11|11|2021

El Gobierno se estira para enfriar la calle en el umbral de las urnas

21 de octubre de 2021

21 de octubre de 2021

Zabaleta se reunió con movimientos sociales opositores para desactivar las protestas que calientan a diario la TV. Refuerzo alimentario y oferta de programas.

Refuerzo de política alimentaria y la invitación a que se integren a programas de producción son las dos herramientas que puso el Gobierno sobre la mesa para destrabar la relación con las organizaciones sociales no alineadas que protestan cada semana frente al Ministerio de Desarrollo Social, que conduce Juan Zabaleta.

 

“Conmigo no va a hacer falta cortar calles para poder dialogar”, dijo Zabaleta apenas asumió como ministro, en agosto de este año. Las protestas no cesaron. Como en tiempos de Daniel Arroyo, las organizaciones ligadas a la izquierda mantuvieron protestas y cortes, en paralelo a la comunicación que mantienen con el Ministerio.

 

Los reclamos tienen como eje principal asistencia alimentaria, el manejo y la ampliación de planes sociales. “En el Ministerio siempre se los recibió”, apuntan cerca de Zabaleta. Eso abarca también a la era Arroyo. Los encargados de dialogar con las organizaciones son el secretario de Articulación de Política Social y virtual viceministro, Gustavo Aguilera; el secretario de Economía Social y líder del Movimiento Evita, Emilio Pérsico, o el director de Ayudas Urgentes, Pablo País, hombre de los intendentes.

 

De diálogo con todos los sectores del Gobierno, Zabaleta ordena y le pone el moño a las negociaciones, como la de este jueves, cuando se llegó a una tregua que durará al menos hasta el martes, cuando se celebrará una reunión interministerial con el objetivo de avanzar en la compatibilización de programas sociales y empleo genuino y en el abordaje integral de problemáticas de género.

 

Aunque encaminado, el diálogo choca con un problema de base: las organizaciones sociales más numerosas forman parte del Gobierno, están integradas al Ministerio y canalizan reclamos y planteos de manera interna. Las agrupaciones que acampan frente al viejo edificio de Obras Públicas están identificas con la izquierda o son críticas del Frente de Todos, y el posicionamiento político interfiere la comunicación. El “negocio”, entienden algunos actores de Desarrollo, está en la oposición misma. Además, la cesión ante los opositores generaría una mayor presión y demanda de las organizaciones consideradas propias. 

 

Con todo, el Ministerio reconoce la legitimidad de una parte de los reclamos, en particular en lo que tiene que ver con la distribución de alimentos. Al comienzo de la pandemia, la cartera que conducía entonces Arroyo enfrentó una denuncia por presuntas irregularidades en la compra de alimentos, que se había concretado según la sugerencia de precios hecha por la Sindicatura General de la Nación (Sigen), pero por encima de los Precios Máximos.

 

La denuncia se llevó puesto al secretario de Articulación de Políticas Sociales, Gonzalo Calvo, y forzó a Arroyo a modificar el sistema de compras. El exministro resolvió tomar como referencia el listado de Precios Máximos de la Secretaría de Comercio. Pero el nuevo mecanismo chocó en la práctica con varios problemas en las compras, tanto en la variedad como en la cantidad de productos que demanda el Ministerio, a su vez ligados a los eternos tiempos de pago de cualquier dependencia del Estado nacional a las empresas.

 

En febrero de este año, el fiscal federal Guillermo Marijuán pidió el sobreseimiento de Arroyo en la causa y sostuvo que las contrataciones se hicieron de acuerdo a los precios testigos fijados por la SIGEN. “No se encuentra demostrada la existencia de algún tipo de sobreprecio en las contrataciones celebradas, teniendo en cuenta que los valores de las adjudicaciones resultan similares a los precios testigos sugeridos por la SIGEN”, dijo Marijuán en su dictamen.

 

Con ese fallo sobre la mesa, tras su desembarco, Zabaleta decidió volver al sistema anterior, más ágil a la hora de salir a comprar, en particular en tiempos de pandemia. Pragmático, el nuevo ministro entendió que la discusión estaba saldada y que el nuevo mecanismo había generado más problemas que soluciones. En el tránsito, organizaciones alineadas y opositoras habían reclamado por la falta de alimentos. Las propias lo hicieron puertas adentro. Los movimientos no alineados salieron a protestar a las calles.

 

A eso se sumaron los reclamos por el reparto de planes sociales. El Gobierno ya activó la decisión de avanzar en la conversión del Potenciar Trabajo hacia los planes de empleo. El lunes 18, el presidente Alberto Fernández oficializó el decreto 711, que busca convertir los planes en empleo registrado en el sector privado, transformando las prestaciones o los trabajos precarizados en "incentivos para la contratación" bajo la forma de "empleo asalariado registrado en el sector privado".

 

La norma pone a Zabaleta y al ministro de Trabajo, Claudio Moroni, como encargados de negociar con los distintos sectores de la producción y el trabajo para comenzar la reconversión. Los sectores apuntados son aquellos que demandan mano de obra intensiva, como la construcción, el trabajo rural o la gastronomía. La decisión política de la Casa Rosada es “acompañar” un esquema de trabajo.

 

En esa línea fue la respuesta que se llevaron este miércoles los movimientos sociales que se sentaron con Zabaleta en Desarrollo. El ministro les propuso que se incorporen a los diferentes programas de producción, construcción de playones multideportes como Mejor Barrio y la urbanización de barrios populares.

 

En la reunión estuvieron, entre otros, Eduardo Belliboni (Polo Obrero), Silvia Saravia (Barrios de Pie), Oscar Kuperman (Movimiento Teresa Rodríguez CUBA), Cristina Mena (Movimiento 12 de Abril), Vanina Deluchi (MTR Votamos Luchar), Melina Kuschnir (Movimiento Argentina Rebelde), Mónica Sulle (MST Teresa Vive).