La diputada PRO Carolina Piparo se sentó por primera vez en el banquillo de los acusados mediático, tras el suceso que protagonizó junto a su esposo -atropellaron con el auto a dos motociclistas y huyeron- y los puntos oscuros de su relato al respecto. El hecho no sólo encendió las críticas de sus más fervientes opositores, también generó desdén en dirigentes de su partido, quienes con el correr de las horas le hicieron afrontar casi en soledad las graves denuncias en su contra. En voz baja, le achacan falta de cintura y construcción políticas, y temen que el nuevo caso Piparo les juegue en contra en año electoral, justo cuando su nombre se baraja para encabezar la lista de la Octava sección.
Con la bandera de la lucha contra la inseguridad y la experiencia personal de haber sido víctima de una salidera bancaria en 2010, se ganó -con el PRO en el poder- la bendición de algunas de las principales figuras políticas de este espacio. Primero, la de la por entonces gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, que la coronó y sentó a su lado en plena campaña electoral en 2017 y, después, del propio asesor presidencial Jaime Durán Barba, que la midió en cuanta encuesta y focus group pudo para conocer su alcance electoral.
Sus socios partidarios reconocen que desde aquel momento creció su valor electoral y su presencia en medios de comunicación (y viceversa), pero afirman que aquello no fue acompañado de construcción política y contacto con los hombres y mujeres del amplio espectro de Juntos por el Cambio. En los últimos cuatro años, la ubican más cerca de los halcones del macrismo, que enfrentan a la abanderada del dialoguismo que la encumbró, y de una agenda limitada a partir de su propia tragedia personal. Eso -dicen- no suma, le falta política.
Por eso, con el correr de las horas y el avance de una investigación en la que ya pidieron la detención de su esposo, Juan Ignacio Buzali, paga casi en soledad las denuncias mediáticas y los pedidos de renuncia a su banca como legisladora y funcionaria municipal de dirigentes del Frente de Todos, como el de la presidenta del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales y concejala platense, Victoria Tolosa Paz, y la exministra de Economía bonaerense Silvina Batakis, entre otros.
“Es una situación incómoda para todo el espacio”, repitieron a Letra P diversas fuentes del vidalismo consultadas. Creen que el contraste entre sus declaraciones y las pruebas sientan interrogantes en la población en un año marcado por las elecciones, aun más en uno en que Piparo pretende renovar su banca en la Cámara de Diputados. En este punto, todos prefieren la cautela y la baja exposición; algunos afirman que su apellido encabezando otra vez la lista por la Octava sección generaría ruido, otros van más allá y consideran que lo más sano para Juntos por el Cambio es que pida licencia a sus cargos hasta que la justicia se expida sobre el caso.
La recomendación, que todavía nadie se animó a expresar en público, sugiere blindar del posible fuego del peronismo a su principal figura, uno de los líderes del Grupo Dorrego, el intendente Julio Garro, quien también tiene a su secretario de Seguridad, Darío Ganduglia, en medio acusaciones de ser uno de los garantes para que no le hicieran el test de alcoholemia al marido de Piparo. “Lo mejor que puede hacer el intendente es despegarse”, alerta un importante dirigente del PRO. Y si bien en Juntos por el Cambio aún se deben analizar los alcances del daño político del Piparo gate, algunos dirigentes ya adelantan que en la próxima interna pretenden exponer las deficiencias del amateurismo de las y los outsiders de la política.
