Horacio Rodríguez Larreta siente que por ahora ganó el primer round por el mantenimiento de las clases presenciales mientras dure el DNU que las suprime en el área metropolitana para frenar la segunda ola de contagios de coronavirus. Desde el viernes, la contienda que mantiene con el presidente Alberto Fernández es minuto a minuto, pero la controversia judicial anticipa que los tiempos procesales podrían postergar su resultado por un par de días. Hasta entonces, el jefe del Gobierno porteño aguardará la decisión del máximo tribunal, pero en su entorno consideran que hay un objetivo cumplido: evitó otro revés del Gobierno luego del recorte de la coparticipación aplicado por Decreto a principios de septiembre pasado y que luego fue redefinido por ley en diciembre.
La pelota sobre la apertura de las escuelas en la Ciudad, dicen cerca del alcalde, ahora está en la cancha de la Casa Rosada: la Corte consideró que tiene competencia exclusiva para expedirse sobre el pedido de inconstitucionalidad presentado por la Ciudad. El procurador del Tesoro, Carlos Zannini, tiene cinco días para contestar pero lo hará con celeridad. El máximo tribunal acotará su decisión sobre ese recurso y, como era previsible, no se expedirá sobre el expediente que le dio un oxígeno invaluable a Larreta en el tironeo con Fernández.
La Sala IV de la Cámara en lo Contencioso, Administrativo y Tributario de la Ciudad habilitó este domingo la realización de las clases en forma presencial a pedido de dos asociaciones civiles. Este lunes Zannini se presentó ante la Justicia Federal para impugnar la decisión del tribunal porteño. Lo hizo para sacarle el caso y que quede en manos del fuero federal porque se trata de una decisión presidencial sobre política sanitaria y no educativa cuyo alcance es federal. El caso fue sorteado y está en manos de Esteban Furnari, titular del segundo juzgado contencioso federal.
En la Ciudad tienen una línea de tiempo judicial mientras la curva de contagios no promete estabilizarse. Barajan la posibilidad de que antes de un fallo de la Corte sobre la inconstitucionalidad del decreto, un juez federal se expida ante el pedido de Zannini. Si deja sin efecto la decisión de la Sala IV, hay dudas sobre quién presentará una apelación. Si la Ciudad toma el guante llevarán el expediente a segunda instancia del fuero federal. Anticipan una contienda judicial que seguirá escalando. También existe la posibilidad de que haya una recusación impulsada por el Gobierno contra alguno de los tres camaristas de la Sala IV. Está integrada por Marcelo López Alfonsín, Laura Perugini y Nieves Macchiavelli, hermana de Eduardo, secretario General del gobierno porteño y mano derecha del alcalde.
"Si la Corte falla en contra nuestro le habremos dejado en claro a todas las mamis y papis de los chats que hicimos todo lo posible para mantener la presencialidad de las clases", contestó con cierta ironía un alto funcionario porteño que no descarta un revés judicial en algún momento. En la sede porteña de Parque Patricios admiten que se trata de una suspensión por 15 días, pero aceptan que la cuestión era política. "Después de las veces que el Gobierno nos atacó por sorpresa con el recorte de la coparticipación, esta vez era una batalla moral, no íbamos a perder tres a cero", graficó en tono futbolístico otro integrante del equipo larretista.
La pelea resulta tan importante para el larretismo que consideran como "un costo colateral" cualquier acusación contra los camaristas porteños. Los cuestionamientos jurídicos pueden correr contra la jueza Macchiavelli y los políticos contra López Alfonsín, a quien le adjudican una estrecha relación con el extitular de Boca Juniors y operador judicial de la era Macri Daniel Angelici. "Echamos mano a todo lo que pudimos", bromea una fuente porteña para bajarle el tono a las sospechas sobre la estrategia diagramada en la Justicia porteña.
En el gabinete porteño alguno de sus funcionarios interpretan que los embates de la Nación también diluían su autoridad y la capacidad de defender los intereses porteños. La pelea por el recorte de la coparticipación federal de los dos puntos que les aumentó Mauricio Macri en 2016 era absolutamente previsible, pero pegó duro en los planes porteños. La Corte citó para este miércoles a ambas partes para que expongan sus posiciones pero las perspectivas porteñas son inciertas. Al igual que sucedió el año pasado, temen que el máximo tribunal busque una solución salomónica que no contente a nadie.
Con esos dos antecedentes, la pelea por la presencialidad era un partido que Larreta no podía perder. En la calle Uspallata consideran que no se trata sólo de una cuestión de principios, sino del contacto con un electorado que sustenta la presencia del PRO en el gobierno capitalino desde fines de 2007. Las cuestiones epidemiológicas parecen tener un segundo plano ante esas prioridades, aunque en la comuna se aferran a sus estadísticas y aseguran que las clases presenciales no aumentan los contagios. La apuesta de subir el tono a la pelea también puede diluirse en forma perdidosa si se confirma la hipótesis de la Casa Rosada, cuyos funcionarios aseguran que el movimiento alrededor de las escuelas es un disparador de contagios.
El paro que decretaron los gremios docentes contra el desconocimiento del DNU tampoco melló los ánimos porteños. La ministra de Educación, Soledad Acuña, aseguró que seis de cada diez aulas estaban abiertas y se amparó en el rol de 2300 "concientizadores" que fueron enviados para ayudar en el ingreso y egreso de los establecimientos.
