24|7|2022

La oposición se abroquela para repudiar el decreto, pero descarta un banderazo

22 de agosto de 2020

22 de agosto de 2020

En Juntos por el Cambio admiten que rechazar el congelamiento de tarifas no despierta pasión. Hablan de “cristinización” del Presidente.

No pronostican desfile por las principales ciudades de la Argentina ni una campaña para llevar el repudio a las calles, pero la coalición Juntos por el Cambio (JxC) dará la batalla contra el gobierno de Alberto Fernández por lo que considera una medida "demagógica". El decreto que declara como "servicios públicos" a la telefonía celular y fija, internet y la televisión paga, decisión que congela las tarifas de esas prestaciones hasta el 31 de diciembre, vuelve a unir a la oposición para manifestar rechazo y librar una guerra abierta con el Frente de Todos (FdT). Sin embargo, según admiten en la coalición opositora, será un enfrentamiento sin banderazo porque la medida que enfurece al Grupo Clarín, al menos en el prólogo del debate, no genera mayores adhesiones en el electorado.

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En Juntos por el Cambio admiten que un rechazo al congelamiento de tarifas de celulares e internet no despierta pasión en el electorado. Mucho menos ante el escenario de crisis económica. Bajo ese análisis, descreen que el repudio político se pueda trasladar a una manifestación popular, como la que se hizo para "defender" a la agroexportadora Vicentin y la que se hizo el lunes 17 de agosto para rechazar la reforma judicial y la gestión de la pandemia por coronavirus del gobierno de los Fernández.

 

 

De todas formas, el sector ultra, que salió públicamente y ya se pinta la cara, no deja caer las esperanzas: grupos opositores evalúan marchar al Congreso el jueves 27, fecha prevista para el debate de la reforma judicial en el Senado, que preside Cristina Fernández de Kirchner. Al igual que en el caso Vicentin, JxC se adelantó en diagnosticar que el decreto firmado por Fernández tiene la huella de la vicepresidenta. En ese marco, enfatizaron con la proclama del "vamos por todo", identificado con el kirchnerismo del 2011, cuando la entonces presidente obtuvo la reelección y la mayoría automática en el Congreso. Un combo discursivo que sirve al relato de los sectores más radicalizados de la oposición.

 

En la primera línea de los opositores que marcaron la cancha está Patricia Bullrich, abonada a cualquier disputa con el gobierno de los Fernández que colabore con el escenario de polarización que un sector del PRO busca repetir a imagen y semejanza de las elecciones de 2019. En la Unión Cívica Radical (UCR) la lectura es similar: señalan que la "intromisión" del Estado en el mercado de telecomunicaciones morigerará las inversiones del sector y que "detrás de la medida se esconde la intención de controlar esas empresas".

 

"Hay sectores del gobierno que tienen la agenda del 2014. Por reivindicaciones personales o enfrentamientos con la justicia y los medios nos llevan a discutir estos temas que rechazamos de raíz y que son una falta de respeto a los problemas reales que estamos pasando", sostuvo una fuente del ala opositora que lideran Emilio Monzó y Rogelio Frigerio. "Para salir de esta crisis por la pandemia y buscar acuerdos para los temas estructurales, el Gobierno  nos van a encontrar para trabajar en conjunto. Pero no en la agenda de la grieta", agregaron.

 

 

 

La jefa PRO lo dijo sin tapujos: "el gobierno nacional encontró una ventana por la cual meterse con el grupo Clarín, quien tiene una posición mayoritaria en el servicio de TV por cable e Internet, y que además ahora opera con celulares a través de la fusión con Personal". Con astucia, Bullrich rebobina una leyenda para machacar en el electorado y llevar agua para su molino de grieta con el peronismo: Gobierno vs Clarín.

 

Sin embargo, en ninguna de las tribus opositoras vaticinan un acompañamiento popular, como sucedió con las marchas por Vicentin y la reforma judicial, que es el tema clave para el grueso de la oposición.

 

El único opositor que, al menos hasta ahora, se manifestó en favor del decreto fue el senador radical por Mendoza Julio Cobos. "Desde hace años venimos insistiendo con esto. Es razonable que si la telefonía fija es un servicio público, también lo sea la telefonía celular por el impacto social que tiene", afirmó y agregó que "la tecnología distinta no es argumento suficiente para esa diferencia, el fin es el mismo".

 

 

 

Pese al mensaje de Cobos, el rol del Estado en la economía y su poder regulador vuelve a ser el punto de unión para los distintos campamentos que integran Juntos por el Cambio. Como con Vicentin, aunque en otra escala, la coalición opositora se planta ante el Gobierno por el decreto que regula las telecomunicaciones.