X

Gobernadores presionan para tratar la ley que refinancia compromisos millonarios con la ANSES. El combo del oficialismo para impulsar el impuesto a la riqueza.

Por 12/09/2020 2:18

Por pedido de las provincias, la ley que reprograma las deudas millonarias que los distritos tienen con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES se convirtió en la prenda de paz con la que la Cámara de Diputados volverá a funcionar la próxima semana y en el instrumento del Gobierno para encauzar las sesiones y colar el debate por el aporte extraordinario de las grandes fortunas.

Los tiempos urgen. El 20 de agosto, la Casa Rosada anunció un acuerdo para la suspensión del cobro de las deudas que 21 jurisdicciones, a excepción de Santa Fe, San Luis y Córdoba, tienen con la caja previsional nacional. Son compromisos que nacen de la llamada ley de Reparación Histórica, que se sancionó en 2016, durante el gobierno de Mauricio Macri.

En la resolución 3/2020 de la ANSES, publicada en el Boletín Oficial el mismo jueves 20, se establece que la prórroga será de 45 días corridos a partir del vencimiento del pago de capital. Según la provincia, las fechas oscilan entre el 24 y el 31 de agosto y los números son millonarios. La Ciudad de Buenos Aires debió haber pagado el 24 de agosto 2.007 millones de pesos. El mismo día vencían los pagos de Mendoza (1.268 millones), Salta (1.165 millones), San Juan (1.026 millones), Santiago del Estero (1.256 millones) y Corrientes (1.129 millones), entre otras. El 31 de agosto debían pagar, por ejemplo, Buenos Aires (6.685 millones), Jujuy (864 millones) y Misiones (1.004 millones). En total, en agosto, la Nación pateó el cobro de deudas por un total de 25.000 millones de pesos. 

 

 

Al mismo tiempo que la ANSES publicó la resolución que confirmó la prórroga, el Gobierno envió al Congreso un proyecto de ley que apunta a blindar los activos del FGS y faculta al organismo a renegociar las deudas con las provincias con un plazo máximo de ocho meses.

El tratamiento del proyecto entró en un paréntesis cuando el Congreso se convirtió en un campo de batalla, pero las dos gobernadoras y los 22 gobernadores no le sacaron el ojo de encima. El 25 de agosto, invitado por el presidente de la bancada, Mario Negri, los radicales Gerardo Morales (Jujuy), Gustavo Valdés (Corrientes) y Rodolfo Suárez (Mendoza), además de representantes de la Ciudad, mantuvieron un encuentro virtual con referentes del interbloque de Juntos por el Cambio que forman parte de la comisión de Presupuesto. En la reunión, pusieron de relieve la necesidad de que la Cámara baja acelerase el tratamiento de la ley. El mismo interés les cabe, obviamente, a gobernadores peronistas y aliados, que ven las cuentas fiscales en rojo en plena pandemia.

 

 

La necesidad de renegociar las deudas que las provincias tienen con la Nación es, sin embargo, anterior a la pandemia. El 29 de enero, junto con el proyecto de sostenibilidad de la deuda argentina, la Cámara de Diputados aprobó a mano alzada una resolución que proponía la creación de una mesa de trabajo para analizar la situación de las deudas que las provincias y la Ciudad mantienen con el sector público nacional. El proyecto fue presentado por Negri y motorizado por el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. En el corazón de las preocupaciones, estaban las deudas con la ANSES.

Por eso, el último martes, una semana después de la escandalosa sesión que terminó con denuncias en la Justicia, las autoridades de los bloques de la Cámara baja llegaron a un entendimiento sobre la prórroga de sesiones mixtas: acordaron continuar con el protocolo vigente por 30 días y habilitar al llamado a sesiones presenciales en temas de máxima sensibilidad.

Dos días más tarde, la Comisión de Presupuesto, que preside Carlos Heller (Frente de Todos), convocó para el martes 15 a tratar la ley de Defensa de los Activos del FGS. En el temario, agregó el proyecto de aporte solidario y extraordinario que se aplicará a las grandes fortunas para morigerar los efectos de la pandemia.  

 

 

Todo fue previamente acordado con la oposición, que el martes avisó que no pediría sesión presencial para tratar el llamado "impuesto a la riqueza", ya que referentes de Juntos por el Cambio evalúan incluso apoyar la ley en el recinto.

Hasta el momento, la intención del oficialismo es tratar el martes los proyectos en comisión, sacar dictamen y enviarlos para su tratamiento al recinto la semana siguiente. Sin embargo, resta saber si la guerra por la coparticipación que se desató entre la Nación y la Ciudad tendrá algún impacto en la frágil convivencia de las fuerzas representadas en el Congreso, que todavía tienen en agenda la reforma judicial.