La modernización del sistema de transporte en la provincia de Buenos Aires es el objetivo manifiesto central de Alejo Supply para su etapa como subsecretario del área, el funcionario designado por el gobernador Axel Kicillof. Sin embargo, el primer año de la gestión bonaerense del Frente de Todos se cumplirá con el sostenimiento de un negocio creado en la década del 90, alimentado por la reciente administración de María Eugenia Vidal y que tiene a los mismos jugadores como grandes beneficiaros. Se trata de la Verificación Técnica Vehicular (VTV).
Pese a que el gobierno actual dijo que “se encuentra en proceso de desarrollo e investigación un nuevo sistema de VTV”, siguen otorgándose prórrogas a las concesiones que datan del Decreto Nº 4103 de 1995, firmado por el entonces mandatario bonaerense y actual profeta de golpes de Estado Eduardo Duhalde, quien estableció un tejido de once zonas de concesiones para este control periódico y obligatorio del estado mecánico automotor, bajo el sistema de concesión privada con pago de canon a la Provincia.
Las concesiones se otorgaron por dos décadas. Cumplido ese plazo, comenzaron a renovarse año tras año a las mismas empresas, que recaudan decenas de millones de pesos en cada planta de verificación a pesar de brindar opciones acotadas a los usuarios que, fundamentalmente en la antesala de cada temporada, soportan largas filas para realizar este trámite.
Filas interminables. Una postal que se repite todos los años en la única planta de VTV de la capital bonaerense (Foto: AG La Plata).
En la primera mitad del año, mediante un decreto de Kicillof, se estiraron las concesiones hasta el 30 de julio. Según pudo saber este medio, una prórroga de similares características, por 180 días, se impulsó desde la subsecretaría de Transporte, a cargo de Supply, lo que extendería el statu quo al menos hasta el último día de 2020. Sucede que el decreto duhaldista establece que, vencido el plazo de prórroga estipulado y no existiendo un nuevo operador, se podrá extender la prórroga de común acuerdo con el concesionario. Todo, en un contexto pandémico donde sucesivamente se vienen prorrogando los vencimientos de verificaciones técnicas –ahora, hasta el 30 de septiembre.
En el gobierno plantean que estas prórrogas a las actuales concesiones son “con carácter excepcional, en miras a asegurar la continuidad del servicio y hasta tanto se implemente un nuevo régimen”. Pero lo cierto es que aún no se dio a conocer dicho nuevo régimen por parte de Supply y su equipo –dentro de los que se encuentra como jefe de Gabinete Rodrigo Lynch, exfuncionario de Guillermo Dietrich en Transporte durante el macrismo.
GANADORES. ¿Quiénes siguen dominando el negocio? Fundamentalmente, el grupo suizo SGS, que orbita bajo diversas sociedades en buena parte de las once zonas de concesión. Pero otra multinacional también entró en este negocio durante el vidalismo: Opus Inspection, una empresa de capitales suecos que es un jugador fuerte a escala global en el rubro de verificación vehicular.
Para graficar el tenor del negocio, solo en la zona I, que abarca los distritos de Vicente López, San Isidro, San Fernando, Tigre, San Martín, Campana y Zárate, la VTV Norte -controlada por Opus- inspeccionó alrededor de 350 mil vehículos el último año. Actualmente, la verificación de un automóvil estándar (de hasta 2.500 kg.) tiene una tarifa superior a los $ 1.100.
En 2018, el Grupo Opus había adquirido el 100% de las acciones de dos empresas de VTV (Norte y Metro) que poseía la española Macovit Sociedad de Inversiones SL por un precio total de compra de casi 11 millones de euros. Lo curioso de ese caso es que, el arribo de Opus como jugador bonaerense, se dio en simultáneo con un incremento de casi el 43% avalado por la gestión Cambiemos.
Pero, más allá de las ganancias, el déficit se registra en la cantidad de plantas habilitadas para realizar la verificación. Casos paradigmáticos como La Plata evidencian la precariedad de un escenario que se repite con recurrencia: dificultades para obtener un turno para la verificación y un consecuente cuello de botella ilustrado en largas filas de vehículos, a la espera del control vehicular en la única planta para este trámite que posee la capital de la provincia de Buenos Aires, luego de que en 2014 cerrase la única opción que había en otro punto de la ciudad de las diagonales.
Voces del sector abordadas por este medio dan cuenta de una alternativa a mano del actual gobierno para agilizar y descentralizar el sistema de VTV: las plantas de Revisión Técnica Obligatoria (RTO), bajo la órbita de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), las cuales se encargan de verificar los vehículos de carga y de pasajeros que realicen transporte interjurisdiccional.
Especialistas en la materia advierten a primera vista que, de habilitarse estos talleres para las VTV, no solo se duplicaría la oferta y se descongestionaría el sistema, sino que redundaría en una mayor generación de puestos de trabajo en aquellas instalaciones, lo cual es visto con buenos ojos desde el gremio del sector, Smata (mecánicos).
Cerca de los pasillos nacionales deslizan que habría buena predisposición a coordinar acciones con la Provincia, pero que no hubo propuesta alguna en esa línea desde la Subsecretaría comandada por Supply. Aunque en esferas superiores detectan esas falencias del sistema bonaerense de VTV, por lo pronto se opta por no materializarlas en planteos concretos hacia la Provincia, a los fines de no generar fricciones con el ala bonaerense del Frente de Todos. Mientras tanto, el gobierno de Kicillof sigue estirando un viejo negocio para pocos.
