“¿Cómo es, Gustavo, que están pidiendo que suspendamos las PASO y vos llamás a elecciones dos meses antes?”. El 19 de enero, Alberto Fernández llegó a Chilecito con la noticia atragantada. El salteño Gustavo Sáenz, que forma parte del grupo de gobernadores que le reclamaba al Presidente la supresión de las primarias de agosto, había resuelto adelantar los comicios locales para el 4 de julio, en pleno invierno y, probablemente, en medio de la segunda ola de coronavirus en el país. El primer mandatario se lo reclamó un día después, delante de la liga de mandatarios del Norte Grande.
Sin aviso previo, Sáenz había resuelto dejar a la intemperie a sus pares con el reclamo de suspensión de las PASO con la excusa de la pandemia y también al gobierno nacional, que se aprontaba a evaluar la propuesta con algún grado de seriedad. El salteño salió del paso con otra noticia. “Lo que pasa Presidente es que yo también voy a impulsar una reforma constitucional. Por eso voy a desdoblar las elecciones”, respondió Sáenz, según reconstruyó una fuente de la Casa Rosada.
En el Gobierno, la decisión había caído como un balde de agua fría. “Para suspender las PASO, el gobierno provincial esgrimió dos fundamentos: uno sanitario y otro económico; pero parece que se olvidó de ambos a la hora de tomar la decisión de adelantar las elecciones provinciales y separarlas del cronograma electoral nacional”, apuntó Gonzalo Quilodran, director del Enacom y referente del Frente de Todos en Salta, que responde al jefe de Gabinete, Santiago Cafiero.
Pocos días después, el gobernador anunció en Salta que convocaría a sesiones extraordinarias en la Legislatura para poner en marcha el proceso para reformar la Constitución provincial, una iniciativa que había sido promesa de campaña y que fue presentada por Sáenz en abril del año pasado. La Legislatura aprobó la ley que declara la necesidad de reforma parcial el 24 de febrero. La elección de convencionales constituyentes se hará de manera conjunta con los comicios para elegir diputados y senadores provinciales, concejales municipales e intendente de la comuna de Aguaray, el 4 de julio.
La propuesta central de la reforma es la limitación de los mandatos del gobernador y vice, que pasarán de tres a dos. Es decir, con posibilidad de una sola reelección. A eso se suman la ampliación del período de sesiones de la Legislatura –hoy se inician el 1 de abril–, la limitación de la posibilidad de reelección de los legisladores, cambios en la duración del mandato de los concejales y en la integración de la Auditoría General de la provincia.
Con todo, sin dudas, el mayor ruido político está en la Corte de Justicia, que amplió su composición de siete a nueve jueces el año pasado, con el nombramiento de tres nuevos magistrados propuestos por Sáenz: Adriana Rodríguez Faraldo, María Alejandra Gauffín y Horacio Aguilar. Actualmente, los jueces de la Corte de Justicia son nombrados por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado y duran seis años en sus funciones, pudiendo ser nombrados nuevamente. El proyecto del gobernador propone modificar el artículo 156 y garantizar la inamovilidad de los jueces.
Una relación sinuosa
Con su decisión de desdoblar las elecciones, Sáenz le dejó en claro a la Casa Rosada que atiende su juego, más allá de las buenas relaciones que tiene con la coalición gobernante en particular a través de Sergio Massa, a quien acompañó en 2015 como candidato a vicepresidente. Massa lo cuenta como propio, pero el salteño no descuida las relaciones que tiene con Horacio Rodríguez Larreta y el PRO, que forma parte de la amplia coalición con la que ganó y gobierna en la provincia. En la Casa Rosada lo califican como “resbaladizo”.
En ese esquema, Sáenz empezó a conversar con distintos actores del oficialismo cómo se armarán este año las listas de candidatos a diputados nacionales por Salta. Las opciones son dos: un acuerdo con la Casa Rosada y la integración de una misma lista o la apuesta de Sáenz a una tercera vía, independiente del Frente de Todos y de Juntos por el Cambio.
Este año se renuevan tres bancas de Diputados que le corresponden a Salta. La primera está en manos de Alcira Figueroa, del Frente de Todos. Figueroa formó parte de la lista del senador Sergio “Oso” Leavy. La segunda la ocupa Martín Grande, del PRO, y la tercera pertenece a Andrés Zottos, que forma parte del bloque Justicialista.
De avanzar en el diálogo con la Casa Rosada, Sáenz podría sellar un acuerdo para que el Presidente proponga al primer candidato a diputado nacional y el gobernador, a la segunda. En ese caso, el primer lugar estaría reservado para Emiliano Estrada, subsecretario de Relaciones con las Provincias del Ministerio del Interior, que responde a Eduardo “Wado” de Pedro. Estrada, exministro de Economía de Juan Manuel Urtubey, forma parte de la Comisión de Acción Política del PJ de Salta y es el hombre de De Pedro que busca hacer crecer al kirchnerismo desde adentro de la estructura partidaria. Para el segundo lugar, Sáenz promueve a Pamela Calletti, exministra de Justicia de Urtubey y consultora jurídica del gobernador.
La segunda opción es mantener la estructura tal cual está, con la proyección de un reparto de una banca para el Frente de Todos, otra para Juntos por el Cambio y una tercera para la expresión local de Sáenz. En ese caso, Zottos buscaría la reelección como candidato de los intendentes, con apoyo del gobernador, mientras que el Frente de Todos llevaría un nombre propio, que sería Quilodrán, con el aval de la Rosada. Con esas fichas sobre la mesa, todavía quedan meses de conversaciones al compás de la fluctuante relación entre el gobernador salteño y la Casa Rosada.
