La propuesta y la aprobación de los nuevos miembros de la Comisión Nacional de Justicia y Paz (CNJP), la mesa laical y más política dentro de la estructura de la Iglesia, se convirtió en la antesala de las elecciones episcopales, postergadas por la pandemia y reprogramadas para abril, que se anticipan más reñidas y no tan cantadas como pretendían algunos obispos en puestos clave.
El jesuita Jorge Lugones (Lomas de Zamora), presidente de la Comisión Episcopal de Pastoral Social y, como tal, asesor eclesiástico natural de la CNJP, logró imponer su criterio y sentar a referentes de su estrecha confianza en esa mesa político laical, pese a que su reelección por un nuevo trienio al frente del organismo social aparece en duda y hay varios nombres en danza para ocupar su lugar.
El prelado lomense optó por una conformación más política que pastoral de cara al escenario de pospandemia, las elecciones legislativas y los tres años de gestión de Alberto Fernández por venir. Con ese objetivo, Lugones ubicó a Humberto Podetti en la cabecera de la CNJP y desplazó a Emilio Insaurraga, quien venía de las filas de la Acción Católica Argentina.
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Podetti no un es desconocido en la CNJP, dado que ya la integraba como miembro, pero tiene el perfil dialoguista y conocedor de las internas partidarias pretendido por los obispos para un año electoral. Abogado e investigador, es especialista en Derecho de la Integración y Comunitario y Derecho Económico y Contractual Latinoamericano. La doctrina del papa Francisco a favor del desarrollo humano integral, el cuidado del medioambiente, la idea de la Patria Grande latinoamericana y el acceso universal a los derechos humanos “centrales” son su leitmotiv. Con proyección profesional de cabotaje y también regional, no oculta su esencia peronista. Tiene vínculos estrechos con los gremios, sobre todo del sector de la construcción, y reivindica el pensamiento de Perón como clave para enfrentar los desafíos de este tiempo. “La comunidad organizada es el programa”, escribió para la red de noticias Nac&Pop, de la que es columnista ocasional.
A Podetti lo secundan en la cabecera de la CNJP Susana Pachecoy y Fernando Cuello. La chaqueña también es abogada, pero especializada en Derecho de la Radiodifusión y de las Telecomunicaciones. Pareja de Luis Lázzaro, con cargos ejecutivos en el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), aplaudió el DNU presidencial que en agosto de 2020 declaró que las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) -internet, telefonía y cable- son servicios públicos esenciales en el marco de la crisis sociosanitaria. “El Estado debe velar por la continuidad, universalidad y accesibilidad de los servicios públicos, ponderando la realidad económico-social concreta de los afectados por la decisión tarifaria con especial atención a los sectores más vulnerables”, aseguró entonces.
En tanto, Cuello es comunicador y asesor directo del obispo Lugones. Hace años que camina los pasillos de la casona del barrio porteño de Retiro donde funciona la sede episcopal. Ha colaborado en Pastoral Social y desde hace tiempo lo hace en la CNJP. Aunque ostenta un perfil bajo, es tenido en cuenta por su aparente timing para la rosca política, el diálogo y la negociación.
La CNJP sufrió altas y bajas en relación con la conformación 2017-2020. Salieron el fallecido sindicalista Mario Matanzo, los abogados Julio María Ojea Quintana y Juan Navarro Floria (también especialista en libertad religiosa), el empresario Juan Carlos Sagardoyburu y la políticologa María Laura Tagina, entre otros.
La Pastoral Social decidió que sigan como miembros la abogada Miryan Andújar, la jueza Verónica Chicón, el dirigente gremial Pablo Comeglio, Juan Luis Díaz (experto en agricultura familiar), el médico Norberto Liwski, Rita Meza (exfuncionario de la Secretaría de Agroindustria), Pablo Narvaja (Universidad Nacional de Lanús), Nicolás Palma (Asociación de Industriales de la provincia de Buenos Aires) y la abogada Ayelén Tomasini; además de disponer el ingreso de Martha Arriola, del sacerdote Hernán Martín (Orden de Don Orione), Laura Ranella, Mariana Roel, Juan José Sánchez, Alfonso Santiago, Mateo Schale, José Urtubey, Guillermo Valera y Alberto Vicenzi.
Algunos de esos nuevos nombres llamaron la atención a propios y extraños. La psicóloga social Arriola tiene lazos familiares con Lugones, fue funcionaria bonaerense, encabeza el proyecto educativo-integrador Cuidadores de la Casa Común y participó de la reciente presentación del Consejo Económico y Social. Urtubey, hermano de Juan Manuel, el exgobernador de Salta, es directivo de la Unión Industrial Argentina (UIA). El economista Schale se presenta como asesor de cámaras empresariales. Vicenzi integra la mesa directiva del sindicato ladrillero UOLRA. Santiago es conjuez de la Cámara Contencioso-Administrativo y Tributaria porteña y ha escrito artículos sobre derecho a la vivienda.
La ecléctica y multisectorial Comisión Nacional de Justicia y Paz tendrá trabajo a destajo en el año electoral, pero, según se apuran a aclarar sus miembros, la coyuntura política no los moverá de su "misión e ideario": “Estudiar y generar acciones que se propongan un desarrollo humano integral y el cuidado de la creación, conforme el Evangelio y la Doctrina Social de la Iglesia, para generar políticas públicas, con particular atención a la situación de las personas vulneradas”, y enfocados, aseguran, en la labor de sus equipos técnicos en desarrollo sustentable, agricultura familiar y tierra, educación, trabajo y cuestión ambiental, trata de personas, política, justicia, género e inclusión, entre otros.