23|9|2022

Javkin plancha el lobby Uber, pero Cabify se mantiene en pista

28 de abril de 2021

28 de abril de 2021

El intendente patea el avance de las apps aunque sin resolver el fondo. El riesgo Larreta de seguir eternamente en una laguna legal.

El manejo del transporte ha sido para el intendente de Rosario, Pablo Javkin, uno de los puntos más complejos para su gestión al margen de la situación sanitaria por la pandemia. A los recurrentes problemas en el sostenimiento del sistema de Transporte Urbano de Pasajeros (TUP) y de la red de taxis, se le sumó en los últimos meses el insistente avance de las aplicaciones móviles de transporte Uber y Cabify para prestar servicio en la ciudad, situación que tocó los nervios políticos del oficialismo tal como ha sucedido en distintos puntos del país.

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Las apps de servicios de movilidad son empresas multinacionales con millonarios recursos que destinan a publicidad y a un fuerte lobby. Basta con mencionar que a Cabify la asesora la consultora Symfonía, de los exdiputados del PRO Emilio MonzóNicolás Massot y el exministro del Interior del gobierno macrista, Rogelio Frigerio. Son consultoras y estudios de abogados que intentan filtrar el servicio en las normativas vigentes o forzar un escenario provechoso a partir de la rosca política. 

 

Es el caso de Cabify, que desde 2019 funciona en Rosario a partir de un atajo legal: ingresó al sistema bajo la modalidad de remises por un amparo después de sortear en la justicia la caducidad por parte del municipio. Sin embargo, esa categoría se encuadra en servicio público, algo en lo que no parece calificar la firma ya que se rige, simplemente, por la oferta y la demanda. Como si fuera poco, absorbió a la app EasyTaxi y despacha también ese servicio.

 

A su vez, el oficialismo impulsa en las comisiones del Concejo municipal un proyecto para modificar el régimen de remises con algunos puntos que hicieron ruido en concejales y concejalas de la oposición al entender que puede ajustarse a Cabify. Por ejemplo, el reemplazo del odómetro (reloj) o ticket al pasajero por aplicativos para pagos electrónicos, aumento de licencias, flexibilización de la antigüedad del vehículo y transferibilidad de las chapas. Será un nuevo capítulo para la polémica.

 

En la banquina

El empecinamiento y el empuje empresariales representan un recurrente frente de conflicto para Javkin que, arrinconado por una pandemia que perdura, prefiere no pilotear. Incluso, su ladera política, la presidenta del Concejo, María Eugenia Schmuck, que hace dos años impulsó un marco regulatorio para Uber, en las últimas semanas sostuvo ante las diferentes cámaras de titulares de taxis y remises que no es el momento para avanzar. 

 

Ese no es un punto menor: la presión de las 4.000 chapas de taxis se hace escuchar en la puerta de la Municipalidad cada vez que Uber intenta dar un paso más. Por eso, el oficialismo se pone guantes para manipular tensiones y mantener, como se pueda y al menos por ahora, la compleja situación. La semana pasada acompañó en el Concejo municipal la aprobación de un aumento en el monto de las multas al transporte ilegal llevándolas hasta los 350 mil pesos.

 

Claramente, se trató de frenar el avance de Uber y calmar las aguas. Por ahora, esa parece ser la estrategia: aislar a Uber y seguir. Sin embargo, en la Ciudad de Buenos Aires se reglamentó algo similar hace dos años y no tuvo demasiado efecto. A eso se le suma que la exigencia de la Justicia al gobierno de Horacio Rodríguez Larreta para que cese efectivamente la actividad y termine una supuesta “pasividad” de medidas que parecen maquillaje.

 

La solución que encontró Javkin parece ser sólo temporal y podría volverse en contra, según explicó a Letra P la concejala macrista de Propuesta Republicana, Renata Ghilotti. Es que ya ocurrió en la Ciudad de Buenos Aires y en Córdoba, donde, a partir de medidas judiciales, encontraron un hueco por donde operar. 

 

“Está cometiendo un error Rosario con esto. Con la multa a cualquier conductor, Uber lo puede representar y encontrar legitimidad para avanzar judicialmente”, dijo la concejala, que presentó un proyecto para regular el marco. “Va a pasar lo de Córdoba y Capital: se va a judicializar y tarde o temprano encontrarán la forma de ingresar. Hoy, los tribunales se están expidiendo y se pueden perder (las controversias) ante los planteos de las empresas”, finalizó.