Con el impacto todavía fresco de la movilización del #17A, el sector más duro de Juntos por el Cambio (JxC) buscará capitalizar esa demostración de fuerza como un mensaje directo contra el proyecto de reforma judicial, que esta semana continuará con una maratónica agenda de expositores en el Senado. Para el oficialismo, el texto con cambios podría ser tratado a fin de mes, mientras que en la oposición se preparan para desautorizarlo, aunque dentro de la coalición no hay una posición unánime sobre el proyecto que envió el Ejecutivo.
Uno de los puntos de acuerdo del expresidente Mauricio Macri y la titular del PRO, Patricia Bullrich, con el ala dialoguista del partido amarillo pasa por mantener una cerrada oposición al proyecto. Desde este lunes, la exministra de Seguridad podrá arrogarse una representación más estrecha del núcleo duro de sus votantes y proyectar esa acumulación simbólica hacia el interior de la alianza opositora. Será con pocas sombras, porque cada vez que una movilización pone a prueba la fortaleza del gobierno de Alberto Fernández, las diferencias internas entre duros y blandos se diluyen detrás de la oportunidad, con el objetivo de capitalizar las debilidades del adversario.
El rechazo a la reforma judicial no es unánime en la sociedad que comparten macristas, radicales y lilitos, pero el fruto de las movilizaciones organizadas contra el Gobierno los obliga a cerrar filas y, al menos, postergar la discusión lejos de la cuarentena y de la etapa de sesiones remotas en el Congreso. En esa contraofensiva también acuerda la fundadora de la Coalición Cívica, Elisa Carrió. que apoyó la movilización siempre y cuando fuera "en defensa de la Constitución".
En el oficialismo hay una negociación en marcha de la que JxC no quiere participar. Tal como adelantó Letra P, la Casa Rosada abrió la ronda de consultas para recibir contrapropuestas de distintos gobernadores peronistas respecto a la creación de juzgados federales en sus provincias, entre otros puntos que también confirman que el texto cosechó resistencias dentro de la coalición oficialista.
Dentro del Frente de Todos (FdT) insisten: las puertas para negociar están abiertas. El mensaje también está dirigido al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, que no forma parte del grupo de detractores cerriles de la reforma. El texto promueve la transferencia a la Ciudad de una serie de competencias penales que quedaron truncas hace un lustro, además de la fusión de fueros, y sostiene que debe ser acompañado por los recursos correspondientes. Es un guiño que fue bien visto en Parque Patricios y también dentro del bloque de diputados del PRO que conduce Cristian Ritondo, aunque su par, el jefe de la bancada radical, Mario Negri, es uno de los principales impulsores de una rotunda negativa al texto.
Con Bullrich al frente de una nueva apuesta para sacar a sus votantes más duros a la calle, los matices internos de su partido sobre la reforma quedan atados a los próximos movimientos del Gobierno en la mesa de negociaciones que abrió para incluir cambios en el texto. En el Senado aguardan que sea tratado el 26 de agosto, con un posible dictamen de minoría de la alianza encabezada por el PRO para diferenciarse y abrir el camino para la batalla que vendrá en septiembre, cuando ingrese a Diputados, donde el oficialismo no cuenta con los números necesarios para sancionarlo, pero ya desplegó su esquema de alianzas provisorias para obtenerlo.
¿Se abrirá una instancia de diálogo en la Cámara baja? El sentido de la oportunidad galvanizó por ahora la posición del mayor conglomerado opositor. Mientras Bullrich y Macri celebran la convocatoria y buscan dejar en off side a quienes se opusieron a realizarla, todos los jefes de JxC aprovecharon el envión y le mandaron una carta al Presidente para que "reflexione" y retire el proyecto, como parte del segundo intento en una semana para que el Ejecutivo retroceda. Entre los aliados esquivos, la diputada Graciela Camaño, del lavagnismo, ya anticipó que la iniciativa es inoportuna y que requiere un gran acuerdo político que por ahora no existe. Es el plato principal de un debate que en Diputados tiene una entrada espinosa: la renovación del protocolo para sesiones mixtas que ya lleva diez días de vencimiento y no aparecen posibilidades de renovarlo para abordar temas sin acuerdo previo, como la llegada al cuerpo de la reforma judicial.
En la medida que el debate se encapsule dentro del Congreso, los márgenes de presión del sector más duro de la oposición quedarán ajustados a la capacidad de volver a sacar a la calle a sus adherentes más antiperonistas. El poder de fuego de esa acumulación es variable y, por ahora, tiene una llegada acotada a los dos recintos, salvo por la certeza de los senadores macristas y radicales de transformar el debate en un combate definitivo, donde pondrán a prueba el vínculo con su sector más ortodoxo.
