Una encuesta de la consultora Management & Fit (M&F) reveló que la mayoría de la población del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) le cree más al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, que al presidente Alberto Fernández en la puja por la presencialidad en las escuelas.
Según el sondeo, un 53,6% de los consultados y las consultadas se inclina por creerle al alcalde porteño, quien la última semana volvió a ocupar un rol central en la oposición, mientras que el 36,5% le cree al Presidente.
En esta línea, un 59,9% opina que las escuelas "no modifican la situación sanitaria actual" por estar abiertas y un 31,3% cree que son un foco de contagio de coronavirus. El resto (8,8%) prefirió no contestar la pregunta.
El pasado jueves, luego de conocerse las nuevas restricciones que afectan a la circulación y al dictado de clases, Larreta acusó a Fernández de tomar medidas "sorpresivas e inconsultas". Además, dijo que el Presidente endureció las medidas porque "no pudo conseguir las vacunas" que había prometido.
Según el trabajo de la consultora que dirige Mariel Fornoni, elaborado el 16 y 17 de abril en base a 1.000 casos, un 50,6% está de acuerdo con la visión del mandatario porteño. En tanto, un 33,2% opina que Rodríguez Larreta está mintiendo y un 16,2% no respondió el cuestionario.
Además, un 57,8% no apoya las nuevas medidas restrictivas del gobierno nacional y un 39,8% sí las avala.
La polémica, que ahondó la grieta entre el oficialismo y la oposición, ya ingresó en territorio judicial. De hecho, este lunes las escuelas de la Ciudad abrieron sus puertas gracias a un fallo de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo porteño.
En tanto, la Corte Suprema de Justicia resolvió que el planteo del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires contra el decreto de necesidad y urgencia de la Nación es de "competencia originaria" de ese tribunal. El máximo tribunal notificó de la decisión a las partes y le libró oficio a la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación para que formule sus planteos en el término de cinco días hábiles.