El cese del fuego provisional que representa la permanencia en el cargo del subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo, y la imposición del criterio del cristinismo que lo sostiene de hacer lugar a un único y módico incremento del 9% de la tarifa eléctrica muestran hasta qué punto la política económica que pretende aplicar el ministro Martín Guzmán ha quedado intervenida por el ala política del Frente de Todos. Este, sin embargo, espera el momento propicio para volver con su idea de imponer un ajuste mayor, más alineado en promedio con la inflación pero segmentado, de modo que recaiga en mayor medida sobre los usuarios y usuarias más pudientes y que alivie un Presupuesto que, si ya nació demasiado ajustado, lo estará más en la medida en que la pandemia obligue a seguir restringiendo actividades y al Estado, a salir al rescate con fondos que aquel no prevé. El invierno está aún por llegar.
Guzmán es consciente del runrún que generan las voces –no solo cristinistas– que lo quieren mandar a hacer los palotes de la política, de modo de entender “la realidad de la calle”, una que asusta a los estrategas electorales del Frente de Todos. Sin embargo, resiste. “La discusión sobre la política económica va a seguir”, avisan en su entorno, según supo Letra P.
“Se gasta (en subsidios tarifarios) una parte importante de nuestro Presupuesto. Debemos ser autocríticos al respecto”, señaló, sin ignorar que pateaba un cable pelado del modelo que aplicó en sus dos mandatos la actual vicepresidenta, Cristina Kirchner. “Estamos invirtiendo recursos en un sistema prorrico (…), gastando en subsidiar el consumo de luz y gas en una parte de la población que hoy no es prioritario que reciba esos subsidios, que tienen que ser utilizados para quienes más lo necesitan” añadió antes de la estocada final: “Enfrentamos una situación en la que el 57% de la sociedad menor de 14 años está en situación de pobreza”, recordó.
La interna, programática y de concepto, está acallada, pero no terminada.
El ministro se sobresalta ante la tendencia que muestran los subsidios. Según un informe de la consultora Ecolatina, “los subsidios económicos saltaron más de 100% en 2020 y crecieron casi 80% interanual en el primer trimestre de 2021, duplicando la inflación. Se desprende de estos números cómo vienen ganando peso como porcentaje del PBI, pasando de 1,6% en 2019 a más de 3% este año”.
Cabe recordar que la intención de Guzmán era, al presentar el Presupuesto 2021 –su plan económico– que esa cuenta se mantuviera constante en 1,7% del producto bruto interno (PBI), lo que implicaría que las tarifas de luz, gas, agua y transporte crecieran en promedio lo mismo que la inflación. Para evitar que eso impactara severamente sobre los sectores de menores recursos pergeñó la idea –una eterna promesa de todos los gobiernos recientes– de segmentar los incrementos de acuerdo con el poder adquisitivo de los diferentes sectores, algo sobre lo que debería haber trabajado Basualdo, reprocha.
“La Administración Pública Nacional paga actualmente subsidios por la importación, generación, transporte y distribución de energía eléctrica y gas; por el consumo residencial de garrafas; al transporte automotor, ferroviario y aerocomercial; y a otros (sector agropecuario e industrial, provisión de agua y saneamiento y otras empresas públicas). De estas transferencias, las que tienen un mayor peso son las destinadas a abaratar los servicios energéticos, disociando el costo de la electricidad y el gas del precio pagado por los hogares”, reseñó Ecolatina.
Al inicio de la etapa de Juntos por el Cambio, la tarifa eléctrica, por caso, cubría solo el 15% del costo de generación. A fuerza de incrementos muy superiores al costo de una pizza, esa proporción se elevó al 63%, “pero causando efectos sobre la inflación general y el nivel de actividad”, completó la consultora.
El trabajo coincide con la crítica de Guzmán: si bien los subsidios son para todos y todas, su sesgo es prorrico. Así, indica, si se los eliminara completamente, los sectores más castigados por la inflación podrían beneficiarse de una reducción de siete puntos porcentuales de la alícuota del IVA o más que quintuplicarse la Asignación Universal por Hijo (AUH).
El gobierno de Juntos por el Cambio tropezó gravemente con una política tarifaria que, además de “sincerar” el costo de los servicios públicos, lo dolarizó plenamente. Así, cuando el tipo de cambio comenzó a estallar a mediados de 2018, la misma se hizo completamente insostenible y el centroderecha que había llegado para poner orden a la macro legada por Cristina debió volver a las políticas que tanto había criticado.
Al inicio de su gestión, Fernández prometió desdolarizar y segmentar las tarifas, pero nunca avanzó lo suficiente en el diseño de un nuevo esquema para los servicios públicos y el congelamiento se mantuvo. La crisis económica, la interna en el Frente de Todos y la urgencia de la pandemia han sido los palos en la rueda del cambio de esa política.
“En la vida hay que elegir”, rezaba en la campaña de 2013 el eslogan del entonces Frente para la Victoria. Este, ampliado y convertido hoy en el Frente Todos, por ahora elige la paz interna y mantener, al menos en lo que respecta al costo de los servicios públicos, un statu quo que no eche más leña al fuego de una inflación muy difícil de controlar.
Sin embargo, si –como espera Guzmán– en algún momento aborda de otro modo ese asunto espinoso, podría encontrarse con que el remedio de aumentos que ayuden a sanear la macroeconomía tenga efectos adversos de calado: la limitación del consumo de los sectores medios –ya golpeado por la interminable crisis nacional–, el impacto negativo de este fenómeno sobre el nivel de actividad y, al igual que le ocurrió a Mauricio Macri, la retroalimentación permanente entre ajustes tarifarios e índice de precios.
Sí, en la vida hay que elegir. Y ninguna decisión es gratis.
