28|11|2021

Ordenan investigar al fiscal de Estado bonaerense

16 de octubre de 2021

16 de octubre de 2021

Fue objetada la actuación de Hernán Gómez en una causa considerada delito de lesa humanidad. El caso llegó a la Casa Rosada y estrados internacionales.

Las consecuencias económicas de un delito de lesa humanidad y la labor del fiscal de Estado de la provincia de Buenos Aires, Hernán Gómez, derivaron en la orden judicial de apertura de una investigación penal por “incumplimiento de los deberes de funcionario público” dispuesta por la justicia federal de Azul, donde tramita el expediente principal que declaró delito imprescriptible la apropiación de bienes que padecieron el empresario bonaerense Daniel Paskvan y su familia durante la última dictadura cívico militar, según se desprende de la documentación judicial a la que accedió Letra P.

 

La declaración de delito de lesa humanidad dispuesta por el Juzgado Federal 1 de Azul puso en crisis la labor de Gómez, quien se opuso en varias instancias a reconocer el daño sufrido por la familia empresaria que es querellante en la causa abierta con graves consecuencias para los Estados nacional y provincial, tal como detalló este medio.

 

La familia Paskvan fue víctima directa del terrorismo de Estado y reclama desde hace 40 años por el establecimiento avícola que la dictadura cívico militar le arrebató. La pesadilla para la familia comenzó el 16 de mayo de 1980, cuando militares entraron a la fábrica de alimentos para mascotas de la localidad bonaerense de Roque Pérez, propiedad de la familia, que además tenían las acciones de la empresa Integraciones Avícolas Santafesinas S.A. en el Banco Torquinst, cuyos dueños se apropiaron de las empresas.

 

En los primeros años en democracia logró recuperar algunos de los bienes familiares, pero el mayor daño patrimonial ya estaba hecho. El despojo fue irreversible. Únicamente le quedó recurrir a la vía judicial, pero se encontró con un escollo que parecía infranqueable: la Fiscalía de Estado provincial, que en todas sus acciones se negó a reconocer el carácter de lesa humanidad de este reclamo puntual.

 

Tras varios años, la Justicia reconoció que la apropiación de esos bienes fue un delito de lesa humanidad, es decir, imprescriptible, situación que fue negada sistemáticamente por el fiscal radical designado en el cargo por el exgobernador Daniel Scioli.

 

El juez federal Gabriel Di Giulio le dio la razón a la querella y ordenó que se abra una investigación sobre el funcionario provincial.

 

En 2020, el empresario solicitó oficialmente al gobierno provincial que se presentara como querellante en el expediente del caso, que también se debate en estrados internacionales. Tal como informó este medio, la presentación fue realizada ante el Ministerio de Justicia bonaerense, a cargo de Julio Alak, para que, decreto de Kicillof mediante, el Estado bonaerense se convirtiera en querellante en la causa en trámite, que ya llegó hasta la cúspide de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde existe la posibilidad de una dura condena al Estado argentino.

 

El caso llegó también a la Casa Rosada. Mediante una carta, la víctima le solicitó al presidente Alberto Fernández que “arbitre las medidas correspondientes (…) a fin de resolver definitivamente este proceso que continúa generando daños irreparables”. El expediente abierto tras la misiva tramita en el Ministerio de Justicia nacional. El objetivo del denunciante es llegar a un acuerdo con el Estado argentino y evitar una condena internacional. Todos los plazos están vencidos y una sentencia contra el país es un escenario cada vez más probable.

 

Serpenteo judicial

En 2987, la víctima logró recuperar la empresa bonaerense San Roque SCA. Ni bien tomó el control, recibió pedidos de quiebra por deudas que habían generado los apropiadores. “En el caso de Roque Pérez y de Lobos, yo era socio solidario, entonces respondía con todos mis bienes. Los tipos compraban soja, hacían el alimento y lo pasaban a otra empresa. La endeudaban y yo tenía que pagar”, se destalla en la presentación ante la cartera de Justicia provincial.

 

A partir de la sentencia que reconoció la apropiación de su empresa, Paskvan decidió demandar a la provincia de Buenos Aires para recuperar el dinero perdido por los siete años de ocupación. En 2004, la Justicia le dio la razón, pero el entonces fiscal de Estado, Ricardo Szelagowski, “siempre frenó todo”. Cansado de esto, en 2006, Paskvan recurrió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

 

Esa denuncia hizo todo el recorrido. En 2018, la CIDH le aconsejó al Estado argentino llegar a una “solución amistosa”, pero el exministro de Justicia Germán Garavano no respondió en tiempo y forma. Ahora, esa corte internacional está en condiciones de dictar un veredicto, con grandes chances de una condena que deberá afrontar el Estado nacional.

 

Desde hace años, los denunciantes tienen en la mira el rol de la Fiscalía de Estado bonaerense (FdE), uno de los organismos que intervinieron en el largo proceso judicial. “La Fiscalía de Estado siempre fue contra las víctimas y nunca contra los responsables del vaciamiento”, señaló el empresario Paskvan.

 

En el año 2009, Paskvan denunció al titular de la Fiscalía, Hernán Gómez, por “abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público y su complicidad con los que resultaran condenados por delitos de lesa humanidad”.

 

Daños patrimoniales

La falta de actuación de la Fiscalía de Estado en la denuncia original de Paskvan derivó en un embargo parcial de fondos para la provincia de Buenos Aires y una condena al Estado bonaerense “con la permisibilidad” de la Fiscalía de Estado. “La complicidad” de los funcionarios provinciales “no se investigó en el marco de delitos económicos del terrorismo de Estado”, tal como ordenó la Corte nacional.

 

La Fiscalía de Estado canceló miles de juicios basados en la ley 11.192 (régimen de consolidación de deudas sancionada en diciembre de 1991) y de pesificación utilizando el sistema de actualización de intereses y coeficientes CER, con la única excepción del expediente Paskvan. “Resulta llamativo el grado de impunidad de dicho fiscal de Estado que nadie pareciera investigar por su accionar en detrimento de las arcas provincial por el caso Wasserman”, consideró el denunciante, quien señaló que también pedirá que se indague sobre esa millonaria indemnización en dólares avalada durante la gestión del exgobernador Scioli.