20|6|2022

Guerrera, bombero por partida doble y las urgencias de la hidrovía

01 de mayo de 2021

01 de mayo de 2021

Los motivos que llevaron a Massa a elegir como nuevo ministro de Transporte al exintendente de General Pinto. Se mantiene el organigrama. Próximos desafíos.

En solo cinco meses, Alexis Guerrera se convirtió en “bombero” por partida doble. Convocado por el titular de la Cámara de Diputados y su jefe político, Sergio Massa; el exintendente de General Pinto había desembarcado en diciembre pasado al frente de la empresa estatal ferroviaria ADIF, también conocida como Trenes Argentinos Infraestructura (TAI). En ese momento, llegó con la misión de resolver las disputas internas que tenían semiparalizada la toma de decisiones en la empresa encargada de ejecutar y contratar las obras de renovaciones de vías y los proyectos de infraestructura ferroviaria.

 

Ahora, tras recibir el visto bueno de la Casa Rosada, Guerrera fue ungido por Massa para reemplazar al fallecido Mario Meoni y tomar las riendas del estratégico ministerio de Transporte, donde deberá tomar decisiones claves que involucran el pago de multimillonarios subsidios estatales a colectivos y trenes y la licitación de la hidrovía Paraná-Paraguay que es motivo de una marcada disputa con el ala kirchnerista de la coalición gobernante.

 

Tras haber integrado una lista corta de candidatos con el titular de la operadora ferroviaria estatal, Martín Marinucci; Guerrera obtuvo la bendición presidencial por un antecedente de gestión que lo emparenta con Meoni: estuvo al mando de un municipio bonaerense y desde 2016 ha dado muestras de lealtad con el massismo aún cuando las cosas no venían bien para el espacio renovador.

 

El “relato oficial” del entorno del líder tigrense justificó el ascenso de Guerrera en el hecho de que cuenta con “las cualidades necesarias de transparencia, ejecutividad y gestión ocupar el puesto de ministro”. En tanto, los que saben decodificar ese mensaje puertas adentro del massismo, explican que Guerrera fue elegido por tres motivos salientes: le garantiza a Massa una administración ordenada y de diálogo con todos los sectores del transporte; va a respetar los acuerdos previos y las líneas de acción trazadas por Meoni y no tiene aspiraciones electorales que le quiten tiempo y recursos a su accionar como ministro.

 

En lo que respecta al organigrama interno que hereda de Meoni, las señales propias y ajenas indican que no habría grandes cambios y que Guerrera va mantener el reparto de las áreas secundarias del ministerio que rige desde diciembre de 2019, cuando el Presidente dejó en manos de Massa el manejo y control de las cuestiones de Transporte.

 

Eso implica que, por el momento, seguirían en sus puestos los renovadores bonaerenses que comandan las empresas ferroviarias SOFSE (Marinucci) y Trenes Argentinos Capital Humano (Damián Contreras); el representante del gremio de La Fraternidad, Agustín Special (en la subsecretaría de Transporte Ferroviario); el técnico de la Unión Ferroviaria Daniel Vispo, en el Belgrano Cargas; los hombres del camionero Hugo Moyano (Julián Obaid, en la Junta de Seguridad en el Tansporte, y Gastón Jacques, en la Secretaría de Planificación) y el enviado del justicialismo cordobés del senador Carlos Caserio, Marcos Farina, que conduce la Subsecretaría de Transporte Automotor.

 

En cambio, donde sí podría haber un reemplazo es en la Unidad de Asesores de Gabinete, el área encargada de manejar la agenda y cuidarle las espaldas y la firma al ministro. Meoni había designado en ese puesto a su amigo y coterráneo de Junín, Abel De Manuele. Especialista en derecho laboral y exasesor legal de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), De Manuele daría un paso al costado para que Guerrera nombre en su lugar a un hombre de su entera confianza, aunque podría permanecer como colaborador una semanas más hasta que la nueva conducción de Transporte se empape de los temas más urgentes que deberá resolver.

 

Brasas calientes

Entre esas cuestiones que queman sobresalen la futura licitación de la hidrovía, por donde se moviliza el 75% de las exportaciones agroindustriales y el 90% del tráfico de contenedores del país, y la contratación de las obras de dragado del nuevo Canal Magdalena, que impulsa el kirchnerismo.

 

En el caso de la hidrovía, el Gobierno aprobó el jueves contrarreloj una prórroga “excepcional y temporaria” de la concesión de la hidrovía que está en manos de la operadora integrada por el grupo belga Jan de Nul y la local EmepaLa prórroga firmada por el “interino” de Transporte, el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, fue fijada inicialmente por 90 días hábiles que corren desde el 1 de mayo. Si bien no lo establece expresamente, los fundamentos de la medida abren la puerta a otras extensiones similares hasta tanto se conozca al nuevo concesionario privado que surgirá de la licitación internacional que se pondría en marcha en el segundo semestre de este año.

 

Ni bien asuma, Guerrera deberá salir a calmar al ala kirchnerista del Gobierno, que alienta la estatización del dragado y balizamiento, y a brindar precisiones sobre dos puntos clave que vienen con retraso: el llamado a audiencia pública para exponer y debatir el estudio de impacto ambiental de las obras previstas en la hidrovía y la definición del pliego de bases y condiciones que se utilizará en el proceso licitatorio, que ya ha despertado el interés de las grandes dragadoras mundiales.

 

En 15 días, Guerrera tiene que convocar al segundo plenario del Consejo Federal de la Hidrovía (CFH) que se había organizado para el 26 de abril y se suspendió por el deceso de Meoni. Como titular de Transporte, Guerrera debe ejercer la presidencia del CFH, organismo que tiene como miembros permanentes a representantes de las carteras de Interior y Desarrollo Productivo y a los delegados de las provincias de Buenos Aires, Corrientes, Chaco, Entre Ríos, Formosa, Misiones y Santa Fe.

 

Además de supervisar otros tres entes vinculados al funcionamiento de la vía navegable, Guerrera deberá poner el ojo en sus primeros días de gestión sobre los colectivos. El conflicto salarial con la UTA está en conciliación obligatoria hasta mediados de este mes. El gremio piloteado por Roberto Fernández reclama una suba salarial del 30% que las empresas dicen no poder pagar a menos que el Gobierno incremente los subsidios del AMBA de 10.500 a 13.000 millones de pesos mensuales. Al pedido empresarial de más ayuda económica se ha sumado también la exigencia de los colectiveros y ferroviarios de ser vacunados cuanto antes con la amenaza de paralizar los servicios si no tienen respuestas en los próximos días.