La decisión del Ministerio de Educación de vetar el plan de Horacio Rodríguez Larreta para la vuelta a clases de unos 6.000 estudiantes porteños fue, antes que una decisión sanitaria, un gesto político que apunta a reencauzar la averiada relación entre la conducción de la cartera educativa y los gremios docentes.
Si bien es innegable que el plan "Conectate en la Escuela" se presentó en momentos en los que los casos de coronavirus marcan nuevos records en el área metropolitana, la decisión de Nicolás Trotta de "no prestar conformidad" fue una ofrenda de paz a la Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA) tras el portazo de Adriana Puiggrós.
La renuncia de la viceministra de Educación, el viernes pasado, fue un golpe directo a la poderosa central docente, que no solo tiene una relación orgánica con la exdiputada nacional, sino que, además, fue la que acercó su nombre para ocupar la dirección del ministerio. Definido Trotta como ministro, la pedagoga quedó en el segundo puesto en la cartera, lo que no evitó una relación tensa por los contrastes en los enfoques pedagógicos y sus orígenes políticos.
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Mientras la exfuncionaria, considerada una de las principales especialistas en Educación del país, dirigió el Instituto de Formación Docente "Marina Vilte" de la CTERA, Trotta se hizo fuerte en la Universidad Metropolitana de la Educación y el Trabajo (UMET), la casa de estudios pergeñada por Víctor Santa María que se impuso, gracias a sus abultados recursos, como un polo de atracción académico y político en la ciudad de Buenos Aires. No obstante, no son pocos los gremios que, por lo bajo, consideran a esa universidad una "entidad privada".
La excepción es la relación con la Unión de Trabajadores de Educación (UTE), el sindicato docente de la Capital Federal que se valió del reconocimiento del Ministerio de Educación porteño a la UMET como ámbito de formación profesional donde los docentes acumulan puntuación para futuros concursos por cargos de mayor jerarquía.
Hasta entonces, Trotta surfeaba la relación con los gremios con una cocarda no menor: la firma de la paritaria nacional docente, eliminada de la mesa negociaciones por el macrismo.
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Si públicamente se conoció que el principal foco de conflicto entre Trotta y Puiggrós fueron las políticas educativas -o la falta de ellas- para afrontar el escenario de pandemia, lo cierto es que ya en marzo, antes de la crisis sanitaria, el ministro y la vice habían tenido el primer encontronazo público. En ese momento, Puiggrós cargó públicamente contra las pruebas estandarizadas, en particular contra el informe PISA, el método de Evaluación Internacional de Alumnos promocionado por la OCDE. Sus críticas son compartidas por las organizaciones sindicales y también por la Internacional de la Educación, donde se agrupan los principales gremios docentes del mundo.
Las declaraciones de Puiggrós le valieron una fuerte reprimenda por parte del ministro, que la desmintió y expuso la fractura que se terminó de concretar recién dos meses después con la conformación del Consejo Nacional de Calidad Educativa.
Creado en 2006, vía la Ley Nacional de Educación, ese organismo consultivo apunta a asesorar a los funcionarios sobre la evaluación y mejora de la calidad de la educación y la equidad en la asignación de recursos. Además de que es la segunda vez que se convoca desde su creación, el dato que agitó las internas palaciegas fue la inclusión de exponentes de las corrientes más liberales de la pedagogía.
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Entre los convocados están el exministro de Educación porteño Mariano Nadorowsky, procesado por contratar en esa cartera al espía Ciro James; el presidente de la Academia Nacional de Educación y furioso crítico de la política educativa del kirchnerismo, Guillermo Jaim Etcheverry, ambos adalides de las pruebas estandarizadas que cuestionaba la ahora exfuncionaria, al igual Axel Rivas, el director del área de Educación del Cippec, que fue designado como presidente del Consejo.
Más allá de las internas, el plan de Larreta para la reapertura parcial de las escuelas, defendido por el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, como "muy seguro", deja varias incógnitas abiertas. Una de indudable tinte político es por qué el Ejecutivo porteño busca implementar esta metodología en un momento particularmente crítico de la pandemia y cuando está implementando masivamente la plataforma Mi Escuela, que sería el paliativo para esa situación.
El frágil equilibrio de poderes al que está sometido Trotta parece haber blindado de efectividad a la estrategia de diferenciación desplegada por el Gobierno porteño.