El sistema de fases adoptado por la provincia de Buenos Aires, restricciones mediante, para atenuar el impacto de la segunda ola de contagios de covid-19 y el eventual colapso del sistema sanitario, sumado a la prohibición de las misas de más de diez personas al aire libre al asimilar los actos religiosos con las actividades deportivas o de esparcimiento, pusieron al gobernador Axel Kicillof y a los obispos católicos bonaerenses en posiciones contrapuestas de urgencias e intereses.
El arzobispo de La Plata, Tucho Fernández, lanzó la primera piedra al hacer pública una carta dirigida a la Jefatura de Gabinete provincial con una queja formal por las limitaciones al culto, a las que evaluó de “muy abusivas”, y exigiendo una recategorización de los actos religiosos separadamente de otros eventos, a fin de establecer medidas “proporcionadas” que permitan una congregación mayor de fieles.
Hace una semana, el prelado platense se puso a la cabeza del reclamo eclesiástico y fundamentó el planteo en dos o tres consideraciones: la necesidad “esencial” de la asistencia espiritual en tiempos de crisis, la “poca interacción” entre fieles durante los servicios religiosos reduce el riesgo de contagios y el cumplimiento a rajatabla de los protocolos preventivos establecidos para las celebraciones en los templos en otras etapas de confinamiento.
El viernes 7 de mayo adhirieron al cuestionamiento, por separado, los obispos Gabriel Mestre (Mar del Plata), Carlos Malfa (Chascomús) y Ariel Torrado Mosconi (Nueve de Julio), quienes pidieron una revisión de las disposiciones vigentes hasta el 21 de mayo. Ese mismo día, los siguió la totalidad de los diocesanos bonaerenses mediante un mensaje breve difundido a través de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), en el que medidas "desproporcionadas” era la palabra fuerza y en el que requerían a las autoridades provinciales instancias de diálogo para “discernir” una mayor apertura en las celebraciones.
Kicillof reaccionó de inmediato y el lunes 10 convocó a Tucho Fernández a la Casa de Gobierno provincial, donde el religioso mantuvo una “conversación amable” -tal como la calificó el arzobispado- con el jefe de Gabinete, Carlos Bianco, y el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque. El arzobispo platense, acompañado por los obispos Malfa y Jorge Vázquez (Morón), ratificó los argumentos esgrimidos en su carta, sobre todo la disconformidad eclesiástica con la reducción de la presencialidad al aire libre a diez personas, y fue por más al requerir que se considere autorizar ritos dentro de los templos, ahora que llegan las bajas temperaturas, en particular en el interior provincial.
Los referentes eclesiásticos provinciales se fueron de la sede gubernamental con la promesa de Bianco de realizar una nueva evaluación del tema y de considerar las modificaciones a las limitaciones al culto. Este martes, en la rueda de prensa habitual sobre la situación epidemiológica, el funcionario confirmó que los distritos bonaerenses que integran el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) continuarán en Fase 2 hasta la finalización del decreto el 21 de mayo y dio a entender que no se estudiarían cambios en las restricciones. No obstante, este miércoles, Tucho Fernández apeló a la redes sociales del arzobispado para anunciar que la Provincia había otorgado una concesión: la ampliación de 10 a 20 en el número de personas habilitadas a participar de los actos de culto al aire libre en los distritos en Fase 2 y de 100 personas a partir de la Fase 4.
El caso bonaerense no es aislado. En otras provincias, los referentes eclesiásticos comienzan a alzar su voz de queja por las "restricciones a la libertad religiosa" en el contexto de la pandemia. La punta de lanza que amenaza con la nacionalización de los conflictos clero-gobiernos por las misas, tanto al aire libre como en el interior de los templos, se hizo evidente esta semana en Santa Fe, donde los seis obispos provinciales firmaron un comunicado conjunto en el que expresaron su “desconcierto y disconformidad” por la prohibición total de los actos en lugares cerrados, incluidos los religiosos, y pidieron diálogo para adoptar medidas que resguarden la dimensión espiritual y sin violentar derechos y garantías constitucionales.
El petitorio de los prelados santafesinos se hizo eco dge una crítica severa del Consejo Argentino para la Libertad Religiosa (CALIR), que agrupa a personalidades de los principales credos, exhortando a las autoridades a no "excederse" en sus atribuciones en el marco de las prevenciones sanitarias, tomando en cuenta el recordatorio de la Corte y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en cuando a que las medidas legítimas para proteger la salud pública nunca pueden implicar la suspensión de los derechos fundamentales, entre ellos, la libertad religiosa. A ese pronunciamiento también adhirieron instituciones evangélicas, como la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina (ACIERA), al denunciar la “discriminación religiosa” de las restricciones anticovid del obierno nacional.
