17|11|2022

El Gobierno defendió la fusión Telecom-Cablevisión en una causa de doble filo

17 de noviembre de 2021

17 de noviembre de 2021

El Estado rechazó una demanda judicial contra el holding porque sigue abierto el trámite administrativo, pero validó los argumentos que blindaron la operación.

En una defensa técnica y extensa, el Estado pidió a la Justicia que rechace una demanda que pretende frenar la fusión Telecom-Cablevisión y que anticipó Letra P. Aunque dejó la puerta abierta para que continúe un reclamo administrativo ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC), validó lo actuado por la conducción de ese organismo que aprobó la operación en 2018.

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El lunes 8 venció el plazo para que el Estado Nacional conteste una demanda de la abogada Liliana Zabala, en representación de trabajadores de Telecom, que pide la nulidad de la fusión. Como contó este medio, la letrada busca impugnar la operación porque considera que existieron distintas irregularidades -menciona el incumplimiento del contrato de privatización que preveía la participación de los trabajadores en las ganancias, lo que afectó a sus representados, como infracción originaria-. 

 

En tribunales y en un recurso administrativo en la CNDC, Zabala también busca impugnar los votos favorables a la fusión de Esteban Greco, expresidente del organismo, y de Roberta Bidart, exvocal. Ambos, según la denuncia, fueron consultores en GPR Economía, que hizo trabajos para Telecom y para Cablevisión. La extitular de la Oficina Anticorrupción Laura Alonso apercibió a Greco, pero respaldó su trabajo.

 

La defensa del Estado solicitó el rechazo de la demanda de Zabala ante el Juzgado Civil y Comercial 3 de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo de Juan Rafael Stinco. Los abogados de la CNDC hicieron un pedido de excepción porque todavía no se agotó el trámite administrativo, es decir, la impugnación que hizo la abogada ante la propia Comisión de Defensa de la Competencia. La ley, dice el escrito, exige “el agotamiento de la vía administrativa” antes de judicializar.

 

La CNDC depende formalmente de la Secretaría de Comercio Interior de Roberto Feletti, bajo la órbita del ministro de Desarrollo Productivo Matías Kulfas. La respuesta, a cargo del equipo jurídico del Ministerio, remarcó formalmente que existe la instancia administrativa sin dirimir. En el equipo del secretario enfatizaron que la demanda los sorprendió con apenas dos semanas en el cargo y que la contestación buscó ganar tiempo. Informalmente, en la cartera productiva reconocieron que se trata de una cuestión difícil de dirimir, porque la fusión está cristalizada y cualquier marcha atrás podría provocar demandas contra el Estado.

 

Con todo, los abogados, además, rechazaron la demanda de fondo. Indicaron que la letrada no está legitimada para impugnar y defendieron lo que hizo la CNDC para validar la fusión. En el escrito, rebatieron un planteo de Zabala que advertía que “la fusión producirá un monopolio y una reducción en la competencia” que, además de impactar en el mercado de telecomunicaciones, tenía efectos en la libertad de expresión, por el rol protagónico de los medios del Grupo Clarín.

 

“Cabe recordar que los efectos de conglomerado o de cartera a los cuales parecieran aludir los demandantes, sí fueron tenidos en cuenta en el dictamen elevado oportunamente”, indicó la defensa del Estado, a cargo de abogados de Desarrollo Productivo. “Destacó por entonces la CNDC que el empaquetamiento es una tendencia internacional que implica beneficios tanto para los consumidores (posibilidad de precios más bajos, un único proveedor) como para las empresas (economías de alcance, fortaleza competitiva)”, añadió.

 

Un párrafo del escrito busca despegarse de la visión política, aunque la defensa respaldó todo lo actuado por la CNDC: “Es preciso señalar que el análisis de los niveles de concentración de los mercados de los servicios involucrados y de los efectos horizontales realizados por la CNDC en el Dictamen de Mayoría en su oportunidad reflejan la interpretación particular de la autoridad de competencia en su anterior conformación”, se lee.

 

Zabala sostuvo que "por imperativo procesal, (la CNDC) niega la violación a las normas de ética pública por parte de los funcionarios Greco y Bidart" que formaron parte del planteo. "Pero lo curioso es que se opone a la prueba con la que se pretende acreditar las causales de nulidad sobre las que se basa la demanda", agregó.
Los abogados de la CNDC pidieron al juez llamar como terceros a Telecom Argentina, Cablevisión y Fintech, el fondo de inversión de David Martínez que es socio del holding de Héctor Magnetto y que había entrado en Telecom antes de que se oficializara la fusión. “Es importante resaltar que la sentencia que recaiga en autos será oponible a los terceros y, de no procederse con la citación, se violentará el derecho de defensa de ellos”, indicaron.

 

La cuestión política es incómoda para el Gobierno. Por un lado, deja abierta la puerta para el reclamo administrativo. Sin embargo, en la contestación de demanda judicial, rechazó planteos sobre infracciones a la ley de Ética Pública, defendió lo actuado por la CNDC y pareció alineado con la defensa corporativa del holding que comanda Magnetto. Para la empresa la fusión es “cosa juzgada”, tal como se lee en el escrito que, con la firma del abogado Damián Cassino, respondió al planteo administrativo de Zabala ante la CNDC. Ha habido impugnaciones, pero “ninguna prosperó”, indicaron voceros del holding a Letra P.