12|4|2021

Gabriel Romero, el mítico surfer radical de la Hidrovía

06 de febrero de 2021

06 de febrero de 2021

La leyenda lo sienta a la mesa del Pacto de Olivos. De chatarrero a magnate sin fronteras. Del Coti a todos los peronismos y a la interna de Todos. ¿No va más?

De un extremo perfil bajo que solo se quiebra en momentos bisagra de la historia, Gabriel Romero es el empresario argentino que está detrás de un negocio que trasciende las fronteras. El dueño de Empresa Metalúrgica Patricias Argentinas (Emepa S.A.) tiene una trayectoria dilatada que lo sentó a la mesa de todos los gobiernos desde el regreso de la democracia y lo convirtió en un concesionario a la vez desconocido y destacado. Como socio de la compañía de dragado del gigante belga Jan de Nul, Romero accedió a uno de los contratos más codiciados, el de la Hidrovía Paraná-Paraguay, y lo conservó en su poder durante el último cuarto de siglo. Hoy vuelve al primer plano ante lo que parece ser el fin de una era o, por lo menos, un paréntesis. Las diferencias públicas en el Frente de Todos y el anuncio del ministro de Transporte, Mario Meoni, sobre el llamado a licitación para iniciar una nueva etapa en la vía fluvial -puerta principal de entrada y salida para el comercio exterior argentino- lo tienen como protagonista involuntario.

 

Leyendas de un empresario

Radical de toda la vida y nacido en el barrio porteño de Flores, Romero es el accionista local de Hidrovía S.A., el consorcio que fue creado en los años noventa para competir por el dragado y el balizamiento de los 820 kilómetros que conectan a la Argentina con el mercado mundial. Con una habilidad indudable, el empresario, que comenzó en la década del ochenta vendiendo chatarra, se expandió en forma vertiginosa hasta convertirse en el centro de un holding que tiene ocho unidades de negocios. El destino quiso que sus talleres ferroviarios de Chascomús lo llevaran a conocer a un vecino de esa localidad de la provincia de Buenos Aires, Rodolfo Poblete, que además era intimo amigo de los hijos de Raúl Alfonsín, Raúl Felipe, Ricardo y Javier, que tenía su misma edad. 

 

La relación se tornó estrecha y la leyenda nunca desmentida inmortalizó a Romero como el anfitrión que puso su departamento de Barrio Norte para que Luis Barrionuevo y Enrique Nosiglia comenzaran a amasar el Pacto de Olivos. Apenas unos meses después de la Reforma de la Constitución o quizás en paralelo, avanzó el proceso que terminó con la privatización de la vía fluvial -vía decreto 253 de Carlos Menem- y la adjudicación al consorcio de Emepa y Jan de Nul. Pasaron los gobiernos, se dictaron cuatro prórrogas y Romero y los belgas siguieron unidos. Juntos llegarán hasta el próximo 30 de abril, la fecha en que vence el contrato que Alberto Fernández piensa volver a licitar. Después, se verá si compiten por retener un negocio que factura U$S 200 millones de dólares por año y tuvo casi tantos cuestionamientos como extensiones de contratos. 

 

Según le dijeron a Letra P fuentes empresarias, la sociedad se vio resentida en los últimos años por diferencias estrategicas, al punto de que los belgas pretenderían  continuar con el dragado independientemende del futuro de Romero. Consultados sobre el tema, algunos que conocen al dueño de Emepa salen del paso con elegancia y afirman que el grupo tiene por política no hablar de sus socios.

 

Pese a su filiación radical, Romero no tuvo inconvenientes para entenderse con las administraciones de distinto signo que se alternaron dentro del PJ. Paralelo al paso de los años, el mito de un poderoso hombre de negocios que no habla en público y es dueño de una envidiable fortuna no hizo más que agigantarse. Las crónicas de las últimas décadas lo retrataron como un dueño sin fronteras partidarias: que le prestó su jet privado a Fernando de la Rúa para sus campañas políticas, que se codeó con Eduardo Bauzá, que se entendió a la perfección con Esteban Caselli... Y así. 

 

“Es la típica persona que nadie conoce pero es muy relevante y sabe hacer su negocio. Consiguió asociarse con quienes saben hacer las cosas y montó un negocio redondo”, le dijo a Letra P un funcionario que tuvo la oportunidad de tratarlo. Su perfil bajo no lo lleva a pasar inadvertido en las alturas del poder: todos los presidentes de la Argentina supieron de entrada quién era. 

 

En el año 2001, una gloria de la justicia independiente, el recién jubilado Rodolfo Canicoba Corral, comenzó a investigar sobreprecios por 70 millones de dólares en la adjudicación de la Hidrovía, pero el expediente se perdió en algún cajón de aquel magistrado intachable y nunca prosperó. 

 

Cuaderno del acostado 

Romero tuvo su última aparición estruendosa en agosto de 2018, cuando se presentó como “arrepentido” para asegurar ante el juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli que había pagado 600 mil dólares por el decreto 113/2010 de Cristina Fernández de Kirchner, que le prolongó la concesión de la Hidrovía por diez años. “El día antes de que se firmara el Decreto 113/2010, que aprobaba la renegociación del plazo de la hidrovía que fue publicado el 21 de enero de 2010, Roberto Baratta se comunicó telefónicamente con Poblete y le dijo que, si no entregábamos dinero, no salía firmado el decreto. Poblete me lo transmitió a mí. (...) Nos pidió 600.000 dólares y se lo dimos en dos partes, en 300.000 dólares y 300.000 dólares. El primer pago se realizó en el edificio sito en la Avenida Corrientes 316 en cuyo segundo piso funciona Hidrovía SA, y el segundo en mi domicilio ubicado en la Avenida Alvear al 1400. Ambos pagos los hizo Poblete porque yo así se lo había indicado (...) Puede haber habido un tercer pago pero no recuerdo ni cuánto dinero, ni dónde se entregó. Quiero aclarar que De Vido nunca me pidió plata”, dijo. Corrían los días de la saga del exsargento del Ejército Oscar Centeno y los guardianes de la república estaban extasiados con el dúo ignífugo que componían Bonadio y Stornelli. Más tarde, llegarían las denuncias más o menos explícitas de empresarios que dijeron haber sido intimidados para declarar en contra del cristinismo. Procesado, hoy Romero espera el juicio oral. 

 

Ese mismo año, las palabras del dueño de Emepa merecieron una respuesta detallada de la actual vicepresidenta en el Senado. Cristina recordó la historia de una concesión que arrancó con Menem, fue prorrogada por Eduardo Duhalde y tuvo también su extensión durante la era kirchnerista, en un proceso que incluyó audiencias públicas y fue aprobado en el Congreso por la Bicameral de Seguimiento de Facultades Delegadas del Poder Ejecutivo. 

 

Retirado

Crease o no, la historia que contó Romero marcó un quiebre puertas adentro del holding y provocó un cimbronazo que, según dicen, todavía persiste. El empresario renunció al directorio de todas sus empresas y se apartó del día a día de sus negocios. A los 69 años, el dueño de Emepa se concentra en una de las cosas que más le gusta, la cría de embriones de la raza de origen japonés Wagyu, que producen la carne Kobe, una exquisitez que se sirve en los restaurantes exclusivos de todo el mundo que tienen estrella Michelin. Dueño de Don Benjamin S.A., Romero introdujo la raza a la Argentina en 2001 desde Canadá y Estados Unidos, justo cuando el país volaba por los aires. Desde entonces, se dedica a producir esa carne premium y hoy tiene el rodeo de pedigrí más grande de Sudamérica.  

 

Del resto de sus negocios, Romero se fue alejando, al menos en apariencia. Gente de su confianza se ocupa del balizamiento en la Hidrovía, la Higiene Urbana en la ciudad de Buenos Aires, la concesión del Ferrocarril Belgrano Norte y el Metro de Lima -que ganó en 2011-, las plantas metalúrgicas de Chascomús y Laguna Paiva donde se repara material ferroviario, las empresas de ingeniería y construcción, la publicidad a través de PC Vía Pública y la producción de las razas Aberdeen Angus y Hereford que cría a través de la cabaña Santo Tomás de la Sierra. Pese a que no figura tampoco en el directorio de ninguna de sus compañías, su hijo, Cristian Romero, es para algunos el heredero de ese emporio que se construyó a partir de la chatarra y la ductilidad de su dueño. 

 

Después de un cuarto de siglo, el Grupo Emepa se prepara para ver caer un contrato que parecía tener garantizado de por vida. Habrá que esperar para saber si el Gobierno llega con los pliegos y las ofertas alcanzan a presentarse en el período -para algunos muy escaso- que queda por delante hasta el 30 de abril. Recién ahí se sabrá si Romero vuelve a competir por el negocio o prefiere dedicarse a otra cosa.