12|11|2021

Belgrano II, la central térmica licitada hace diez años que sigue en veremos

22 de octubre de 2021

22 de octubre de 2021

Había sido adjudicada por CFK y frenada por Macri. Pese a tener preacordado un crédito chino, por ahora el Gobierno la mantiene en el limbo, pero con costos.

En medio de los anuncios oficiales que prometen la construcción de un nuevo gasoducto para sacar la producción de Vaca Muerta que aún no tiene la financiación asegurada y el debate abierto por el proyecto de promoción de inversiones hidrocarburíferas que el Ejecutivo envió al Congreso, existe otra obra energética que llama la atención y que deja mal parados a todos los gobiernos nacionales de la última década.

 

Con una capacidad de generación proyectada de 810 MW y un valor estimado en 1.300 millones de dólares, la central termoeléctrica Manuel Belgrano II (CTMB II) permanece en un limbo legal y no tiene una fecha cierta de concreción, pese a que todos los años recibe una partida presupuestaria mínima que la mantiene en pie.

 

La construcción de la usina localizada en Campana había sido licitada y adjudicada durante el segundo gobierno de Cristina Kirchner, después quedó congelada bajo la administración de Mauricio Macri y desde diciembre de 2019 se encuentra a la espera de una definición de fondo que debe tomar la administración de Alberto Fernández.

 

A diferencia de otras obras de infraestructura que no pueden avanzar por falta de recursos, la central Manuel Belgrano II -que fue adjudicada al consorcio integrado por la local Electroingeniería y el grupo asiáticotiene preacordado desde 2015 un crédito comercial del Eximbank y del Gobierno de China por 1.122 millones de dólares que cubre, con los impuestos incluidos, el 85% del total del proyecto.

 

Planificada en 2006 en medio de la crisis energética, la CTMB II ha acumulado una complicada y engorrosa historia con tres licitaciones, ofertas rechazadas, demoras administrativas, falta de recursos y diferencias internas entre los ministerios que tomaron intervención en el tema.

 

La primera contratación fallida se registró en 2007, cuando el gobierno kirchnerista licitó la construcción de cinco usinas “llave en mano” en Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, de las cuales llegó a adjudicar solo dos de ellas: Ensenada de Barragán y Brigadier López. En esa esa ocasión, la única oferta presentada para la CTMB II fue rechazada por “inadmisible”. En 2010, el gobierno licitó otra vez la obra, que quedó desierta porque las ofertas no se ajustaron al pliego.

 

La tercera licitación a cargo de la entonces Enarsa tuvo lugar en 2011 y se presentaron tres ofertas. Una del consorcio Duro Felguera-Petersen, Thiele y Cruz. Otra de Electroingeniería. Y la tercera de Iecsa-Isolux. Un año después, el Ejecutivo resolvió declarar “inadmisible” la oferta de Duro Felguera y abrir las otras dos propuestas. En el caso de Electroingenería, la cotización final fue de $ 4.589 millones más IVA. En tanto, la oferta de Iecsa-Isolux ascendió a $ 5.221 millones más IVA.

 

En agosto de 2014, el directorio de Enarsa le adjudica la usina a Electroingeniería bajo el esquema tradicional de “obra pública llave en mano”. A las pocas semanas y por pedido del entonces ministro de Economía, Axel Kicillof, la empresa cordobesa piloteada por Gerardo Ferreyra y Osvaldo Acosta presentó una propuesta de financiamiento de China por el 85% del proyecto que estaba condicionada a la cesión mayoritaria del contrato al grupo CNTIC.

 

El ingreso del la sociedad china al consorcio y el nuevo esquema de financiación –tasa Libor + 380 puntos básicos, cinco años de gracia y una década para el repago– fue aprobado en junio de 2015. Unas semanas después se suscribió el contrato de construcción de la central por el equivalente a 1.300 millones de dólares. Eso disparó el pago de un anticipo financiero de 103 millones de pesos que el consorcio utilizó para abonar el impuesto a los sellos y los primeros estudios de impacto ambiental. Simultáneamente, las autoridades de Economía iniciaron las negociaciones con el Eximbank chino para acordar la letra chica de la asistencia crediticia definitiva.

 

Tras el cambio de gobierno en diciembre de 2015, el nuevo titular de Enarsa, Hugo Balboa, resolvió poner el proyecto en el freezer, pese a que la empresa estatal ya había adquirido por 5 millones de dólares los terrenos en Campana destinados a la nueva usina. Durante los cuatro años siguientes, la obra quedó estancada y sin avances. Con la llegada del Frente de Todos, volvieron las promesas oficiales para destrabar las negociaciones con China y dar inicio a las obras.

 

La irrupción de la pandemia del Covid-19, la falta de acuerdo con el FMI y la indefinición que exhibe el funcionariado de Energía han impedido hasta ahora que la CTMB II salga del largo letargo que padece desde hace seis años.

 

Sinergia y presupuesto simbólico

Al momento de evaluar técnicamente la usina, quienes se especializan en el sector destacan que su construcción permitiría aprovechar una “sinergia de costos” del orden de los 100 millones de dólares. Ubicada al lado de la central Manuel Belgrano I, puede utilizar los mismos gasoductos, acueductos y vertederos. Además, el sistema de desmineralización del agua ya se encuentra montado y en funcionamiento.

 

A eso se agrega que las obras darían trabajo a unas 1.000 personas y que en 17 meses se puede habilitar la generación con el ciclo abierto mientras concluyen los trabajos para completar el ciclo combinado en un plazo de 32 meses.

 

En tanto, el principal punto en contra que tiene la central, hoy por hoy, proviene del área técnica de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa), que cuestiona su ubicación en Campana. Esgrimen que falta un estudio serio que justifique cuál es la mejor y más conveniente forma de sacar e insertar la energía generada en la red eléctrica nacional. Ese estudio lo debería realizar IEASA, la continuadora de Enarsa, que por ahora no lo tiene en carpeta.

 

Salvo que el Gobierno cambie la planificación que tiene prevista, en el próximo año la CTMB II seguirá empantanada. En el Presupuesto 2022, el proyecto tiene asignada una partida simbólica de 900.000 dólares que solo alcanzarán para los gastos en asesoría legal y algunos informes de consultorías.