04|7|2022

La Fiscalía de Estado alineada con Vidal apeló la cautelar que avala las re-re

23 de diciembre de 2021

23 de diciembre de 2021

Para el organismo conducido por Hernán Gómez, la decisión no se ajusta a derecho. Advertencia de exgobernadora, bronca de intendentes y fiscal atornillado.

La Fiscalía de Estado de la provincia de Buenos Aires (FdE), a cargo del denunciado fiscal Hernán Gómez, apeló la resolución judicial que suspende la ley que pone tope a las reelecciones de intendentes, legisladores y consejeros escolares. El organismo solicitó que la Cámara en lo Contencioso Administrativo revoque el fallo del juez de San Martín Jorge Ocampo, quien había hecho lugar a la medida cautelar y debía resolver sobre el fondo de la cuestión, que es la inconstitucionalidad de la norma. La medida se conoció en la misma jornada en la que la exgobernadora María Eugenia Vidal rechazó cualquier modificación a la norma y en un comunicado dijo que el iniciado en 2015 debe computarse como primer periodo, por lo cual quienes fueron reelectos en 2019 no pueden presentarse en 2023. Su avanzada sentenció el divorcio con las jefaturas comunales bonaerenses de Juntos.

 

En este pleito se debe resolver la constitucionalidad de la ley 14.836, que impide las reelecciones indefinidas. La medida cautelar que cuestiona la Fiscalía de Estado fue impulsada por la concejala del municipio de Malvinas Argentinas Andrea Pavón. Ocampo hizo lugar a la medida cautelar pedida y suspendió la aplicación del artículo 7 de la ley provincial N° 14.836, que fija que el mandato de 2015 será computado como el primer período de aplicación de la norma que prohíbe la reelección indefinida consecutiva de intendentes y legisladores.

 

Pavón fue electa por primera vez en 2015 y reelecta en 2019. En su presentación ante la justicia, la edil había objetado el carácter “retroactivo” de la aplicación de la ley que limita las reelecciones y que le impide volver a presentarse en 2023. Adujo que la aplicación de la norma era “inconstitucional”.

 

La Fiscalía de Estado sostuvo ahora que la decisión de Ocampo no está a derecho. “Adelanto que la decisión judicial no resulta ajustada a derecho, carece de fundamentación válida y adecuada, y genera perjuicio grave e irreparable a mi representada”, sostuvo el organismo que conduce Hernán Gómez.

 

La decisión de apelar la cautelar se da en un marco donde actores de varios sectores ideológicos del mapa político bonaerense se encuentran en plena etapa de debate sobre cómo encarar el reclamo de decenas de jefes comunales quienes, en principio, no tendrían la chance de ir por un tercer mandato. Los sufren en el oficialista Frente de Todos, en el radicalismo, en el PRO y en el vecinalismo.

 

La cuña incoada por el organismo que conduce el radical Gómez echa más oscuridad a un tema que, en principio, parecía tener un principio de solución en la Legislatura bonaerense donde el próximo 28 de diciembre se iba a iniciar el debate. Una vez más la judicialización de la política.

 

El fiscal Gómez llegó a su cargo en un acuerdo entre el exgobernador Daniel Scioli y la oposición, puntualmente con la UCR bonaerense. Se trata de un cargo perpetuo que está exento del control ciudadano y alejado de la voluntad democrática, ya que ese cargo se da en el marco de acuerdos políticos entre el oficialismo de turno y la oposición.

 

No existe ninguna norma que le dé un marco de legalidad a ese acuerdo político. Se trata de una práctica heredada de la política de los años ‘80, en los albores de la democracia, aunque la actual oposición no respetó esa regla no escrita de la política. En 2015, con la asunción de Vidal, Gómez debería haber puesto su cargo a disposición para que se designe a un nuevo funcionario o funcionaria en el cargo, en un acuerdo entre los extinguidos Cambiemos, Frente para la Victoria y el vigente Frente Renovador. Pero eso no ocurrió, Gómez con la anuencia de Vidal, se quedó con el cargo y quebraron una vieja tradición de acuerdo y diálogo político.

 

Mientras la Fiscalía de Estado sostiene que la cautelar cuestionada (respecto a la retroactividad de la norma) es un “notorio exceso de jurisdicción”, la exgobernadora reagrupó este miércoles a los dirigentes bonaerenses que aún le responden y sentó un nuevo rechazo a la eventual modificación de la ley. Lo hizo a través de un comunicado que lleva su firma y la del presidente del bloque de diputados nacionales del PRO, Cristian Ritondo, y una docena de legisladores y legisladoras que ya adelantaron que votarán en contra de cualquier modificación a la norma sancionada en 2016.

 

La avanzada de la exgobernadora mudada a la Ciudad de Buenos Aires golpea en el corazón de otro sector político de Juntos, el de los intendentes, que por ley tienen vedada la posibilidad de presentarse para competir por un nuevo mandato en 2023.