Una misión con funcionarios del Ministerio de Economía y del Banco Central partirá este sábado a Washington para ajustar con los técnicos del Fondo Monetario Internacional (FMI) las metas plurianuales que serán sometidas al Congreso y constituirán la base de un acuerdo que se busca acelerar. Esos números guardan el secreto del tamaño del esfuerzo que se le pedirá a la sociedad en los próximos años, esto es, la reducción del déficit fiscal que se supone necesaria para ahorrar recursos que hagan posible el pago –o la refinanciación en el mercado– de esa deuda de 44.000 millones de dólares. El dolor no será poco, tal como advirtió Cristina Kirchner en su carta del sábado. Dada la concentración del 60% del gasto público en seguridad social, el aumento de las tarifas asoma como el modo más a mano para lograr aquellos objetivos, uno que no estará exento de costos económicos y políticos.
Aunque se hablará mucho de eso, es ocioso discutir si el plan económico que viene es de autoría nacional o una imposición del Fondo. En concreto, la idea de subir las tarifas –en promedio– en línea con la inflación, de modo de dejar el monto del subsidio que realiza el Tesoro constante en términos nominales y licuarlo con el tiempo a través de la inflación, es una idea del ministro Martín Guzmán. Eso, hay que recordar, motivó en mayo un cruce con Federico Basualdo, subsecretario de Energía Eléctrica, quien dijo públicamente que la suba sería igual para todos, de solo el 9%, y permaneció atornillado a su cargo a pesar de la decisión de su superior jerárquico de desplazarlo.
Sin embargo, es evidente que el diseño de Guzmán respondía a la necesidad de empezar a reducir un rojo presupuestario disparado por las asistencias dispuestas durante el Gran Confinamiento de 2020 en previsión, justamente, de un acuerdo con el FMI. ¿Quién es entonces el padre de la criatura? ¿Quien la anota o quien dibuja el campo de juego en el que se desarrollará el partido?
Guzmán pretendía –aún pretende– subir las tarifas aunque en base a un esquema segmentado, por el cual las familias de menores ingresos enfrenten incrementos nulos o muy pequeños, mientras que las más pudientes se hagan cargo de actualizaciones superiores a la inflación. Después del Basualdo-gate, ese trabajo por fin se aceleró y el ministro asegura que estará todo dispuesto para su puesta en práctica el año que viene.
La consultora Analytica elaboró, en ese sentido, un informe que simula escenarios de suba de tarifas de electricidad, gas y agua (EGA) en línea con el sendero de reducción de los subsidios y el déficit fiscal esperable en el contexto de un entendimiento con el FMI.
De acuerdo con ese trabajo, "si bien el proyecto de Presupuesto para 2022 contiene una pauta de déficit primario del 3,3% del PBI, 0,7 puntos menos que el asumido en el Presupuesto 2021, se descuenta que para el cierre del acuerdo con el FMI la reducción deberá ser mayor. Difícilmente sea inferior a un punto del producto, lo que significa que el déficit primario (antes del pago de deuda) sería del orden de 2,5% del PBI el próximo año".
Analytica recuerda que los precios regulados del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que elabora el INDEC, dentro de los cuales se destacan las tarifas de EGA, se ajustaron 23 puntos porcentuales por debajo del nivel general. Ese retraso "significativo" le permitió al gobierno de Alberto Fernández cambiar la estructura de gastos de las familias: "mientras que las tarifas de electricidad, gas y agua en 2018 eran el 7% del gasto de los hogares, hoy representan apenas el 3%".
Los subsidios son muy importantes: desde el inicio de la actual gestión, pasaron de 1 a 2,7 puntos porcentuales del producto. Así, si Guzmán decidiera devolver las tarifas al nivel en que las había dejado Mauricio Macri, el aumento horizontal debería ser del 100%, lo que llevaría el IPC al 65% anual. Descartado.
Si, en cambio, se buscara un ahorro fiscal de 0,7 puntos porcentuales del PBI en línea con el Presupuesto y no disparar la inflación, el camino pasaría por la segmentación.
La simulación de Analytica indica que no habría incremento alguno para la mitad de las familias argentinas, ubicadas en la base de la pirámide de ingresos, mientras que sería de 155% promedio para el resto, llegando a un pico del 220% para el 10% de mayor poder adquisitivo. Según el informe, solo el aumento para el 10% superior de la pirámide representaría "un ahorro fiscal de 0,24% del PBI en un año. Al incluir al restante 40% de mayores ingresos, el ahorro alcanza al comentado 0,7% del producto". "Los segmentos medios y altos de familias de las tarifas de electricidad, gas y agua, que concentran el 70% de los subsidios", explica.
Esa receta tendría un efecto inflacionario acotado: 2,4%, solo en ese concepto, en el primer mes, para converger luego al nivel anterior. Sin embargo, esos números solo responden a una simulación y es improbable que incrementos semejantes se apliquen de un solo golpe, lo que reduciría su potencial de ahorro fiscal.
En momentos en que las elecciones de 2023 ya se divisan en el horizonte y en que el Frente de Todos no oculta que esa es su gran obsesión, no hay que minimizar el modo en que la política en ciernes podría impactar en la agenda informativa, dado que los sectores medios y altos están sobrerrepresentados en los medios de comunicación.
¿Qué diría sobre eso uno de los referentes de la alianza de gobierno, Sergio Massa, quien deposita en dichos segmentos su proyecto presidencial? ¿Qué dirá Cristina Kirchner, quien ya advirtió que el acuerdo con el Fondo no debe convertirse en "el más auténtico y verdadero cepo del que se tenga memoria para el desarrollo y el crecimiento con inclusión social de nuestro país"? ¿Debe esperarse un alineamiento sin fisuras del oficialismo o, en cambio, una vuelta de tuerca más severa sobre la tendencia conocida a la guerra interna?
El acuerdo con el FMI es fundamental para que las expectativas no se deterioren más, al punto de poner en juego lo que queda de estabilidad económica y política en la Argentina, pero, ni bien se firme, comenzará otro segundo tiempo, uno más hostil que lo deseado por Fernández, Cristina y Massa para la consolidación del proyecto que iniciaron hace dos años y medio.
