Dos proyectos para declarar el Estado de Emergencia en Seguridad Pública en la provincia de Santa Fe están listos para ser tratados en las sesiones extraordinarias de la Legislatura santafesina, y tras la Ley de Presupuesto, su sanción es prioritaria. En términos ejecutivos para la Casa Gris implica compras directas y agilizar los trámites administrativos para dotar de recursos el ministerio de Seguridad en medio de una ola de violencia sin freno. Para la oposición, sería otorgar una muestra de buena voluntad en esta época de impasse a las acusaciones cruzadas de falta de diálogo y colaboración.
Las dos propuestas son prácticamente coincidentes. El primer proyecto fue presentado por el PS, con la firma de Lionella Catallini, en la Cámara baja en octubre, apenas venció la ley que rigió este año, y el segundo, con las fichas de la Casa Gris, ingresó en noviembre al Senado con la firma de Alcides Calvo (PJ- Castellanos) y el bloque Lealtad, que responde al gobernador Omar Perotti. A fines de noviembre la iniciativa había logrado preferencia en la Cámara alta, pero luego la discusión no avanzó en el recinto, en una sesión colmada de reproches de la oposición al Ejecutivo.
Pero esa escena quedó atrás con el convite del gobernador al Salón Blanco a los jefes y jefas de bloque de la cámara de Diputados y Diputadas para discutir medidas para afrontar la inseguridad en la provincia. En una especie de hito refundacional en las relaciones con el Parlamento local y con un nuevo gabinete de Seguridad lleno de nombres propios tras la salida del equipo del exministro Marcelo Sain, Perotti barajó y dio de nuevo.
Entre los temas para extraordinarias, el gobernador envió ambos proyectos para su tratamiento -no solo el de su senador espada- en señal de querer conciliar posiciones y así, el que lleva las firmas socialistas más la del radical Fabián Oliver y la de Amalia Granata podría ser el que salde la necesidad. La iniciativa declara la emergencia hasta el 31 de diciembre del 2022, tendría como principal fuente de financiamiento aportes de rentas generales del tesoro provincial por hasta mil millones de pesos y acelera los procesos administrativos para la compra de patrulleros o equipamiento que se considere necesario para combatir la inseguridad. Además, insta a la conformación de la junta provincial de seguridad, que se deberá reunir de manera mensual -o más seguido si fuera necesario- y crea una comisión bicameral de seguimiento.
Este último punto es central para la oposición, porque les permitiría un control exhaustivo de cómo se está aplicando esta herramienta y si bien todos los espacios piden reuniones previas con el Ejecutivo para afinar los detalles, para el radicalismo Neo del exministro Maximiliano Pullaro, un cara a cara con el ministro de Seguridad Jorge Lagna es el paso previo a poner la firma. De todas maneras aclaran: “No vamos a votar divididos del resto de la oposición”.
Dos compras observadas
Fue Pullaro quien detalló qué se espera de Lagna: “La idea es que venga a Diputados a explicar para qué quiere la Emergencia, cuáles son los tramites que necesita agilizar. Este gobierno ya tuvo dos años Ley de Emergencia. El exministro Raúl Lamberto la tuvo tres años y yo ocho meses y pedí que no la renueven fundamentalmente porque son procesos donde se fuerza la Ley de Administración Publica”. Y apuntó dos compras de la era Sain que fueron observadas por el Tribunal de Cuentas y con investigaciones judiciales abiertas: “Hay que tener una mirada ajustada sobre eso porque ya hubo dos casos de corrupción manifiesta, la causa por armas, en la que un juzgado contencioso administrativo tumba la licitación porque estaba direccionada y otra es la de sobreprecio en la compra de motos”.
