“La ley de hidrocarburos no va a pasar. El artículo 43 es invotable. Encima, es una ley que vino mal parida”, le dijo a Letra P una de las principales espadas legislativas del oficialismo. El 15 de septiembre, el Gobierno presentó en sociedad el proyecto de ley de inversiones hidrocarburíferas, minutos antes de que se desatara el tsunami de renuncias en el gabinete luego de la carta-bomba de Cristina Fernández de Kirchner tras la derrota del oficialismo en las PASO. Mala señal para el primer paso de una norma que la Casa Rosada cuenta entre sus proyectos estratégicos, pero que quedó atrapada por las indefiniciones y los ruidos en la conducción de la coalición gobernante.
El secretario de Energía, Darío Martínez, asistido con la pluma de Demián Panigo, director de YPF que responde a Martín Guzmán, buscó convencer de los beneficios de la futura norma a las petroleras privadas antes que a los sindicatos y las provincias de la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (Ofephi). Sin embargo, terminó cosechando críticas por todos lados. Como si fuera poco, el escollo no solo es parlamentario, donde las principales figuras del kirchnerismo pusieron reparos. Las autoridades provinciales, actores claves en el manejo de los recursos, también se muestran críticas.
El artículo 43 al que hacía referencia el dirigente del PJ es el que le confiere la centralidad a la Secretaría de Energía en la toma de decisiones sobre los recursos naturales, a través de la creación de un Consejo de Inversiones que podría decidir sobre cada uno de los proyectos que se presenten en el marco de la norma. “Es una ley que peca de porteñismo”, había dicho Omar Gutiérrez, el gobernador de Neuquén. Luego de la reforma constitucional de 1994, el manejo de los recursos naturales quedó bajo jurisdicción de las provincias, que son las que aprueban las concesiones y proyectos. Tal como quedó redactado el proyecto, la Ofephi queda desdibujada. Para completar, CFK, por venir de una provincia petrolera, entiende a fondo el peso que tienen los recursos naturales en cada uno de los territorios.
“La ley está trabada, como todas las leyes importantes, por el propio reordenamiento del Congreso, pero no está cajoneada. Nos dijeron que esperemos un poco”, indicó a Letra P una de las personas que supervisó la redacción del proyecto. “Ya se les dijo a los gobernadores que el artículo 90 (también referido a la centralidad de la Secretaría de Energía) se va a modificar”, agregó.
El presidente Alberto Fernández anunció el envío de este proyecto al Parlamento el mismo día en que presentó el proyecto de Presupuesto 2022, otra de las normas que hasta el momento no tuvieron tratamiento alguno en el Congreso. En aquel acto, el mandatario ató la suerte del Presupuesto a la negociación con el FMI. La propia ley de inversiones de hidrocarburos también está asociada a esa negociación, ya que forma parte de la estrategia exportadora del Poder Ejecutivo para conseguir los dólares que drenarán hacia el repago de la deuda contraída por Cambiemos.
La puja por los dólares
La clave del proyecto, tal como explicó en varias oportunidades este portal, pasa por aumentar la producción de crudo y gas y habilitar mayores volúmenes de exportación y libre acceso de divisas. Para producir más, las petroleras privadas piden acceder a los dólares. El Gobierno necesita los dólares para cumplir con el FMI. La puja de fondo es por la moneda norteamericana.
El sector privado, ante lo incierto del escenario, continuó con sus presiones para conseguir una mayor garantía de exportaciones y acceso a las divisas que la plasmada en el borrador de la ley.
Otro aspecto que cuestionan algunos sectores del propio oficialismo es el marco de estabilidad fiscal por 20 años que plantea el texto y que impediría utilizar una suba de las retenciones como instrumento de política económica frente a los vaivenes internacionales. A su vez, como la iniciativa dejó afuera el debate por el barril criollo, el Estado se quedaría sin instrumentos para evitar una mayor dolarización del precio de la energía.
“Los precios internacionales y locales no ameritan esta estabilidad que se propone. Al resto de la economía se le retacean dólares, pero con este proyecto se les garantizan divisas a las empresas para que financien su propia transición energética. No parece muy lógico”, reflexiona Rubén Zárate, integrante de la Agencia Nacional de Promoción de Investigación y Desarrollo Tecnológico. “Lo que viene es una lucha por las divisas y no por el desarrollo”, agrega.
La mención a la transición energética no es azarosa. Según Zarate, la norma otorga más beneficios a la producción de gas, clave en la transición energética de cara a la descarbonización global planteada para 2050. En la práctica, esto sería transferir posibles inversiones desde las cuencas maduras como el Golfo San Jorge hacia Vaca Muerta. “Todo pasa por el tema de las exportaciones y los recursos no convencionales”, se sincera también el directivo de una petrolera más orientada al mercado interno.
El proyecto de promoción de inversiones hidrocarburíferas quedó subsumido bajo su problema de origen, la absoluta centralidad que cobró la Secretaría de Energía en la gestión de los futuros proyectos, con varios borradores que debieron ser corregidos u observados por CFK. La sucesión de tachas y enmiendas al proyecto que boya en el parlamento explica, entonces, por qué es "una ley que vino mal parida” y muestra la empinada cuesta que le queda por delante.
