Mauricio Macri intentó dar vuelta la economía argentina como una media, pasando de una basada en el consumo a una que creciera merced a un incremento robusto de la inversión. El proyecto o, apenas, la declaración liviana de una intención, tropezó con sus propias políticas, más propicias para el ingreso de capitales dedicados a la timba financiera que a la producción, por lo que terminó ahogado en un mar de deuda e inestabilidad cambiaria. La referencia no apunta a volver a contarle las costillas a una gestión evidentemente fallida sino a señalar, en un contexto especialmente adverso, la distancia que media entre una necesidad imperiosa y las posibilidades concretas: en Argentina, fiebres refundacionales aparte, sin consumo no hay crecimiento, pero cebarlo esta vez no resulta una tarea sencilla.
Dicha variable da cuenta de más de dos tercios del producto bruto interno (PBI) de la Argentina, dato que pone de manifiesto su condición crucial. Eso no significa que el país no necesite, de modo ya acuciante, un incremento de la inversión productiva, pero eso requeriría reformas de largo plazo que involucran materias sensibles como la estabilidad cambiaria y de precios, modificaciones del esquema tributario, mejoras de la productividad y la competitividad sistémicas e incentivos permanentes, además, de modo central, de un mercado interno pujante. Es la historia del huevo y la gallina: primero el consumo doméstico.
Un primer camino para mejorar el poder de compra de los salarios sería atrasar la cotización del dólar oficial, que rige el comercio exterior, lo que desalentaría las exportaciones de alimentos y abarataría los insumos y partes importados de los que depende en buena medida la industria nacional.
Un segundo sendero, el diseño de un corto plazo en el que los salarios le ganen a los precios, tanto en el sector privado como en el público.
Finalmente, mejorar el nivel de empleo, que, más allá de que los trabajadores ocupados logren mejorar sus ingresos, podría generar un aumento de la masa salarial de la economía y, por ende, de la capacidad de consumo.
Esas, con todo, son enunciaciones teóricas. En la realidad, para comenzar a repasarlas, el atraso cambiario inducido, tantas veces aplicado por gobiernos en años de elecciones, se hace difícil en un contexto de presiones sobre el dólar que encontraron en diciembre y en este mes apenas una tregua en medio de la batalla. Una brecha entre los tipos de cambio paralelos pero legales y el mayorista oficial del orden del 70% no es un buen punto de partida para atrasar más este último, no al menos si no se quiere evocar en lo inmediato espíritus más traviesos.
Asimismo, un atraso cambiario provocado resultaría incompatible con la necesidad de exportar más –y de hacer que los responsables de esas operaciones liquiden sus divisas– para reforzar la posición en reservas del Banco Central, demasiado limitada hoy en torno a tenencias brutas de menos de 40.000 millones de dólares y de libre disponibilidad del orden de los 5.000 millones. No mejorar rápidamente estos números sería un campanazo para un regreso veloz de la corrida contra el peso.
El segundo camino posible, uno en que los salarios le ganen a la inflación luce complejo cuando esta pasará, probablemente, del 36% del año pasado a un 45 a 50% en el nuevo, y eso si las turbulencias cambiarias no pasan a un estatus más severo.
Además, ¿cuáles serían los agentes para una mejora fuerte de los sueldos? Las empresas, se sabe, salen golpeadas de la pandemia y los diferentes niveles del Estado –nacional, provinciales y municipales– no cuentan con la espalda fiscal necesaria en un año en que el objetivo presupuestado, mirado muy de reojo por el mercado y por el Fondo Monetario Internacional (FMI), con el que se negocia y que pone también sus condiciones, implica un paso de un rojo de casi el 7% a uno del 4,5%.
En ese sentido, según pidió Cristina Kirchner y concedió Alberto Fernández, se tratará de alinear los salarios y las jubilaciones con los precios y las tarifas. La idea choca una vez más con las posibilidades fiscales, toda vez que el volumen de subsidios que acumuló el congelamiento tarifario en el primer año del actual gobierno pone ese ítem en fuerte tensión.
“Impulsar el consumo congelando tarifas y atrasando el tipo de cambio no es sostenible en el mediano plazo, pero ahora tampoco lo es en el corto”, señaló en un informe la Consultora Analytica.
Tampoco juega a favor de esa posibilidad el tenor del rebote de la actividad esperado, uno que oscila apenas en torno a la mitad de lo perdido en la depresión pandémica de 2020.
“Hasta ahora, los cierres de las paritarias no anticipan una mejora en 2021 (…) Los aumentos acordados promedian 33% frente a una inflación que, estimamos, tiene un piso del 45%” para el año, añadió Analytica.
El vaso medio lleno
En cambio, el tercer camino, el de una recuperación general del nivel de empleo y, por ende, de la masa salarial general de la economía, sí presenta un camino. Con un desempleo que, emergencia sanitaria mediante, ha saltado hasta un 11,7%, el rebote de la economía, aunque módico, promete una mejora.
“La pandemia destruyó muchos puestos de trabajo, especialmente informales, que podrían recuperarse este año, al menos parcialmente, si las restricciones operativas se relajan. Por ende, habría un impacto positivo en materia de consumo, pero más impulsado por la recuperación del empleo que por una mejora del salario real”, dijo en un informe reciente Ecolatina.
Como conclusión, siempre según esa firma, “la posibilidad de forzar desequilibrios será menor que en los años impares anteriores: la política también deberá moverse al ritmo de una economía que llega tan golpeada como debilitada y deberá, inevitablemente, contemplar sus limitaciones”.
“La bendición de los años impares parecería llegar más por el lado del viento de cola externo que por la política económica: corresponderá esperar para saber si los crecientes contagios de la segunda ola de COVID frenarán la recuperación”, agregó.
Dólar barato y tasas de interés bajas en el mundo y soja cara son la otra esperanza. El juego ya empezó.
