El empresariado se acomoda al nuevo escenario político, presta atención a lo que pueda surgir de un Congreso equilibrado y, con cierto alivio, destaca que no hubo sorpresas en las elecciones. También reclama acelerar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y busca que la agenda de consensos que planea el presidente Alberto Fernández incluya puntos que incentiven a la actividad privada y la generación de empleo.
Hay, en las voces que recogió Letra P en on y en off the record, cierta cautela por lo que pueda venir. La atención está puesta en el Fondo Monetario Internacional. La necesidad de un acuerdo que evite la cesación de pagos con el organismo ya es prácticamente un ruego. “El país no puede vivir descolgado de la financiación”, dijo Martín Cabrales, vicepresidente de Café Cabrales.
Los contactos entre el sector empresario y el funcionariado, permanentes, tuvieron un capítulo novedoso el martes de la semana pasada, en Olivos. El Presidente y el ministro de Economía, -ratificado en su cargo- Martín Guzmán, recibieron a ejecutivos de cuatro multinacionales. Les pidieron apoyar una negociación con el FMI que no obture el crecimiento con un programa de ajuste y les anticiparon la búsqueda de diez puntos de consenso entre empresas y sindicatos. Habrá, supo Letra P, más reuniones de este tipo.
En paralelo, el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz, reactivó el Consejo Económico y Social (CES). Este jueves a las 9:30, los consejeros y las consejeras -hombres y mujeres de negocios, sindicalistas, referentes de movimientos sociales, universidades y ONGS- tendrán un desayuno de trabajo. Los tiempos largos del CES ahora maridan con una agenda más urgente de búsqueda de acuerdos.
“El funcionamiento del Consejo es vital para que el movimiento obrero, los empresarios, los movimientos sociales, las universidades y las organizaciones de la sociedad civil nos pongamos de acuerdo y emitamos un comunicado común que respalde la negociación con el FMI y las medidas que beneficien al conjunto de la sociedad”, dijo Marcelo Fernández, presidente de la Confederación Empresaria (Cgera) e integrante del CES. “Es vital jerarquizar al Consejo y que de ahí surjan consensos y propuestas para que rápidamente superemos la crisis que provocó la pandemia y encaremos la negociación con el FMI para que no sea freno a este crecimiento que estamos viendo”, agregó.
Su entusiasmo contrasta con la cautela de otros referentes empresarios de distintos sectores, que ven que comienza la carrera hacia 2023 sin darle solución a la crisis actual. “Hay que ser prudentes y trabajar en la agenda conjunta para estos dos años: la falta de dólares, la gran necesidad de generar trabajo, de salir del asistencialismo. Eso es iniciativa privada y para eso se necesitan incentivos para producir e invertir”, dijo Cabrales. Desde el agro, el presidente de la Federación Agraria, Carlos Achetoni, consideró que las elecciones fueron “un llamado de atención a las políticas equivocadas, pero no un cheque en blanco para los que ganaron”.
Por ahora, la menor presión fiscal y los incentivos a la producción se manifiestan en los proyectos de ley para promover inversiones en electromovilidad -asociada a la minería de litio-, automotores, economía del conocimiento y agroindustria. El jueves, Guzmán anunció el envío del proyecto de ley al Congreso. Para Achetoni, es un paso para “sacar presión impositiva”, pero “se queda corto, sobre todo para el sector primario”. En off, otro hombre de negocios imploró: "Por lo menos no nos pongan más impuestos".
El sector empresario quiere ver qué mostrará el Gobierno en el Congreso como “Programa económico plurianual para el desarrollo sustentable”. El compendio de variables que mostrarán “los mejores entendimientos que nuestro gobierno haya alcanzado con el staff del FMI”, como dijo Fernández el domingo, marcará qué sendero de crecimiento vislumbra Guzmán -sin la validación explícita del Fondo- y de qué manera esa mejora económica y en los ingresos reducirá, año a año, el déficit fiscal. Según supo Letra P, el escenario del Gobierno es mantener un nivel de gasto público constante en términos reales. Queda por ver la composición de las erogaciones: más subsidios energéticos -en un escenario sin actualización de tarifas al ritmo de la inflación- supondría menos dinero para programas sociales, salarios y obra pública. Sobre el dólar, el proyecto de Presupuesto 2022 marca una suba en torno al 30%, en línea con la inflación prevista. El tipo de cambio podría, otra vez, quedarse a mitad de camino.
El Fondo ya marcó posición sobre el gesto de Fernández de buscar apoyo político amplio para cerrar la negociación sin convalidar el ajuste que reclama el FMI para atacar la inflación superior al 50%. “Continuamos trabajando para lograr un entendimiento completo sobre un plan integral que pueda abordar de manera duradera los desafíos económicos y sociales más urgentes de Argentina, incluida la alta inflación, que perjudica de manera desproporcionada a los más vulnerables”, dijo un portavoz del organismo. “Es importante que este plan cuente con un amplio apoyo político y social. Nuestro objetivo sigue siendo ayudar a Argentina y su gente”, cerró.