexto refleja la complejidad de la situación actual y del escenario futuro, no solo para la compañía, sino para el sistema energético nacional”, puede leerse en el documento al que accedió Letra P.
¿Segmentación?
“La segmentación de los subsidios es algo secundario. Si la cuenta mensual da que se necesitan 50.000 millones de pesos en transferencias directas, con la segmentación bajaría a 48.000 millones. No es tanto”, ejemplificó a este portal un especialista en energía.
En marzo pasado, las consultoras de Emmanuel Alvarez Agis (PxQ) y Nicolás Arceo (Economía y Energía) realizaron una estimación de cuánto podrían variar los subsidios en función de diferentes aumentos tarifarios.
En un primer escenario teórico de congelamiento de tarifas, las transferencias del Tesoro llegarían al 2 por ciento del PBI, equivalente a 7892 millones de dólares. Con el aumento del 9 por ciento (ya anunciado para el caso de la electricidad), la cuenta se reduciría a los u$s7600 millones (1,9 por ciento del PBI). Y en el tercer escenario, con el aumento del 30 por ciento pretendido por Guzmán, el FMI y las empresas, los subsidios descenderían a los u$s6960 millones (1,7 por ciento del PBI). Las diferencias no parecen ser tan importantes como para cubrir los $67.292 millones que necesita ahora Cammesa y los $30.400 millones que IEASA reclama para mayo, según la nota remitida a Economía.
En relación a los fondos que solicita Cammesa, vale un recordatorio. El año pasado, todas las distribuidoras del país se endeudaron con esta sociedad por un total de 150.000 millones de pesos. El total de estos pasivos es, en muchos casos, mayor al patrimonio neto de las propias prestadoras, situación que dispara la pregunta que sobrevuela en algunos despachos: ¿conviene seguir subsidiándolas o el Estado debería hacerse cargo del servicio?
Sistemas que no
Una alternativa para recortar las importaciones de gas sería aumentar su producción. Vaca Muerta no deja de ser esa “salvación” que nunca llega. Durante el gobierno de Cambiemos, con dolarización de tarifas y un aumento del precio del gas en boca de pozo, la producción no se incrementó al mismo nivel que las ganancias de las operadoras. El incremento en la cantidad de metros cúbicos se debió a que Tecpetrol, la empresa del Grupo Techint, marcó la diferencia gracias a los subsidios que recibió a través de la famosa Resolución 46, luego suspendida por el propio Mauricio Macri.
El nuevo Plan Gas.AR, lanzado por el Gobierno el año pasado, apunta a ese objetivo preciado de alcanzar una mayor producción en Vaca Muerta, pero la cuenta sigue sin pagarse.
“Los productores locales de gas requieren 3400 millones de pesos aproximadamente, entre deuda impaga pendiente y deuda corriente. Al día de la fecha, ante la imposibilidad de contar con los fondos requeridos se han retrasado los pagos para atender cuestiones urgentes, y se adeudan la totalidad de las facturas emitidas por los productores firmantes del PLAN GAS.AR correspondientes al mes de enero”, sostuvo IEASA en la nota dirigida a Guzmán.
“El Plan Gas está mal diseñado, no distingue cuencas ni tipo de producción convencional de no convencional. El costo del plan está programado para descargarse sobre la demanda, lo cual es una locura”, advirtió a Letra P un economista que sigue de cerca el derrotero de Vaca Muerta.
Con el actual Plan Gas.AR, el Estado les garantiza a las operadoras 3,7 dólares por millón de BTU, que es mucho menos que los 7 dólares que deben pagarse por el gas importado. La lógica indicaría que hay que aumentar la producción.
“No hay decisión de los grandes jugadores de venir a la Argentina aún. Vaca Muerta necesita como mínimo entre 7000 y 10.000 millones de dólares de inversión por año y en la actualidad se alcanzarían 3000 millones. Este es un problema”, concluyó uno de los directivos de IEASA, horas antes de que la empresa rusa Gazprom anunciara posibles planes de inversión junto a Pampa Energía (Grupo Mindlin).
