07|5|2021

Las empresas de colectivos piden más subsidios y una designación clave

11 de abril de 2021

11 de abril de 2021

Desde principios de año está acéfalo el cargo del virtual viceministro de Transporte. Reclamos por desembolsos atrasados en el AMBA. Presión salarial de la UTA.

Las nuevas restricciones a la circulación por la nueva ola de coronavirus encontraron a las empresas de ómnibus en medio de una crítica situación por la incidencia de tres factores relevantes: la acefalía que se registra en un área clave del ministerio de Transporte, la presión gremial por un aumento salarial y los atrasos acumulados tanto en las actualizaciones, como en los desembolsos de los subsidios operativos que el Estado destina para mantener la prestación de los servicios con las tarifas congeladas.

 

La estratégica Secretaría de Gestión de Transporte se encuentra vacante desde el primer minuto de 2021. Tiene entre sus tareas y funciones principales regular la actividad de los colectivos, camiones, trenes, puertos y vías navegables.

 

La atípica demora que se registra en la ocupación de ese cargo que en la práctica equivale al rol de un viceministro, se debe a los reparos que desde las oficinas del titular de la cartera, el massista Mario Meoni, han venido planteando al candidato propuesto por el sector que lidera el senador nacional por Córdoba, Carlos Caserio.

 

Tras el loteo de cargos que el presidente Alberto Fernández puso en práctica para conciliar los intereses de todos los sectores del Frente de Todos en diciembre de 2019, el sillón de la Secretaría de Gestión de Transporte fue ocupado por el exintendente de Alta Gracia, Walter Saieg, quien dos semanas antes de que expirase 2020 presentó su renuncia a partir del 31 de diciembre. Esa dimisión fue rápidamente aceptada y oficializada por Meoni y el Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, quienes no esperaron conocer el nombre del reemplazante, que debía salir del bloque cordobés.

 

Como sustituto de Saieg, Caserio impulsa al exintendente de La Calera y actual legislador provincial Rodrigo Rufeil, quien hasta ahora no ha logrado el visto bueno de Transporte. El principal cuestionamiento que pesa sobre Rufeil es que tiene abierta en la Fiscalía Anticorrupción de Córdoba una investigación por presunto enriquecimiento ilícito a raíz de una denuncia presentada en agosto de 2019 por la entonces diputada nacional Elisa Carrió.

 

Como Caserio no acepta bajar a Rufeil, el cargo sigue sin cubrirse desde hace más de tres meses, lo cual demora todos los trámites y decisiones que involucran a las compañías de ómnibus y que requieren la intervención y la firma del titular de esa Secretaría acéfala.

 

Reclamos

Otro hecho que jaquea la estabilidad de las líneas de colectivos de la región metropolitana –cuyos ingresos por la venta de boletos solo representan el 15% del costo total de cada viaje- es la falta de actualización de los costos operativos y salariales que toma en cuenta el gobierno para definir los subsidios mensuales que recibe cada empresa.

 

Tras varios pedidos informales para ajustar los números que no tuvieron respuestas de los funcionarios, las cinco cámaras empresariales del AMBA decidieron dejar asentados sus reclamos por escrito para tratar de forzar una definición oficial.

 

Por medio de una nota ingresada este viernes a última hora, los presidentes de ACTA (Asociación Civil Transporte Automotor), AAETA (Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor), CTPBA (Cámara del Transporte de la Provincia de Buenos Aires), CEAP (Cámara Empresaria de Autotransporte de Pasajeros) y CETUBA (Cámara Empresaria del Transporte Urbano de Buenos Aires) plantearon “la imperiosa necesidad de reconocer una actualización del cálculo de costos del sector, cuyos precios se encuentran prácticamente congelados desde agosto del año pasado”.

 

Tras destacar que los desfasajes acumulados son cubiertos “con recursos propios que las empresas dejan de destinar a la renovación de vehículos y con endeudamientos con proveedores y bancos”, los entidades advirtieron que los valores de los principales insumos que conforman los costos operativos arrastran más de siete meses sin ser actualizados por el Índice de Precios Mayoristas (IPIM) que prevé las normas vigentes.

 

La nota remitida a Meoni detalla que entre los costos de operación atrasados están los precios de los seguros no corregidos desde 2019, los gastos de vigilancia de las terminales y vehículos, y el tipo de cambio utilizado para calcular el valor de los colectivos, que permanece congelado en 73,29 pesos desde mediados del año pasado.

 

En lo que respecta a los salarios de los choferes y personal administrativo, los transportistas del AMBA remarcaron que la suma no remunerativa de 15.000 pesos que vienen pagando desde febrero aún no ha sido reconocida por los funcionarios en el cálculo de los costos y que no están en condiciones de afrontar el nuevo incremento del 30% que reclama la UTA si el Gobierno no actualiza a tiempo los subsidios.

 

Tras haber pateado la aplicación de un aumento en los boletos hasta después de las elecciones y sin chances de que las empresas se hagan cargo de la recomposición salarial que pretende el gremio liderado por Roberto Fernández, a la cartera de Transporte no le quedaría otra alternativa que ajustar los subsidios para el área metropolitana que ya superan los 10.705 millones de pesos por mes.

 

Al mismo tiempo, las compañías de larga distancia enfrentan el atraso en el pago de la ayuda de emergencia de 450 millones de pesos que debían recibir en febrero, luego de que Meoni decidió reflotar los subsidios de emergencia para las líneas interurbanas de ómnibus que estuvieron vigentes entre mayo y diciembre del año pasado. Por fuera del Presupuesto 2021, Transporte dispuso el desembolso de 900 millones de pesos en dos cuotas iguales que se iban a pagar en enero y febrero tomando en cuenta la cantidad de personal y la flota habilitada de vehículos de cada empresa. 

 

La segunda liquidación aún no fue girada y, según prometieron los funcionarios, recién quedaría acreditada la próxima semana. Mientras tanto, las nuevas restricciones de movilidad que rigen desde el viernes prometen recortar el limitado repunte que se venía observando en la actividad del sector.

 

Tras haber estado totalmente paralizados entre abril y diciembre de 2020, los servicios prestados entre enero y marzo representaron alrededor del 25% del movimiento total que había antes de la pandemia. De acuerdo con las estimaciones de las empresas, ahora ese nivel de actividad se encamina a bajar a menos del 15%.